Trump no firma la ley para reducir los precios de la vivienda: ¿Qué implicaciones tiene su decisión?

El presidente Donald Trump decidió no firmar la ley bipartidista 21st Century ROAD to Housing Act (Camino hacia la Vivienda del Siglo XXI), una de las iniciativas más ambiciosas aprobadas este año para abaratar el acceso a la vivienda en Estados Unidos, informaron AP y Telemundo Digital.

Sin embargo, la buena noticia es que al no ejercer su derecho de veto dentro del plazo constitucional de 10 días que vence este viernes a la medianoche -aún quedan varias horas y se espera que no cambie de idea-, la legislación entrará en vigor automáticamente el sábado 11 de julio.

La decisión de Trump no respondió a objeciones sobre el contenido de la norma, sino a un desacuerdo político con el Congreso. El mandatario había condicionado su respaldo a que los legisladores aprobaran primero la SAVE America Act, una propuesta que exige presentar prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante.

Esa iniciativa fracasó el jueves en el Senado al obtener solo 50 votos, lejos de los 60 necesarios para superar el filibusterismo. Cuatro senadores republicanos se unieron a los demócratas para bloquearla, dejando sin efecto la principal exigencia planteada por la Casa Blanca.

Tras ese revés, Trump optó por no firmar la ley de vivienda, aunque tampoco la vetó, lo que permite que entre en vigor de forma automática, como establece la Constitución de Estados Unidos.

¿Qué contempla la nueva ley?

La legislación fue aprobada con un respaldo poco habitual en Washington. El Senado la avaló por 89 votos a favor y 10 en contra, mientras que la Cámara de Representantes la aprobó por 358 votos frente a 32, cifras que habrían permitido incluso superar un eventual veto presidencial.

Impulsada por el senador republicano Tim Scott y la senadora demócrata Elizabeth Warren, la norma busca facilitar la construcción de nuevas viviendas y aliviar la crisis de asequibilidad que afecta a millones de estadounidenses que buscan tanto rentar una casa como adquirirla en propiedad.

Entre sus principales medidas destacan:

Reducir regulaciones federales que retrasan proyectos inmobiliarios.

Agilizar las revisiones ambientales para acelerar la construcción.

Destinar 200 millones de dólares a programas de innovación en vivienda.

Limitar la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversores institucionales, prohibiendo nuevas adquisiciones a empresas que ya posean 350 o más propiedades.

Aunque expertos advierten que la ley no resolverá por sí sola problemas como la escasez de mano de obra en la construcción, el aumento de los seguros o el crecimiento de los precios, sí representa un intento de aumentar la oferta de viviendas y reducir algunos de los obstáculos que encarecen el mercado.

Una disputa política

Trump ya había dejado clara su postura semanas atrás, cuando canceló una ceremonia prevista en el Capitolio para promulgar la ley y anunció que no avanzaría con ella hasta que el Congreso aprobara la SAVE America Act, a la que calificó como una "emergencia nacional".

El 24 de junio, publicó en Truth Social: «La conferencia de prensa y la firma de hoy sobre vivienda quedan canceladas hasta que aprobemos la tan necesaria SAVE AMERICA ACT, que considero una emergencia nacional».

El mandatario calificó la legislación sobre vivienda como de «importancia menor» frente a su propuesta de reforma electoral.

Paradójicamente, Trump había defendido anteriormente medidas para limitar la influencia de grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario.

Incluso firmó el 21 de enero una orden ejecutiva orientada a impedir que grandes firmas de Wall Street compitieran con compradores particulares por viviendas unifamiliares, una política que ahora queda incorporada a la legislación federal.

Antes había anunciado su intención de prohibir a grandes inversores institucionales la compra de casas, con el objetivo de reducir los precios.

La ley ROAD to Housing codifica legislativamente esa política.

Amplio respaldo

La ley cuenta con un amplio apoyo tanto entre legisladores como en el sector inmobiliario y la opinión pública.

Una encuesta realizada entre 800 votantes registrados reflejó un 89 % de respaldo, con apoyo mayoritario entre republicanos, demócratas e independientes.

También ha recibido el respaldo de constructores, propietarios de complejos residenciales y especialistas del mercado.

La economista jefe de Redfin, Daryl Fairweather, sostuvo que aumentar la construcción de viviendas es una de las medidas más necesarias para aliviar la presión sobre los precios, aunque advirtió que quienes esperan un alivio inmediato probablemente tendrán que seguir esperando, debido a la escasez de inventario que sigue afectando al mercado inmobiliario estadounidense.

«Necesitamos que se construyan más viviendas, y una legislación que elimine las barreras a la construcción es exactamente lo que el mercado requiere en este momento», declaró.