La estrategia que la administración de Donald Trump estaría explorando para Cuba plantea una paradoja que a primera vista puede resultar difícil de entender.
Mientras Washington aumenta la presión para provocar cambios profundos en la isla, simultáneamente, busca dentro del propio régimen cubano a funcionarios con los que podría trabajar en un escenario de transición.
No se trata necesariamente de objetivos contradictorios.
Una investigación publicada por The New York Times ofrece una expresión particularmente útil para entender la lógica que podría estar detrás de esos movimientos: «more regime alteration than regime change», es decir, más una alteración o transformación del régimen que un cambio de régimen en sentido estricto.
La diferencia no es meramente semántica.
En ciencia política, un cambio de gobierno, un cambio de liderazgo y un cambio de régimen describen fenómenos distintos.
Sustituir a un presidente no implica necesariamente modificar las reglas fundamentales que organizan el poder. Incluso reemplazar a buena parte de una élite gobernante puede dejar intactas instituciones, relaciones económicas, fuerzas de seguridad y mecanismos de control.
Un cambio de régimen, en sentido más profundo, supone modificar precisamente esas reglas: quién puede competir por el poder, cómo se accede a él, qué instituciones lo limitan y cuáles son los derechos políticos efectivos de los ciudadanos.
Entre ambos extremos existe, sin embargo, un amplio espacio para procesos híbridos. Y es en ese terreno donde parece situarse parte de la estrategia estadounidense que describe el Times.
El escenario que estaría estudiando Washington no parte necesariamente de destruir inmediatamente todas las estructuras existentes en Cuba.
La administración Trump ha pedido a sus agencias de inteligencia identificar a funcionarios actuales o antiguos del régimen que pudieran asumir responsabilidades de poder y trabajar con Estados Unidos si la presión estadounidense termina provocando una ruptura en la cúpula.
El modelo de referencia es Venezuela.
Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina. Washington la consideró, según el Times, una figura pragmática capaz de garantizar continuidad institucional y, simultáneamente, trabajar estrechamente con Estados Unidos.
El aparato estatal venezolano no desapareció con Maduro. Tampoco fueron sustituidos inmediatamente todos sus funcionarios, instituciones, militares, policías, jueces o administradores.
Lo que cambió inicialmente fue el centro desde el cual se ejercía el poder y la relación de ese poder con Washington. Ese tipo de proceso permite entender mejor el concepto de «regime alteration» empleado por el periódico.
En lugar de destruir primero el sistema para construir después otro, la estrategia consiste en modificar progresivamente su funcionamiento utilizando parte de las estructuras existentes.
La cuestión responde a uno de los problemas clásicos de cualquier transición política: qué ocurre el día después.
Derribar una estructura de poder puede ser mucho más rápido que construir instituciones capaces de sustituirla.
Los Estados autoritarios no están formados exclusivamente por sus dirigentes. Debajo de la cúpula existen ministerios, administraciones provinciales y municipales, empresas públicas, bancos, tribunales, fuerzas policiales, unidades militares, servicios de inteligencia y miles de funcionarios encargados del funcionamiento cotidiano del país.
Cuba presenta además una dificultad adicional después de casi siete décadas de sistema socialista: la frontera entre Estado, Partido Comunista, Fuerzas Armadas, ministerio del Interior y conglomerados económicos controlados por militares se encuentra profundamente entrelazada.
Desmontar simultáneamente todas esas estructuras podría crear un vacío de poder e institucional difícil de gestionar. Por eso las transiciones políticas rara vez parten de cero. Incluso cuando desaparece un régimen, una parte considerable del Estado suele sobrevivir.
La pregunta decisiva pasa entonces a ser qué instituciones deben mantenerse temporalmente, cuáles necesitan reformarse, cuáles deben desaparecer y qué actores del antiguo sistema pueden participar en la transición.
La nueva información del Times revela que el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas podría resultar aceptable para funcionarios estadounidenses y que la administración Trump también podría estar abierta a considerar a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro.
El periódico no afirma que hayan sido escogidos para gobernar Cuba ni que exista una decisión estadounidense al respecto.
Sin embargo, una transición controlada desde dentro puede reducir el peligro de colapso estatal, pero no garantiza por sí misma una transición democrática. La sustitución de una élite por otra procedente del mismo sistema puede producir simplemente una recomposición autoritaria.
La búsqueda de pragmáticos dentro de la élite cubana sugiere, en cualquier caso, que la administración Trump está pensando no solamente en cómo aumentar la presión sobre La Habana, sino también en un problema bastante más complejo: quién gobernaría Cuba al día siguiente y con qué instituciones lo haría.
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