Periodista venezolano tras tragedia por terremotos: «Estamos pagando la factura» del chavismo

El periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz publicó una serie de reflexiones en las que responsabiliza directamente al chavismo por el colapso del tejido humanitario que ahora dificulta la respuesta a los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, los más potentes registrados en la historia del país.

«Estamos pagando la factura de que Jorge Rodríguez, la AN y el chavismo en general hayan perseguido a las organizaciones humanitarias con el 'Informe Citgo' de 2024, que significó la eliminación de varias ONG y el exilio de muchos de sus directivos y trabajadores», escribió Díaz en Facebook.

Díaz enumera con precisión las decisiones del régimen que dejaron al país sin capacidad de respuesta humanitaria.

El llamado «Informe Citgo», presentado por la Asamblea Nacional chavista al fiscal Tarek William Saab en octubre de 2024, acusó a diversas ONG de recibir fondos de fundaciones vinculadas a la trama de Citgo, lo que derivó en el cierre de organizaciones y el exilio de técnicos especializados que hoy hacen falta sobre el terreno.

A ello se suma la Ley de Fiscalización de las ONG aprobada en 2024, que según Díaz «mantiene en el limbo a decenas de miles de organizaciones sociales a las que se les impide tener un registro solvente porque básicamente se les ha bloqueado con burocracia y discriminación política».

El periodista también denuncia que el chavismo «encarceló a trabajadores humanitarios extranjeros y los hayan torturado en la cárcel del Rodeo I para extorsionar a otros países como Italia y Colombia», un patrón documentado en el caso del trabajador colombiano Manuel Tique, del Consejo Danés para los Refugiados, detenido en septiembre de 2025 y recluido en ese mismo penal.

Otro golpe al sistema humanitario fue la intervención judicial de la Cruz Roja Venezolana ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia en agosto de 2023, que destituyó a su presidente legítimo e impuso una junta afín al régimen, medida rechazada por 242 organizaciones y que dañó gravemente la reputación internacional de la institución.

Díaz advierte además que algunas oficinas de la ONU «tuvieron que contratar a antiguos funcionarios públicos del PSUV con el fin de 'tener interlocución con las autoridades'», lo que comprometió su independencia y convirtió esos espacios en extensiones de la burocracia chavista.

El control de cambios y las órdenes al sistema bancario y al Seniat para fiscalizar agresivamente a las ONG completan el cuadro de obstáculos que enfrenta la ayuda internacional, mientras más de 1,600 rescatistas de 16 países intentan operar en un entorno hostil y Estados Unidos autorizó 150 millones de dólares en asistencia.

El reportero señaló que los terremotos ocurrieron donde ya había una crisis humanitaria compleja, y que hay millones de personas ayudando y la comunidad internacional tratando de actuar sin que les roben los insumos.

«Al mismo tiempo, los aliados de los hermanos Rodríguez tratando de usar toda esta tragedia para fortalecer su autoritarismo y quedarse en el poder infinitamente», precisó.

Para Díaz, la intención del régimen es transparente: «En la narrativa de la dictadura (y de sus aliados) se apela tanto a la neutralidad y la no-politización, porque quieren aplastar cualquier intento de democratizar el país y avasallar a la disidencia usando como excusa la tragedia humanitaria».

«Por eso el chavismo mantiene la censura y sigue dificultando las operaciones de quienes quieren ayudar. Todo lo que no les beneficie en su control del poder, no lo permiten», recalcó.

El balance oficial de la tragedia hasta ahora asciende a 920 muertos y 3,360 heridos, según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, mientras que la ONU estima que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas y que 6,76 millones han sido afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó una probabilidad del 42 % de que el número final de fallecidos se sitúe entre 10,000 y 100,000 víctimas mortales, una cifra que refleja la magnitud de la catástrofe y la fragilidad de las estructuras venezolanas.

Antes de los sismos, la ONU ya prestaba asistencia a unos ocho millones de venezolanos y 7,9 millones habían abandonado el país desde 2015, lo que convierte esta catástrofe en una emergencia que se superpone a otra emergencia que el chavismo nunca resolvió.