Una coalición de 25 estados gobernados por demócratas presentó una demanda conjunta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Manhattan, contra la más reciente ronda de aranceles de la administración Trump.
Los estados acusan a Trump de utilizar ilegalmente la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para reemplazar aranceles anteriores que habían sido anulados por el Tribunal Supremo o que ya habían expirado, según reporta la agencia Reuters.
Se trata del mayor desafío judicial coordinado hasta ahora a la política comercial del presidente estadounidense.
Los estados que se suman a la demanda
La acción fue impulsada por Oregón, Arizona y California, y suscrita por otros 22 estados.
Ellos son: Nueva York, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin.
Obviamente, el estado de Florida, gobernada por los republicanos, no figura en la lista de demandantes.
Los estados sostienen que no existe «una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados» impuestos por la Oficina del Representante Comercial (USTR).
El escrito señala, además, que las investigaciones de la Sección 301 fueron «apresuradas y prejuiciosas» desde su inicio, y que los aranceles carecen del mecanismo legal que permitiría a los países sancionados ver cómo los gravámenes finalizan si corrigen las prácticas denunciadas.
«Los estados demandantes se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo. Pero la Administración no puede utilizar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su ilegal esquema arancelario», reza el documento.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue más directa:
«Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la Administración intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles».
Añadió que «la ley y nuestra Constitución son claras: el presidente no tiene la facultad de imponer aranceles generalizados a cualquier país que se le antoje».
La fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, denunció que «la USTR ha llegado a una conclusión inevitable con el fin de imponer derechos de aduana próximos a aquellos que los tribunales han anulado en dos ocasiones», según declaraciones recogidas por la agencia AFP.
El historial de reveses que explica la demanda
Esta es la tercera vez que la política arancelaria de Trump llega a los tribunales.
En febrero de 2026, el Tribunal Supremo declaró ilegales los aranceles globales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que obligó al gobierno a reembolsar aproximadamente 166,000 millones de dólares a miles de importadores.
Tras ese fallo, Trump recurrió a un arancel temporal del 10% bajo la Sección 122, que requería el aval del Congreso para prorrogarse -aval que no obtuvo- y expiró el pasado 24 de julio.
Para evitar el vacío arancelario, la administración anunció el 23 de julio nuevos gravámenes de entre el 10% y el 12,5% sobre 60 socios comerciales -incluyendo la Unión Europea, India, Japón y Corea del Sur- bajo la Sección 301- con la justificación de que esos países no habían adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso.
Los bienes afectados representan el 99% de las importaciones totales de Estados Unidos.
La respuesta de la Casa Blanca y el análisis legal
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la medida.
«Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato del presidente, y lo siguen siendo ahora», dijo, según recoge Telemundo 49.
La demanda de los 25 estados se suma a otras dos presentadas en julio por pequeñas empresas que también impugnan los aranceles de la Sección 301 por no reflejar la investigación específica por país que exige el Congreso.
El experto legal Barry Appleton, profesor de la Escuela de Derecho de Nueva York, advirtió que el resultado es incierto.
«La defensa del gobierno no será: 'No tenía poder para hacer esto'. Será: 'Me mantuve dentro de las líneas que trazó el Congreso'. Esa es una verdadera batalla, no una formalidad, y es la que decidirá este caso», afirmó.
Preguntas frecuentes sobre la demanda contra los aranceles de Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los 25 estados demócratas demandaron a la administración Trump por los aranceles?
Los 25 estados demócratas demandaron porque consideran que la administración Trump ha impuesto aranceles ilegales utilizando la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Argumentan que no hay una relación racional entre los aranceles y el problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro, y que las investigaciones realizadas fueron apresuradas y prejuiciosas.
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¿Qué es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y cómo la ha utilizado Trump?
La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 autoriza al presidente de EE.UU. a tomar represalias comerciales contra prácticas desleales de otros países. Trump la ha utilizado para imponer aranceles a 60 países, justificando que no han tomado suficientes medidas contra el trabajo forzado. Sin embargo, esta acción ha sido cuestionada por los estados demandantes como un uso ilegal de la ley.
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¿Qué antecedentes judiciales existen respecto a los aranceles de Trump?
La política arancelaria de Trump ya ha enfrentado reveses judiciales. En febrero de 2026, el Tribunal Supremo declaró ilegales los aranceles globales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, lo que obligó al gobierno a reembolsar miles de millones a importadores. Posteriormente, Trump intentó imponer nuevos aranceles utilizando otras secciones de la ley, como la Sección 122 y la Sección 301.
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¿Cuál ha sido la respuesta de la Casa Blanca a la demanda de los 25 estados?
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió los aranceles de la Sección 301 como una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato de Trump. La administración Trump sostiene que los aranceles están dentro del marco legal trazado por el Congreso y que los desafíos judiciales son parte de una batalla legítima, no una simple formalidad.
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