El abogado Julio Pellitero, del equipo Gowper, con despachos en España y Estados Unidos, advierte que los políticos españoles están mezclando deliberadamente dos asuntos distintos: los derechos adquiridos por los nuevos ciudadanos españoles al amparo de la Ley de Nietos y la sospecha de fraude electoral sobre el voto exterior, una polémica que podría perjudicar injustamente a los cubanos descendientes de españoles.
En una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, Pellitero fue categórico: «Aquí hay dos cuestiones básicas que obviamente los políticos están intentando mezclar». La primera es que los derechos de quienes obtuvieron la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática están legalmente consagrados y no pueden revertirse. La segunda es que el fraude electoral con el voto exterior es un problema real, pero completamente separado.
Según explicó el abogado, «los derechos de los nuevos españoles por la Ley de Memoria Democrática están consagrados. ¿Por qué? Porque están basados en una ley que ya tuvo su curso legal». Y fue más lejos: «No puede venir ahora una ley del Congreso donde revierta una situación porque eso sería básicamente inconstitucional. Son derechos que ya están establecidos».
Pellitero recordó que la Ley de Memoria Democrática es la segunda versión de la Ley de Memoria Histórica de 2007, «por la cual también se convirtieron en nuevos españoles centenares de miles de personas de distintas nacionalidades». El plazo para acogerse a esta normativa cerró definitivamente el 22 de octubre de 2025, con más de 350,000 cubanos que iniciaron trámites y 137,700 expedientes acumulados en el Consulado de España en La Habana.
Sobre el fraude electoral, el abogado reconoció que es una realidad, pero subrayó que no debe confundirse con la legitimidad de los nuevos ciudadanos. «El fraude electoral es una realidad. No tiene por qué estar contrastado con el hecho de que las personas que aplicaron por la Ley de Memoria Democrática sean españoles de pleno derecho». Señaló además que «el fraude se concentra precisamente en esos lugares donde es más complicado», citando Cuba y Argentina como ejemplos.
Por su parte, su colega Reimel Ariosa centró su explicación en el mecanismo técnico que alimenta la polémica. En su opinión, el problema tiene su origen en que los consulados españoles exigen a los recién nacionalizados inscribirse en el registro consular para obtener el pasaporte, lo que los da de alta automáticamente en el censo CERA —el Censo Electoral de Residentes Ausentes— y los habilita para votar.
Para Ariosa, la clave está en quién diseña ese acceso. «La intención puede que no esté en el elector, sino en el que te da el acceso a que tú tengas la posibilidad de votar».
La polémica se intensificó este 30 de junio cuando Vox solicitó a la Junta Electoral Central la auditoría y suspensión de inscripciones masivas en el CERA, la prohibición del voto por correo desde el extranjero y la anulación de la instrucción de la Ley de Nietos, acusando al PSOE de «ingeniería electoral» para fabricar votantes.
El partido De Santiago Abascal también señaló que el Gobierno de España firmó en enero de 2025 un contrato de 1,13 millones de euros con el Grupo Empresarial Palco —empresa estatal cubana vinculada al conglomerado militar GAESA, sancionado por Estados Unidos desde mayo de 2026— para tramitar solicitudes en el Consulado de La Habana.
El censo CERA se acerca a los 3 millones de inscritos, aunque la participación histórica del voto exterior siempre ha sido baja: apenas el 10% en las últimas elecciones generales, frente al 6,85% de 2019. Ese crecimiento sostenido es precisamente lo que desató la guerra política en España en torno a la ley y al voto exterior.
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