EE.UU. sanciona a cinco entidades y ocho personas que abastecen de armas al régimen cubano

La administración Trump amplió este jueves su campaña de presión máxima contra La Habana al sancionar a cinco entidades cubanas y ocho individuos vinculados a la adquisición de armamento extranjero para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y las fuerzas de seguridad del régimen.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció las medidas mediante un comunicado oficial del Departamento de Estado y las amplificó en una publicación en X.

Rubio describió al régimen comunista cubano como «un patrocinador estatal del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma a radicales violentos de izquierda, difunde ideología marxista venenosa y sirve como plataforma de lanzamiento para Rusia, China e Irán a solo 90 millas de nuestras costas».

El fundamento legal de las sanciones

Las designaciones se emitieron al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026 bajo el título «Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».

Esa orden ejecutiva autoriza sanciones amplias contra personas que respalden el aparato de seguridad del régimen, sean responsables de represión en la isla u otras amenazas a la seguridad nacional estadounidense.

Las acciones de este jueves también se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14380 y en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5, que instruye al Ejecutivo a promover los derechos humanos, el estado de derecho, los mercados libres y la democracia en Cuba.

¿Quién son las cinco entidades y las ocho personas sancionadas?

Las cinco entidades sancionadas son:

- Tecnoimport, subsidiaria de GAESA que habría importado equipos militares para el MINFAR.

- Duna S.A., señalada por participar en la entrada a Cuba de material militar procedente de China y Rusia.

- Unión de Industria Militar, responsable de producir, reparar y modernizar armamento de las Fuerzas Armadas cubanas.

- Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, dedicada al mantenimiento de helicópteros y aviones militares de fabricación rusa.

-Tecnotex, subsidiaria de GAESA vinculada a los sectores de defensa y seguridad, a la reparación de helicópteros rusos y a anteriores relaciones de cooperación con Corea del Norte.

Entre los ocho funcionarios designados aparecen el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera; el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá Sotolongo.

También figuran sancionados los siguientes responsables las relaciones militares, las finanzas y las compras de armamento del MINFAR:

-Roberto Jesús Viciana Mousset.
-Heriberto Sánchez Alleyne.
-José Antonio Remón Rodríguez.
-Óscar Enrique Biosca Gallego.
-Mónica Milián Gómez, agregada militar en Rusia.
-Waldo Pérez Cortés, agregado militar en China.

Lo que acusa Washington

El comunicado del Departamento de Estado traza un cuadro severo del papel que desempeña el régimen cubano en la región y en la seguridad global.

Según el texto oficial, «el régimen comunista cubano es un patrocinador estatal del terrorismo que utiliza su aparato militar e inteligencia para espiar a Estados Unidos, proporcionar apoyo material a radicales violentos y grupos terroristas, y difundir ideología marxista venenosa dentro de nuestras fronteras y sistema político, mientras sirve como plataforma de lanzamiento para otros adversarios de EE.UU. como Rusia, China e Irán».

El comunicado también apunta directamente al conglomerado empresarial militar GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) como pilar de la cleptocracia y la represión interna:

«Las instituciones militares y de inteligencia de Cuba son también los principales ejecutores de la represión doméstica y nodos de cleptocracia, especialmente a través del conglomerado dirigido por militares GAESA».

Advertencia a bancos y empresas extranjeras

Rubio fue explícito al advertir a actores financieros internacionales sobre las consecuencias de seguir operando con los designados: «Cualquier persona que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada.

Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios o mantengan fondos para estas entidades deben terminar esas actividades de inmediato».

Esta advertencia activa el mecanismo de sanciones secundarias habilitado por la EO 14404, que va más allá del embargo tradicional y puede alcanzar a instituciones financieras de terceros países que continúen haciendo negocios con las entidades bloqueadas.

Una campaña de presión sostenida

Las sanciones de este jueves son el último eslabón de una cadena de medidas que la administración Trump ha aplicado contra Cuba a lo largo de 2026. En mayo, EE. UU. sancionó directamente a GAESA y a su presidenta ejecutiva.

En junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó al MINFAR, a Miguel Díaz-Canel y a otros altos funcionarios.

En julio, se añadieron diez entidades más, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Un día antes de este anuncio, EE. UU. oficializó en el Registro Federal las sanciones adoptadas el 4 de junio.

El Departamento de Estado subrayó que la determinación de Washington no cederá:

«La administración Trump continuará usando todas las herramientas a su disposición para abordar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano, y para impulsar reformas económicas y políticas que den al pueblo cubano un futuro mejor. Como ha dicho el presidente Trump, su determinación es inquebrantable: Estados Unidos no tolerará un Estado paria que albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles a solo noventa millas del territorio estadounidense».