El abogado Julio Rodríguez (Pellitero), del equipo Gouper con despachos en Valencia y Estados Unidos, advirtió en una entrevista con CiberCuba que una transición en Cuba no puede negociarse con un régimen engañoso.
Los cubanos deben estar «extremadamente alerta» ante dos amenazas simultáneas que pueden desvirtuar cualquier proceso de cambio real en la isla, señaló.
La primera amenaza proviene del propio régimen. Rodríguez descartó de plano las 176 medidas de reforma económica anunciadas por Díaz-Canel en junio de 2026, calificándolas de «falaces». Su argumento es contundente: «La única reforma para el comunismo es extirpar al comunismo de Cuba. No cabe otra reforma».
La segunda amenaza, según el abogado, surge dentro del propio campo opositor. Las organizaciones políticas del exilio y las que operan dentro de Cuba buscan un protagonismo que, aunque legítimo en abstracto, puede convertir el proceso de transición en una disputa ideológica estéril.
«El momento de la transición no es un momento de competición por una ideología», advirtió Rodríguez. «No es el momento de decir mi ideología tiene más valor que la tuya. Es el momento de decir que tenemos que conseguir una transición democrática para todos los cubanos».
Esa frase —«para todos los cubanos»— tiene para el abogado un significado preciso que no admite ambigüedades: no implica impunidad ni reconciliación forzada con quienes ejercieron la represión. «¿Qué significa para todos los cubanos? No significa que nos tenemos que abrazar con los represores. No, no. Que tiene que haber justicia. La justicia tiene que ser un pilar básico de la transición».
Rodríguez también subrayó que la transición exige «responsabilidad política», no solo buenas intenciones.
En ese marco, el abogado defiende la Constitución de 1940 como base jurídica para cualquier proceso de cambio legítimo.
Su argumento es que ese texto, redactado democráticamente antes de que la mayoría de los cubanos actuales nacieran, ofrece un marco que trasciende las disputas partidistas del presente. «Yo creo que si algo nos tutela en estos momentos a todos los cubanos para una transición precisamente es una ley escrita antes de que todos nosotros ni tan siquiera probablemente estuviéramos vivos».
El abogado rechazó además la caracterización ideológica que algunos hacen de esa carta magna. «Los cubanos teníamos prioridad nacional por una constitución que muchas personas de manera bastante falaz y mezquina dicen que es socialista», señaló, explicando que esas disposiciones respondían a una realidad concreta: Cuba era entonces «un país receptor neto de inmigrantes» y sus gobiernos, de orientación nacionalista y de centro izquierda, establecieron esa prioridad en consecuencia.
Como ejemplo de lo que esa constitución hizo posible, Rodríguez citó los gobiernos del Partido Auténtico —Grau San Martín y Prío Socarrás— como experiencias democráticas genuinas y positivas para Cuba, recordadas así incluso por quienes las vivieron.
Este debate cobró fuerza institucional el 5 de junio de 2026, cuando organizaciones del exilio acordaron en Miami adoptar la Constitución de 1940 como carta magna para el futuro de Cuba. Armando Valladares calificó ese acuerdo como «el primer consenso absoluto» que había presenciado entre las organizaciones más representativas de la comunidad cubana en el exilio.
Mientras tanto, el régimen dejó claro su posición: Díaz-Canel declaró que sus reformas económicas deben ser «compatibles con la preservación del sistema vigente» y que no está dispuesto a «transformar el sistema político cubano», cerrando la puerta a cualquier apertura real. Para Rodríguez, esa postura confirma que no hay reforma posible dentro del sistema y que pactar una transición con quienes lo sostienen equivale a garantizarles impunidad.
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