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El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva destinada a impedir que grandes inversores institucionales (empresas vinculadas a Wall Street) compren viviendas unifamiliares que, según la Casa Blanca, podrían ser adquiridas por familias.
El documento, titulado “Impedir que Wall Street compita con los compradores de viviendas de Main Street”, plantea como política de la administración que estos actores no sigan desplazando a los compradores particulares en el mercado residencial.
La orden instruye a la administración a emitir definiciones y directrices con plazos específicos:
- En 30 días: el Secretario del Tesoro debe elaborar, en consulta con el Asistente del Presidente para Política Económica, las definiciones de “gran inversor institucional” y “vivienda unifamiliar” para implementar la orden.
- En 60 días: varias agencias (Agricultura, HUD, Asuntos de Veteranos, Servicios Generales y la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda) deben emitir directrices para evitar, “en la máxima medida permitida por la ley”, que entidades federales y empresas patrocinadas por el gobierno aprueben, aseguren, garanticen, titulicen o faciliten la compra de viviendas unifamiliares por grandes inversores institucionales, y para promover ventas a propietarios-ocupantes (incluyendo disposiciones “anti-elusión”, políticas de “primera vista” y requisitos de divulgación).
- Revisión del Tesoro: el documento instruye a Tesoro a revisar reglas y directrices relacionadas con la adquisición o tenencia de viviendas unifamiliares por compradores institucionales y considerar cambios, conforme a ley aplicable.
- Antimonopolio: pide al Departamento de Justicia y la FTC revisar adquisiciones sustanciales (incluidas “series de adquisiciones”) para detectar efectos anticompetitivos y priorizar la aplicación de leyes antimonopolio contra estrategias coordinadas de vacantes y precios en mercados locales de alquiler de casas unifamiliares, cuando corresponda.
- Transparencia en programas federales: ordena a HUD requerir divulgaciones de propietarios/administradores afiliados en alquileres unifamiliares que participen en programas federales de asistencia, para determinar participación de grandes inversores institucionales “en la máxima medida permitida por la ley”.
- Vía legislativa: se ordena elaborar una recomendación legislativa para codificar la política de la Sección 1.
El texto también incluye que la orden se implementará de conformidad con la ley aplicable y sujeta a disponibilidad presupuestaria, y afirma que no crea derechos exigibles contra el gobierno.
En el apartado de propósito y política, la orden afirma que el sueño de comprar vivienda se ha vuelto más difícil por inflación y tasas altas, y sostiene que un número creciente de casas unifamiliares ha sido adquirido por grandes inversores, desplazando a familias —especialmente jóvenes y trabajadoras— que no pueden competir con sus recursos.
“Las personas viven en casas, no las corporaciones”, indica el documento al plantear que su administración actuará para evitar que Wall Street trate los vecindarios como un “mercado bursátil”.
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La orden pone el foco en “grandes inversores institucionales”, pero deja el detalle clave para la implementación: qué se considerará “gran” y qué propiedades entran en “vivienda unifamiliar” serán definidas por el Tesoro en el plazo fijado.
Además, contempla excepciones “estrictamente adaptadas” para propiedades construidas para alquiler que se planifiquen y financien como comunidades de renta, entre otras que cada agencia estime apropiadas para cumplir la política.
El anuncio ocurre en medio de un debate nacional sobre la presión que ejercen inversores institucionales en ciertos mercados locales.
Días antes, medios estadounidenses informaron que Trump buscaba impulsar restricciones a estos compradores como parte de su agenda de asequibilidad de vivienda.
Preguntas frecuentes sobre la orden de Trump para frenar la compra de casas por grandes inversores
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¿Qué busca la orden firmada por Trump sobre la compra de casas por inversores institucionales?
La orden ejecutiva firmada por Donald Trump busca impedir que grandes inversores institucionales compren viviendas unifamiliares para evitar que estos actores desplacen a los compradores particulares del mercado residencial. La medida tiene el propósito de asegurar que más familias tengan acceso a la compra de viviendas, especialmente en un contexto de alta inflación y tasas de interés elevadas.
¿Cuáles son los plazos establecidos para implementar esta orden?
La orden establece que en 30 días, el Secretario del Tesoro debe definir qué se considerará un "gran inversor institucional" y "vivienda unifamiliar". Además, en 60 días, varias agencias deben emitir directrices para evitar que entidades federales faciliten la compra de viviendas unifamiliares por estos inversores y promover su venta a propietarios-ocupantes. Estas medidas se tomarán "en la máxima medida permitida por la ley".
¿Qué efectos anticompetitivos busca prevenir la orden de Trump?
La orden instruye al Departamento de Justicia y la FTC a revisar adquisiciones sustanciales para detectar efectos anticompetitivos y aplicar leyes antimonopolio contra estrategias coordinadas de vacantes y precios en mercados locales de alquiler de casas unifamiliares. El objetivo es evitar que grandes inversores institucionales manipulen los precios y la disponibilidad de viviendas en detrimento de compradores individuales.
¿Cómo afecta esta orden al "sueño americano" de tener una vivienda propia?
La orden busca facilitar que más familias jóvenes y trabajadoras puedan acceder a la compra de viviendas propias. Según el documento, la inflación y las altas tasas de interés han dificultado este sueño, y el creciente número de viviendas adquiridas por grandes inversores ha desplazado a las familias del mercado residencial, situación que la medida pretende revertir.
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