¿Cuba está en transición? Abogados advierten sobre impunidad del régimen

El abogado Reimel Ariosa, del equipo Gowper con despachos en España y Estados Unidos, lanzó una advertencia directa durante una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba. Según explicó, una transición política en Cuba que no incluya rendición de cuentas judicial podría derivar en impunidad total para los responsables de décadas de violaciones de derechos humanos.

Ante la pregunta de si Cuba se encuentra ya en un proceso de transición, Ariosa respondió con cautela pero con firmeza. «Bueno, yo no sé si estamos en transición. Sí creo que tenemos que estar alertas a las falsas transiciones y a las transiciones dialogadas o pactadas que pueden conducir a una impunidad del régimen».

Para el abogado, el riesgo central no es la ausencia de cambio político, sino la forma en que ese cambio podría producirse. «Una de las principales preocupaciones para mí es que el régimen no quede impune durante una transición, sino que se abran procedimientos de ajustamiento de cuentas, pero judicialmente, con garantías, en el que se condene a los responsables por vulneraciones de derecho y se vean castigados», subrayó.

Ariosa citó a España como referencia para ilustrar la importancia de la justicia transicional. «España lo está viendo. Es muy necesario que la sociedad vea sanada esa herida para no repetir errores del pasado», afirmó. El caso español es relevante porque el país tardó cuatro décadas en activar mecanismos formales de justicia respecto al franquismo, con la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Esta advertencia se enmarca en un debate jurídico más amplio que Ariosa sostuvo junto al también abogado Julio Rodríguez Pellitero, quien defendió la restitución de la Constitución cubana de 1940 como base legal para cualquier proceso de cambio.

Rodríguez Pellitero señaló que esa carta magna prohibía expresamente la confiscación. «No se puede expropiar sin justiprecio porque eso se llama confiscar y eso está prohibido. La constitución pone que en el artículo 24 se prohíbe la confiscación, solo se admite la expropiación a cambio de un justiprecio».

Según el abogado, Fidel Castro violó ese principio al nacionalizar masivamente propiedades privadas sin compensación desde 1959. De restituirse la Constitución del 40, «unos tribunales independientes —no los del régimen— van a tener que decidir ese justiprecio», precisó Rodríguez Pellitero.

Sobre el papel de Washington en un eventual proceso de cambio, Ariosa reconoció sus límites. «Estados Unidos sería genial que fuera el que lo hiciera, pero está encontrando muchas dificultades a la hora de llegar a ejecutarlo», dijo, para concluir que la carga recae sobre los propios cubanos. «Sigue siendo nuestra responsabilidad en última instancia como pueblo rebelarnos contra esa tiranía y sacarla del poder».

El rechazo a una transición sin justicia tiene respaldo amplio entre la población. Según una encuesta de abril de 2026, el 57,9% de los cubanos considera inaceptable cualquier proceso de cambio que no incluya el procesamiento judicial de figuras del régimen, lo que refuerza la postura de los abogados entrevistados.