Desmantelan valla de gallos y acusan a siete personas por «juego prohibido» en Santa Clara

Siete personas fueron detenidas y procesadas judicialmente tras el desmantelamiento de una valla clandestina de peleas de gallos que funcionaba en las inmediaciones del campismo Arcoiris, en Santa Clara, según difundió el perfil de Facebook «Fuerza Pueblo», vinculado a los órganos de seguridad del régimen.

De acuerdo con la publicación, la valla operaba de forma encubierta los días miércoles y fue detectada por patrullas policiales que capturaron en el lugar a los siete ciudadanos identificados como promotores del evento.

Los detenidos enfrentan cargos por el delito de «Juego Prohibido», tipificado en el artículo 251 del Código Penal cubano con penas de uno a cuatro años de privación de libertad para organizadores y promotores.

El operativo en Santa Clara se produce apenas días después de un caso similar en Pinar del Río, donde la policía desarticuló una valla clandestina en el poblado de Herradura, municipio de Consolación del Sur, el 22 de junio.

Ambos operativos fueron difundidos por perfiles vinculados a la seguridad del Estado con tono moralizante, lo que desató una ola de críticas ciudadanas en redes sociales sobre la corrupción policial y la doble moral del régimen.

«Doble moral, esos pertenecen a la empresa estatal Flora y Fauna, que no es nada más que una empresa de enriquecimiento... Esos no podemos tocarlos», escribió un usuario en respuesta al operativo pinareño.

Otro internauta fue más directo sobre las motivaciones reales del operativo en Pinar del Río: «Eso lo hicieron porque el dueño de la valla no le pagó al jefe de los policías, no cumplió el contrato».

La contradicción que señalan los cubanos tiene base concreta: el propio régimen opera peleas de gallos de manera legal a través de ALCONA S.A., empresa adscrita al Grupo Empresarial Flora y Fauna y vinculada al histórico comandante Guillermo García Frías.

Desde una finca en las afueras de La Habana, ALCONA cría gallos finos, organiza eventos de lidia y exporta ejemplares al extranjero, mientras la policía persigue penalmente a quienes hacen lo mismo sin autorización estatal.

El Decreto-Ley 31/2021 de Bienestar Animal prohíbe inducir el enfrentamiento entre animales, pero incluye una excepción para las peleas autorizadas por la autoridad competente, lo que en la práctica crea un monopolio estatal sobre el negocio gallístico.

La organización animalista BAC-Habana denunció en noviembre de 2025 que las peleas de gallos en Cuba no son clandestinas sino amparadas por el régimen a través de ALCONA S.A.

Poco después de hacer pública esa denuncia, el banco cubano bloqueó la cuenta de la organización.

«¿Y por qué no tocan la del gallero mayor, el promotor de las peleas de gallos? Guillermo García», preguntó otro usuario en redes sociales, resumiendo el sentir generalizado ante operativos que persiguen a ciudadanos comunes mientras el Estado lucra con la misma actividad.

El perfil «Fuerza Pueblo» cerró su publicación con el anuncio de que «la policía seguirá vigilante para detectar las ilegalidades e indisciplinas sociales», una advertencia que los cubanos recibieron con escepticismo ante la evidente contradicción entre el discurso oficial y la realidad del negocio gallístico estatal.