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El Gobierno cubano anunció que la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales propuestas requerirá una de las mayores reformas normativas de las últimas décadas, con la modificación de más de 148 disposiciones jurídicas, la derogación de normas vigentes y la aprobación de 32 nuevas normas de rango superior, incluidas leyes, decretos-leyes y decretos.
La magnitud de los cambios fue presentada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), donde explicó que el proceso de implementación demandará una profunda adecuación del ordenamiento jurídico para hacer viables las transformaciones económicas, financieras, laborales, empresariales y administrativas contempladas en el programa gubernamental.
Como parte de las medidas, el Gobierno propone reformar el Sistema Estadístico Nacional para adecuarlo a las nuevas condiciones económicas del país.
Entre las acciones previstas figura el diseño de un sistema estadístico adaptado a las transformaciones económicas y sociales, la culminación del cambio del año base de las Cuentas Nacionales y la recuperación de indicadores que habían dejado de elaborarse, como los índices de precios al productor y de comercio exterior, manteniendo además el índice de precios al consumidor.
Paralelamente, el Ejecutivo plantea una revisión integral de los mecanismos de control e inspección mediante la creación de un grupo de trabajo dirigido por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Este órgano estará integrado por representantes de la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General, el Tribunal Supremo Popular, el Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, entre otras instituciones. Su misión será analizar el sistema vigente de control estatal y formular nuevas propuestas de transformación.
Según el documento presentado ante el Parlamento, una evaluación preliminar determinó que la aplicación de las reformas impactará directamente en más de 148 normas del ordenamiento jurídico cubano.
De ellas, 15 deberán ser derogadas completamente, 22 requerirán modificaciones totales y 79 sufrirán cambios parciales.
Además, será necesario actualizar más de 50 disposiciones complementarias de menor rango, principalmente resoluciones administrativas.
El proceso legislativo también contempla la elaboración de 32 nuevas normas de rango superior. Entre ellas figuran 10 leyes, 14 decretos-leyes y ocho decretos, que servirán de base jurídica para la implementación de las transformaciones aprobadas.
Marrero Cruz explicó que las transformaciones económicas y sociales guardan correspondencia con el Programa de Gobierno para 2026.
Según precisó, el 76 % de las medidas coincide plenamente con dicho programa, mientras que el resto amplía sus alcances mediante reformas relacionadas con la apertura al capital privado y extranjero, la modernización bancaria, las transformaciones cambiarias y tributarias, la descentralización territorial y el redimensionamiento de la administración estatal.
El Primer Ministro reconoció que la implementación de las reformas enfrentará desafíos significativos, entre ellos la definición de un cronograma adecuado, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la protección social de los sectores vulnerables, la legitimación jurídica de los cambios y la participación ciudadana durante el proceso.
También advirtió sobre posibles contradicciones derivadas de la dolarización parcial de la economía, la eliminación de subsidios y la descentralización de competencias hacia los municipios.
De acuerdo con Marrero Cruz, la aplicación de las medidas será flexible y estará sujeta a revisiones constantes, correcciones y ajustes conforme avance el proceso.
El Gobierno prevé desarrollar mecanismos específicos para concretar cada transformación y definir sus alcances jurídicos e institucionales.
Al cierre del debate parlamentario, el jefe de Gobierno informó que las propuestas presentadas constituyen únicamente el marco general de las transformaciones y que la próxima etapa estará enfocada en diseñar los mecanismos concretos para su ejecución.
Asimismo, señaló que la conducción del proceso recaerá directamente en el Gobierno, mientras que la Asamblea Nacional asumirá el acompañamiento jurídico de las reformas y el Partido Comunista garantizará su aseguramiento político.
Preguntas Frecuentes sobre la Reforma Legal y Económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿En qué consiste la reforma legal que planea el régimen cubano?
La reforma legal en Cuba consiste en la modificación de más de 148 disposiciones jurídicas, la derogación de normas vigentes y la aprobación de 32 nuevas normas de rango superior, como leyes y decretos-leyes. El objetivo es implementar 176 transformaciones económicas y sociales que buscan actualizar el modelo económico del país.
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¿Qué cambios económicos se esperan con la implementación de estas medidas en Cuba?
Los cambios económicos incluyen la autorización de bancos privados, la creación de casas de cambio privadas, una mayor apertura al capital extranjero, la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, y la eliminación de límites para las mipymes. Estas medidas buscan enfrentar la crisis económica actual y permitir un funcionamiento más flexible del mercado en Cuba.
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¿Cómo impactarán estas reformas en el sistema de subsidios en Cuba?
Las reformas en el sistema de subsidios en Cuba implican la eliminación gradual de subsidios generalizados a productos y servicios, para sustituirlos por subsidios dirigidos a personas vulnerables. Se creará un Fondo de Protección Social para compensar a los sectores más vulnerables y se enfocará en ayudas monetarias y directas.
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¿Qué papel jugará el sector privado en la nueva estructura económica de Cuba?
El sector privado en Cuba verá una ampliación de sus facultades, con la eliminación de restricciones históricas como el límite de 100 trabajadores para las mipymes y la posibilidad de que una persona sea propietaria de varias empresas. Las medidas permitirán una participación más activa del sector privado en la economía, incluyendo la importación y comercialización de combustibles.
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¿Cuál es el objetivo declarado por el Gobierno cubano con estas reformas?
El Gobierno cubano ha declarado que el objetivo de estas reformas es "preservar el socialismo" mientras se adapta a las circunstancias actuales, mediante la ampliación de la participación de todos los actores económicos y la actualización del modelo económico. Se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un contexto de profunda crisis económica.
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