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Las cadenas hoteleras españolas con presencia en Cuba tienen inmovilizados entre 80 y 100 millones de euros en el sistema bancario de la isla que no pueden repatriar y que ya han sido dados por perdidos en los balances de sus matrices, según un análisis publicado este martes en El Economista firmado por un experto que participó directamente en los orígenes de la colaboración turística hispano-cubana.
La cifra representa el saldo pendiente de una inversión acumulada de 465 millones de euros realizada por empresas españolas en Cuba a lo largo de tres décadas, concentrada principalmente en el sector hotelero. La inversión directa de las corporaciones hoteleras ascendió a unos 160 millones de euros, un tercio del total.
El modelo de colaboración arrancó el 10 de mayo de 1990 con la inauguración del hotel Sol Palmeras en Varadero, primer fruto del acuerdo entre el régimen cubano y la cadena Sol —luego Meliá— de Gabriel Escarrer.
El esquema se articuló mediante empresas mixtas en las que la parte española poseía habitualmente el 49%, con contratos de entre 25 y 50 años, aportando capital para activos fijos y asumiendo la gestión operativa. El marco legal cubano excluyó desde el principio el acceso extranjero a la propiedad del suelo.
Durante las dos primeras décadas el negocio resultó muy rentable. «El balance histórico de la experiencia cubana arroja un saldo neto positivo para las firmas españolas. De hecho, los beneficios de los años de expansión financiaron parte de la internacionalización de estas marcas», señala el análisis.
El punto de inflexión llegó cuando GAESA, el conglomerado empresarial del Ministerio de Defensa cubano controlado por Raúl Castro y que, según el texto, «opera sin rendir cuentas públicas», acumuló capital suficiente para construir sus propios hoteles y explotarlos mediante contratos de gestión con hoteleras españolas y canadienses a través de su filial Gaviota.
La activación en 2019 del Título II de la Ley Helms-Burton —suspendido por administraciones estadounidenses anteriores— y el impacto de la pandemia de Covid agravaron la situación. A partir de ese momento, las empresas extranjeras dejaron de poder repatriar beneficios por la falta de liquidez en divisas del régimen cubano.
El golpe definitivo lo asestó la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que estableció sanciones secundarias contra GAESA y fijó el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras cortaran sus vínculos con ese grupo.
Iberostar salió de 12 de sus 18 hoteles vinculados a Gaviota el 1 de junio, y Meliá anunció el cese en 15 de sus 35 hoteles en la isla. La canadiense Blue Diamond Resorts abandonó sus 62 establecimientos el 31 de mayo, y Barceló prepara su salida sin renovar contratos en 2027.
Sin embargo, las cadenas que mantienen contratos con entidades civiles como Mintur o Gran Caribe —fuera de los listados de sanciones de Washington— no abandonan completamente la isla. El análisis apunta a que acumulan un conocimiento operativo y unas relaciones institucionales de las que carecen las corporaciones norteamericanas que querrán implantarse cuando el sistema cambie.
En paralelo, el régimen cubano anunció en junio un paquete de 176 medidas económicas que incluye la autorización de bancos privados y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles. No obstante, el economista Mauricio de Miranda advirtió que GAESA no aparece mencionado en ninguna de esas medidas, lo que pone en duda la profundidad real de las reformas.
«Ninguna autoridad o inversor prescindirá de las cadenas hoteleras españolas, que resultan indispensables para gestionar la transición sectorial», concluye el análisis, comparando su posición con la que tuvieron estas empresas tras la caída del bloque soviético en Europa del Este.
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