Despidos, aumentos salariales y teletrabajo: Los cambios laborales aprobados por el régimen cubano

El Gobierno cubano anunció una profunda reforma laboral que incluye aumentos salariales vinculados a la inflación, flexibilización del empleo, autorización del teletrabajo desde el exterior y la posibilidad de despidos por causas económicas, tecnológicas o estructurales con compensación económica para los trabajadores afectados.

Las medidas forman parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Dentro del denominado Eje 10: Transformaciones Laborales y Salariales, el Ejecutivo propone implementar una reforma integral de salarios en el sector presupuestado y fijar anualmente el salario mínimo, así como las prestaciones y pensiones de la Seguridad Social, tomando como referencia la evolución de la inflación.

Los incrementos salariales también quedarían sujetos a ese indicador.

La propuesta contempla cambios en el sistema de pensiones. Entre ellos figura la eliminación del límite de la escala utilizada para calcular la contribución a la Seguridad Social en el sector no estatal.

Además, las personas que trabajen simultáneamente en los sectores estatal y privado podrán afiliarse y aportar a ambos regímenes de seguridad social.

Otra modificación prevé reconocer hasta diez años dedicados al cuidado familiar dentro de los 30 años mínimos de servicio exigidos para acceder al régimen contributivo de pensiones.

Las autoridades también proponen eliminar la aprobación administrativa para el pluriempleo de técnicos, profesionales de la salud, investigadores, maestros, profesores y funcionarios, permitiéndoles desempeñar más de una actividad laboral sin necesidad de autorizaciones previas.

Con el objetivo de frenar la pérdida de fuerza laboral calificada, el Gobierno plantea crear incentivos para retener trabajadores especializados, especialmente jóvenes.

Asimismo, propone otorgar una ayuda mensual equivalente a un salario mínimo a personas entre 18 y 30 años que no estudien ni trabajen y que se incorporen a cursos de preparación.

Ese período de formación será reconocido como tiempo de servicio.

La reforma introduce además nuevas modalidades de organización del trabajo.

Los empleadores podrán acordar con los sindicatos jornadas laborales reducidas y los pagos correspondientes para determinadas actividades profesionales, incorporando estos acuerdos a los convenios colectivos de trabajo.

Entre las novedades figura también la autorización del teletrabajo desde el exterior cuando exista interés del empleador. Igualmente, se incorpora como causa justificada para suspender temporalmente el cumplimiento del servicio social la realización de estudios en el extranjero relacionados con el perfil profesional del trabajador, siempre que cuente con la conformidad de la entidad empleadora.

Las medidas incluyen además la posibilidad de que trabajadores de una misma entidad realicen actividades profesionales adicionales, mantenimientos constructivos u otras labores similares dentro del sector empresarial y presupuestado.

Uno de los cambios más significativos es la facultad otorgada a las entidades para determinar el cese del vínculo laboral por motivos económicos, tecnológicos o estructurales.

La decisión deberá ser evaluada por el órgano colegiado de dirección, acordada con la organización sindical y analizada en la asamblea de afiliados y trabajadores.

Quienes sean desvinculados bajo estas causas recibirán una compensación económica equivalente a entre tres y seis veces el salario básico del cargo que ocupaban, pagadera por una sola vez.

La propuesta también establece una protección equivalente a un mes de remuneración para los trabajadores contratados por trabajadores por cuenta propia cuando la actividad sea suspendida temporalmente o cancelada.

Paralelamente, dentro de las transformaciones previstas para el sistema empresarial estatal, el Gobierno plantea eliminar la escala salarial vigente en las empresas estatales y sustituirla por un esquema en el que se garantice un salario mínimo ajustado a la inflación.

Los salarios serían negociados con los trabajadores y los sindicatos, dependiendo de la capacidad económico-financiera de cada empresa.

Según explicó Marrero Cruz, estas transformaciones forman parte de una estrategia más amplia para reestructurar la economía cubana, modernizar el mercado laboral y adecuar el sistema de protección social a las nuevas condiciones económicas del país.