Mike Hammer visita a familiares de presos políticos del 11J en vísperas del quinto aniversario

En la antesala del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el jefe de la Misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, recorrió el viernes varios hogares habaneros para escuchar de primera mano los testimonios de padres y madres que llevan cinco años esperando el regreso de sus hijos encarcelados tras el histórico estallido social.

La jornada estuvo marcada por escenas de dolor y resistencia en cada vivienda visitada, donde los familiares aprovecharon el encuentro para denunciar no solo el peso de las condenas, sino también el hostigamiento que aseguran enfrentar desde entonces: citaciones arbitrarias, chantajes, marginación laboral y torturas.

Uno de los primeros encuentros fue con Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven con discapacidad intelectual condenado a 12 años de prisión por sedición tras participar en las manifestaciones de La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.

«Me levanto a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, y veo a la mamá de Walnier sentada ahí llorando por su hijo, por el más pequeño de la casa, al que criamos con cariño, respeto y amor. Nos lo arrancaron», relató Aguilar con evidente emoción.

El padre insistió en que su hijo únicamente ejerció su derecho a manifestarse: «Lo único que hizo fue unirse a una manifestación y exigir libertad y una vida digna. Ni la muerte nos va a impedir luchar por Walnier».

Hammer también visitó a Daymi Albornoz Rodríguez, madre de Yoanky Báez Albornoz, condenado a 14 años de prisión por sedición tras participar en las protestas de la Esquina de Toyo, en el municipio Diez de Octubre.

«Mi hijo está encarcelado por decir la verdad. Aquí no tenemos libertad de expresión y a los jóvenes no se les permite decir lo que piensan», lamentó la madre, quien además habló de la soledad que asegura enfrentar desde el arresto de su hijo.

El recorrido continuó en la vivienda de Carlos Martín, padre de Dayron Martín Rodríguez, sentenciado a 30 años de prisión —reducidos a 22 en apelación— tras grabar con su teléfono celular las manifestaciones de La Güinera. Su familia sostiene que padece esquizofrenia y que no recibe atención médica adecuada en el Combinado del Este.

«Estuvo un día en la estación de policía del Capri, siete días en Cien y Aldabó y de ahí lo trasladaron al Combinado del Este. Desde entonces no ha salido más. En el juicio le impusieron 30 años», recordó su padre.

El último encuentro fue con Jenny Taboada, madre de Duannis León Taboada, quien cumple 14 años de prisión por sedición. La mujer describió estos años como un período de sufrimiento constante que ha trascendido el encarcelamiento de su hijo.

«Han sido 14 años de condena para un joven que nunca tuvo antecedentes penales. Es un sufrimiento prolongado, de torturas, citaciones, chantajes y de ser marginados, porque ni siquiera podemos trabajar», denunció.

Al preguntarle qué la mantiene en pie, su respuesta fue directa: «La esperanza, el amor de una madre por su hijo y el apoyo de tantas personas como usted».

Esta visita forma parte de una intensa agenda de diplomacia de cercanía que Hammer ha mantenido desde su llegada a La Habana en noviembre de 2024, que incluye encuentros con expresos políticos y visitas a distintos sectores de la sociedad civil cubana.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió este sábado un mensaje exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos, con una mención expresa al caso de Luis Manuel Otero Alcántara, cuya condena de cinco años venció el 9 de julio pero que permanece en paradero desconocido bajo control del régimen.

«Han pasado cinco largos años y seguimos insistiendo en que se liberen a todos aquellos injustamente encarcelados por el simple hecho de ejercer su derecho fundamental a expresarse como lo hicieron el 11J 2021», señaló la misión diplomática.

Al quinto aniversario del estallido social, la organización Justicia 11J cifra en 338 los presos directamente vinculados a las protestas de 2021, dentro de un total de 1,281 presos políticos que Prisoners Defenders documenta en Cuba.