La 'ley de Nietos' desata una guerra política en España

La llamada «ley de Nietos» —la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática— ha encendido una intensa batalla política en España, con acusaciones cruzadas sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando las nacionalizaciones masivas para alterar el censo electoral de cara a las próximas elecciones generales.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lanzó el lunes la acusación más directa hasta la fecha en una entrevista en EsRadio: «Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas». La ofensiva del PP, recogida por ABC y la agencia EFE, marca una escalada en la posición del principal partido de la oposición, que hasta ahora había mantenido un tono más cauteloso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue más lejos y advirtió directamente a los funcionarios consulares: «Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso». Ayuso también alertó de que Buenos Aires podría convertirse en la tercera circunscripción española por número de votos, dado que los cinco consulados argentinos acumulan 462.815 peticiones de nacionalidad.

El Gobierno respondió a través de su portavoz, Elma Saiz, calificando las declaraciones de Feijóo de «irresponsabilidad mayúscula» y defendiendo la norma como una medida basada «en los principios de reparación y justicia» hacia los españoles que salieron del país a causa de la dictadura franquista.

La eurodiputada del PP Alma Ezcurra, responsable del área de inmigración del partido, amplió las denuncias en redes sociales: «Cuando queremos saber si alguien está manipulando unas elecciones siempre nos fijamos en las papeletas, en las urnas o en el recuento. Pero hay una forma más silenciosa: decidir quién entra en el censo electoral». Ezcurra señaló además que el Gobierno habría contratado a la empresa Ineco —vinculada a la expareja del exministro Ábalos— para externalizar el proceso y alcanzar un millón de nacionalidades concedidas en 2027.

Vox mantiene desde hace meses la acusación más extrema, denunciando un posible «pucherazo». Su portavoz pidió el lunes suspender cautelarmente la instrucción del Ministerio de Justicia que concede la nacionalidad a descendientes de emigrantes del siglo XIX, argumentando que una orden administrativa no puede modificar una ley aprobada en las Cortes. El partido ya recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática de 2022.

La polémica tiene una dimensión especialmente relevante para Cuba. Según una investigación de ABC, el Gobierno español adjudicó contratos por 1,6 millones de euros al Grupo Palco, empresa subordinada al Consejo de Ministros cubano y vinculada al conglomerado militar GAESA, para contratar 107 trabajadores de apoyo al consulado español en La Habana. El líder de Vox, Santiago Abascal, resumió la situación el 22 de junio en redes sociales: «Pagando a la dictadura cubana para que le ayude a dar su pucherazo».

El problema se agrava porque Cuba no está adherida al Convenio de La Haya, lo que dificulta verificar de forma independiente la autenticidad de los documentos necesarios para acreditar la ascendencia española. El consulado de La Habana acumula más de 137.700 expedientes oficiales, con estimaciones que elevan la cifra hasta 350.000 trámites iniciados, y los solicitantes reciben respuestas del tipo: «Debido al volumen de expedientes este trámite se puede demorar varios meses».

A nivel global, cerca de 2,5 millones de personas han solicitado la nacionalidad por esta vía desde que la ley entró en vigor en octubre de 2022. El plazo para nuevas solicitudes cerró definitivamente el 22 de octubre de 2025, pero el flujo de resoluciones —unas 34.000 solo en el primer trimestre de 2026— mantiene vivo el debate. La tasa de denegación es de apenas el 1,3%, y la organización Iustitia Europa presentó el lunes una denuncia ante la Junta Electoral Central cuestionando los criterios de asignación de provincia de voto a los nuevos nacionalizados, alertando de que el censo de españoles en el exterior ya supera los 3,2 millones de inscritos.