La restitución de la Constitución de 1940 en Cuba traería como consecuencia jurídica inmediata la liberación automática de todos los presos políticos del país, según explicó el abogado Reimel Ariosa, del equipo Gouper, con despachos en Valencia y Estados Unidos, en una entrevista con CiberCuba.
El argumento central de Ariosa es que los delitos por los que el régimen ha encarcelado a opositores, activistas y ciudadanos durante 67 años sencillamente no existían en el Código de Defensa Social vigente en 1940.
«Básicamente quedarían automáticamente liberados todos los presos políticos que hayan entrado por los delitos que ha ido organizando el Partido Comunista a lo largo de 67 años en Cuba, porque esos delitos no estaban reconocidos en el Código de Defensa Social», afirmó el letrado.
Ariosa señala además que el sistema penal cubano actual presenta distorsiones graves respecto al marco de 1940: «Muchas veces por robar una tontería tienen más años que por hacer un delito de mayor calado y que en una sociedad normal y sana tendría mayor pena y que lo tenía antes en 1940».
Esa desproporción obligaría a revisar también las condenas por delitos comunes.
En cuanto al proceso, el abogado precisa que «la parte penal se resolvería de forma relativamente automática», aunque aclara que sería necesaria una supervisión caso por caso para garantizar la correcta aplicación.
La resolución legal, en todo caso, operaría de forma inmediata al restaurarse el marco constitucional.
El efecto no se limitaría al ámbito penal. Ariosa sostiene que «toda la forma de constitución de empresas, todas las empresas que existían entonces y que fueron confiscadas ilegalmente por el comunismo, se vería revertida en el plano formal, en el plano legal, de forma automática».
Correspondería luego al gobierno de transición dar contenido real a esa reversión.
Sobre ese gobierno transitorio, el abogado hace una advertencia que considera fundamental: al no ser elegido democráticamente, carecería de mandato para definir la política fiscal, penal o el funcionamiento ordinario del país.
«La transición no es un gobierno elegido democráticamente y esto implica que el gobierno no puede determinar cómo va a ser la política fiscal en Cuba, cómo va a ser la política penal en Cuba, cómo va a ser la forma ordinaria en la que funciona un país. No tiene mandato representativo para ello», subrayó.
Su función quedaría acotada a preparar el terreno para las primeras elecciones libres: «Sus únicas responsabilidades tenemos que tener claro que son adaptar la nefasta realidad cubana de hoy a cómo tiene que comportarse para hacer las primeras [elecciones]».
El planteamiento de Ariosa se inscribe en un debate que ha cobrado especial intensidad en 2026. El 1 de junio, organizaciones del exilio histórico acordaron por unanimidad en Miami adoptar la Constitución de 1940 como base jurídica para el futuro de Cuba.
Figuras como Armando Valladares defienden que ese texto nunca fue válidamente derogado y puede aplicarse de inmediato.
La urgencia del debate queda subrayada por las cifras: según Prisoners Defenders, Cuba cerró mayo de 2026 con 1,281 presos políticos, con un total acumulado de 2,076 detenidos políticos desde las protestas del 11 de julio de 2021.
El Decreto Presidencial 1212 del régimen indultó ese año a 2,010 sancionados, pero excluyó explícitamente a los condenados por «delitos contra la autoridad» —la categoría usada para encarcelar opositores—, con solo dos presos políticos reconocidos en la lista.
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