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Cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela fueron detenidos y expulsados de la institución tras apropiarse de dinero en efectivo hallado entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira, el más devastado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El CICPC identificó a los cuatro funcionarios detenidos como Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josué Jhonatan Burgos Sánchez.
Los cuatro fueron arrestados por comisiones de la División de Investigaciones de Delitos contra la Fe Pública (DIDFP) del propio organismo, según reveló en X el Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
«El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), hace un pronunciamiento, firme y categórico en apego a los principios de transparencia, ética y rectitud que rigen a nuestra institución policial», escribió el organismo público junto a un video en que se ve a uno de los agentes despojándose a sí mismo de sus insignias y su arma de fuego.
El robo que desató la indignación popular
El caso se desencadenó tras la viralización de videos en redes sociales que mostraban a un inspector del CICPC, identificado como «Inspector Ragnar», sosteniendo una bolsa con billetes de 100 dólares entre los escombros de las residencias Vallarta, en Playa Grande, La Guaira.
Según denuncias de vecinos, el monto presuntamente sustraído ascendería a unos 10,000 dólares hallados entre los restos de los edificios colapsados.
Ante la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y la imposibilidad de recuperar el dinero por otra vía, hombres y mujeres de la comunidad arrebataron la bolsa al agente y rompieron los billetes con sus propias manos, en un gesto que se convirtió en símbolo de la indignación popular.
Los venezolanos que rompieron los dólares fueron captados en video mientras le gritaban al inspector: «¡Ladrón! ¡Devuélvelo! Ya te grabé por todas las redes».
La respuesta institucional del CICPC
El director del CICPC, Douglas Rico, emitió un comunicado oficial en el que señaló que los funcionarios, «desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros».
El organismo anunció que «se procedió a la separación definitiva e irrevocable de sus cargos de todos los funcionarios involucrados y se inició averiguación disciplinaria correspondiente para su destitución inmediata», y que serán presentados ante tribunales.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz también agradeció públicamente, a través de su cuenta oficial en X, a quienes alertaron sobre los hechos.
«Agradecemos a la ciudadanía que, con valentía y responsabilidad, denunció estos hechos y suministró el material que evidenció la irregularidad», escribieron.
Cabello prometió «tolerancia cero»
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, reaccionó en su canal de Telegram calificando los actos de los policías como «impúdicos, indecentes e inmorales», y prometiendo que serán «juzgados como corresponde».
«Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos», expresó.
El partido opositor Primero Justicia ya había denunciado el «aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen, quienes, en vez de cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia».
Un patrón de saqueos en medio de la catástrofe
El episodio no es aislado.
Este mismo miércoles, seis funcionarios del CICPC fueron detenidos en la Subdelegación San José de Barlovento, en Río Chico, estado Miranda, acusados de robar materiales de viviendas afectadas por el sismo.
Desde el 25 de junio se documentaban saqueos en comercios dañados de La Guaira y Catia La Mar, y el 28 de junio cinco civiles fueron arrestados por robo en viviendas desalojadas.
Todo ocurre en el contexto de la mayor catástrofe sísmica de Venezuela en más de un siglo.
El doble terremoto del 24 de junio -con magnitudes de 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos- dejó 1,943 muertos y 10,571 heridos según cifras oficiales hasta el momento, mientras la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos y los daños materiales se calculan en 6,700 millones de dólares.
El propio Cabello había reconocido en junio que más de 28,000 policías fueron destituidos y procesados en los últimos dos años por corrupción y extorsión en Venezuela, lo que evidencia que la conducta de estos agentes no es un hecho excepcional, sino parte de un problema estructural en las fuerzas de seguridad del régimen.
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