Vox pide anular la instrucción de la «ley de nietos» para frenar nacionalidades

Vox dio este miércoles un nuevo paso en su ofensiva contra la conocida como «Ley de nietos» al solicitar ante la Secretaría de Estado de Justicia la nulidad de pleno derecho y la suspensión cautelar de la Instrucción aprobada por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022, que regula la aplicación de esa norma.

Si prospera la petición, quedarían paralizados de forma cautelar los procedimientos administrativos de concesión de nacionalidad española que actualmente se tramitan al amparo de esa instrucción, mientras se resuelve el recurso.

La llamada «Ley de nietos», incorporada como disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados españoles, incluso si residen en el extranjero y nunca han vivido en España.

De acuerdo con información de La Vanguardia, Vox sostiene que la Instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública amplía el alcance de la ley más allá de lo aprobado por las Cortes Generales, al incluir supuestos que, a su juicio, no estaban previstos en el texto legal.

«La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública —cuya responsable es hermana del ministro Óscar Puente— dicta una Instrucción que extiende el acceso a la nacionalidad mucho más allá del texto legal», afirmó la formación presidida por Santiago Abascal.

No es la primera iniciativa judicial del partido contra esta normativa. Vox recurrió la propia Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional, que admitió el recurso a trámite el 7 de febrero de 2023. El alto tribunal aún no ha dictado sentencia.

La nueva acción legal se suma a las iniciativas presentadas esta semana por el partido ante la Junta Electoral Central. En un primer escrito, Vox solicitó una auditoría de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), la suspensión de nuevas incorporaciones y la revisión de los contratos de externalización del proceso, citando expresamente a la empresa tecnológica NEORIS y al Grupo Palco, entidad estatal cubana vinculada al conglomerado militar GAESA.

En un segundo escrito, la formación pidió prohibir el voto por correo desde el extranjero al considerar que no existen garantías suficientes sobre la identidad del elector y la custodia del sufragio.

El caso de Cuba ocupa un lugar central en los argumentos de Vox. Según datos oficiales, más de 350,000 ciudadanos cubanos han iniciado trámites para obtener la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, mientras que el Consulado General de España en La Habana acumula más de 137,700 expedientes.

Para hacer frente al incremento de solicitudes, el Gobierno español adjudicó contratos valorados entre 1.1 y 1.6 millones de euros al Grupo Palco para reforzar la atención consular con entre 88 y 107 trabajadores. Vox cuestiona esa contratación al recordar que la empresa pertenece al conglomerado GAESA, sancionado por Estados Unidos desde mayo de 2026.

La formación también sostiene que el hecho de que Cuba no forme parte del Convenio de La Haya dificulta la verificación independiente de la documentación utilizada en los expedientes de nacionalidad.

El debate ha escalado también al terreno político. Santiago Abascal acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar «fabricar votantes» mediante la aplicación de la norma.

«Sánchez dio un pucherazo en las primarias de su partido y está intentando dar otro para seguir en La Moncloa. Quién sabe las trampas que ha podido hacer todos estos años... ¡No se lo podemos permitir!», escribió el líder de Vox en redes sociales.

Las críticas han sido compartidas por dirigentes del Partido Popular. El lunes, Alberto Núñez Feijóo afirmó en una entrevista en EsRadio: «Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas». Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió que conceder la nacionalidad a quien no reúna los requisitos legales «también estaría haciendo algo ilegal».

El Gobierno rechazó esas acusaciones. La ministra y portavoz Elma Saiz calificó las declaraciones de la oposición como una «irresponsabilidad mayúscula» y defendió que la Ley de Memoria Democrática responde a criterios de «reparación y justicia».

Con este nuevo recurso, Vox mantiene abierta su estrategia jurídica y política contra la aplicación de la llamada «ley de nietos», una controversia que previsiblemente seguirá marcando el debate público en los meses previos a las elecciones generales previstas para 2027.