Más empresas, menos límites: Las nuevas reglas para el sector privado en Cuba

El Gobierno cubano anunció una batería de reformas que supone uno de los mayores giros económicos de las últimas décadas al ampliar significativamente el margen de actuación del sector privado, un espacio que durante años estuvo sometido a estrictas limitaciones ideológicas, regulatorias y administrativas.

Las medidas, presentadas por el primer ministro Manuel Marrero ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, incluyen la autorización de empresas privadas con más de 100 trabajadores, la posibilidad de que una persona sea propietaria de varias empresas, la creación de sociedades anónimas, la participación accionaria en múltiples negocios y la apertura de actividades hasta ahora vetadas a los actores económicos no estatales.

Los anuncios constituyen un reconocimiento implícito del fracaso de la estrategia económica que durante décadas apostó por la supremacía de la empresa estatal socialista y mantuvo bajo sospecha cualquier forma de acumulación privada de capital.

Entre las decisiones más relevantes figura la aprobación de las mipymes y cooperativas no agropecuarias cuyos expedientes permanecían paralizados en la Plataforma de Actores Económicos.

La medida llega después de más de un año de estancamiento en las autorizaciones y tras numerosas denuncias de emprendedores sobre la discrecionalidad y opacidad de los procesos de aprobación.

Según datos oficiales, el número de mipymes autorizadas se había mantenido prácticamente congelado en torno a las 11,300 desde 2025, en un contexto en el que numerosos proyectos permanecían sin respuesta mientras la economía continuaba deteriorándose.

El paquete también contempla la reducción de trámites burocráticos para crear y operar negocios privados, una de las principales quejas del sector empresarial emergente.

Durante años, los emprendedores han denunciado la existencia de obstáculos administrativos que dificultaban desde la constitución de una empresa hasta la obtención de licencias, permisos e importaciones.

Uno de los cambios más significativos es la autorización de empresas privadas con más de 100 trabajadores. Hasta ahora, las mipymes cubanas tenían límites que impedían la expansión de negocios de mayor escala. A partir de esa cifra, pasarán a ser reconocidas oficialmente como empresas privadas, una figura que el discurso oficial evitó durante décadas por considerarla incompatible con los principios socialistas.

Asimismo, el Gobierno permitirá que una persona natural sea titular de más de una empresa privada y posea acciones en varias sociedades.

También se autorizarán nuevas formas societarias, incluidas las sociedades anónimas por acciones, una herramienta habitual en las economías de mercado pero históricamente ausente del marco empresarial cubano.

La reforma representa una ruptura con años de restricciones diseñadas precisamente para impedir la concentración de capital y limitar el crecimiento empresarial independiente del Estado.

Otra novedad relevante es la concesión de derechos de usufructo y superficie a empresas privadas y cooperativas para desarrollar inversiones productivas.

Hasta ahora, las dificultades para acceder legalmente a terrenos e inmuebles constituían una de las principales barreras para ampliar capacidades productivas.

El régimen también informó que permitirá a los actores económicos no estatales depositar divisas en efectivo en cuentas bancarias en la misma moneda, siempre que declaren el origen lícito de los fondos.

La medida supone una flexibilización significativa en un país donde las restricciones financieras y cambiarias han sido una constante durante años.

En paralelo, las autoridades reducirán la lista de actividades prohibidas para el sector privado y permitirán que las formas de gestión no estatal desarrollen nuevas actividades sin abandonar su objeto social principal.

Quizás uno de los cambios más simbólicos sea la apertura del sector agropecuario a empresas privadas. Durante décadas, la agricultura cubana ha estado marcada por controles estatales, restricciones a la propiedad y modelos productivos que han contribuido al colapso de la producción nacional de alimentos.

La decisión supone admitir, aunque sea parcialmente, que el esquema vigente no ha logrado garantizar el abastecimiento de la población.

El Gobierno también anunció la creación de mercados de insumos con participación estatal, privada y extranjera, así como una Plataforma Nacional para Encadenamientos Productivos que obligará a las empresas estatales a publicar sus necesidades de compras y subcontratación.

Estas medidas llegan en medio de una crisis económica que ha llevado al régimen a adoptar propuestas que hasta hace pocos años eran calificadas como concesiones inadmisibles al capitalismo.

Aunque las autoridades insisten en que las reformas buscan preservar el socialismo, la magnitud de los cambios evidencia hasta qué punto la realidad económica ha obligado al Gobierno a abandonar viejos dogmas y aceptar mecanismos de mercado que durante décadas combatió.

Para numerosos analistas, el problema no radica únicamente en la lentitud con que llegan estas reformas, sino en el hecho de que muchas de ellas responden a obstáculos creados por el propio Estado.

La autorización de empresas privadas más grandes, la ampliación de las formas societarias o la apertura del sector agropecuario son medidas que pudieron haberse adoptado años atrás, cuando la economía aún conservaba mayores márgenes de maniobra.

Ahora, con una caída acumulada del PIB cercana al 26 % desde 2020, una inflación persistente, una fuerte emigración y un deterioro generalizado de las condiciones de vida, el régimen se ve obligado a flexibilizar un modelo económico cuyos límites han quedado cada vez más expuestos por la crisis.