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La llamada Ley de Nietos amenaza con transformar radicalmente el mapa electoral español: según un análisis publicado este lunes por El Mundo, el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) podría pasar de los actuales 2,7 millones de electores a rozar los cinco millones, lo que ha reabierto un debate de fondo sobre si tiene sentido que personas que nunca han pisado España puedan decidir quién gobierna el país.
Desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, el CERA ya creció un 20%, y las cifras se dispararán cuando los consulados terminen de procesar las 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad pendientes, con una tasa de denegación que no supera el 2%.
Si se mantiene la participación del 10% registrada en las elecciones generales de 2023, ese universo de casi cinco millones de electores se traduciría en cerca de medio millón de votos desde el exterior, con capacidad de inclinar el resultado en circunscripciones pequeñas de cara a los comicios previstos para 2027.
El politólogo Manuel Mostaza resume la inquietud que recorre el debate: «¿Tiene sentido que formen parte de la comunidad política personas que nunca han vivido aquí, que no pagan impuestos y que no tienen la misma responsabilidad por su voto que los residentes? Me resulta extraño que el último escaño lo pueda decidir alguien que no ha nacido en España».
La controversia tiene su origen en una instrucción del Ministerio de Justicia firmada por Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente— pocos días después de aprobarse la ley, que amplió el alcance de la norma mucho más allá de los exiliados republicanos para incluir a cualquier descendiente de emigrante español, incluso del siglo XIX.
Esa ampliación nunca fue votada en el Congreso. De hecho, durante la tramitación de la ley, la mayoría de la cámara rechazó expresamente una enmienda de Ciudadanos que pedía exactamente eso.
El letrado de Cortes Manuel Pulido considera que «la instrucción hace una interpretación muy generosa de la ley», y advierte que «se hace referencia a los abuelos sin límite de edad, por lo que un solicitante de 80 años se remonta a una emigración de hace 150 años».
Las cifras por países ilustran la magnitud del fenómeno: en Argentina hay un millón de solicitudes y en Cuba más de 350,000, números que resultan imposibles de justificar solo con el exilio republicano, que los historiadores estiman entre 30,000 y 50,000 personas.
El investigador Alejandro Macarrón, del CEU-Cefas, se pregunta: «¿Cómo es posible entonces que en Argentina haya un millón de solicitudes y en Cuba sean más de 350,000 los que optan a la nacionalidad española?».
El caso cubano tiene además una arista adicional: para gestionar el volumen de expedientes en La Habana, el Gobierno español contrató al Grupo Empresarial Palco, empresa estatal cubana vinculada al conglomerado militar GAESA, sancionado por Estados Unidos desde el 1 de mayo de 2026.
La opacidad del proceso agrava las dudas: las únicas cifras oficiales disponibles corresponden a marzo de 2026, y los tres ministerios consultados por El Mundo —Memoria Democrática, Justicia y Exteriores— se remitieron unos a otros sin aportar datos actualizados.
En el plano político, la Ley de Nietos ya desató una guerra entre partidos desde que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó el proceso de «ingeniería electoral», mientras que Vox solicitó la nulidad de la instrucción ante la Secretaría de Estado de Justicia y reclamó una auditoría del CERA.
Más allá de la batalla partidista, el debate ha abierto una reflexión más profunda sobre el modelo electoral. Algunos expertos proponen desvincular la nacionalidad del derecho al voto; otros plantean crear una circunscripción específica para españoles en el exterior, al estilo de Italia, Francia o Portugal.
El sociólogo Luis Miller, investigador del CSIC, ofrece una perspectiva más cautelosa: «Para que la Ley de Nietos tenga efecto en las elecciones generales, se tendrían que cumplir varias condiciones a la vez: que se nacionalice a muchos extranjeros, que vote una gran cantidad y que todos ellos se decanten masivamente por un partido. No sé si se producirá todo esto en 2027, pero sí estoy seguro de que el censo exterior se transformará a largo plazo».
Preguntas Frecuentes sobre el Debate del Voto de Expatriados en España
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la Ley de Nietos y cómo afecta al censo electoral en España?
La Ley de Nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite a los descendientes de emigrantes españoles obtener la nacionalidad, incluso si nunca han vivido en España. Esta ley ha incrementado significativamente el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), lo que podría influir en los resultados electorales futuros, especialmente en circunscripciones pequeñas.
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¿Por qué es polémica la instrucción del Ministerio de Justicia sobre la Ley de Nietos?
La instrucción del Ministerio de Justicia ha sido controvertida porque amplió el alcance de la Ley de Nietos para incluir a descendientes de emigrantes del siglo XIX, algo que no fue votado en el Congreso. Esta expansión ha generado críticas de partidos como Vox, que consideran que la instrucción excede lo aprobado legalmente.
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¿Qué impacto tiene el proceso de nacionalización en Cuba respecto a la Ley de Nietos?
En Cuba, el proceso de nacionalización bajo la Ley de Nietos es significativo, con más de 350,000 solicitudes iniciadas. Sin embargo, el proceso se ha visto afectado por irregularidades y la falta de transparencia, agravado por la contratación del Grupo Palco, vinculado al conglomerado militar GAESA, para gestionar el volumen de expedientes en La Habana.
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¿Qué propuestas existen para abordar el voto de los españoles en el extranjero?
Algunas propuestas para abordar el voto de los españoles en el extranjero incluyen desvincular la nacionalidad del derecho al voto o crear una circunscripción específica para los españoles residentes en el exterior, similar a los modelos de Italia, Francia o Portugal.
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