¿Por qué Evo Morales sigue libre pese a las dos órdenes de detención en su contra?

El expresidente boliviano Evo Morales acumula dos órdenes de captura vigentes —una por trata agravada de personas y otra por terrorismo y alzamiento armado— sin que ninguna haya sido ejecutada.

 Según un análisis publicado este domingo por la agencia EFE, la razón central: sus seguidores controlan los accesos al Trópico de Cochabamba, donde el exmandatario permanece refugiado desde finales de 2024.

La primera orden data de octubre de 2024, cuando la Fiscalía de Tarija lo imputó por trata agravada de personas, vinculada a una presunta relación con una menor de edad durante su presidencia, en 2016, con quien habría tenido una hija. Según la investigación, la joven «fue captada» por la llamada Guardia Juvenil y sus padres permitieron que «tenga contacto directo» con Morales y estuviera «a su disposición» en distintos lugares de Bolivia y el extranjero. En mayo de 2026, al no presentarse al inicio del juicio oral, un tribunal lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de aprehensión inmediata, suspendiendo el proceso hasta que comparezca o sea detenido.

La segunda orden llegó el 29 de julio pasado, cuando la Fiscalía de Santa Cruz ordenó su captura por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado e instigación pública a delinquir, entre otros cargos, en relación con los bloqueos de carreteras de mayo y junio de 2026.

Aquellas protestas, impulsadas por campesinos y sectores afines al exmandatario que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, dejaron 16 fallecidos —13 de ellos por no poder recibir atención médica durante los cortes de vías— y pérdidas económicas superiores a 3,000 millones de dólares.

Aunque Morales negó haber pedido la renuncia de Paz, el 24 de mayo publicó en X que el mandatario tenía «dos opciones» ante las protestas: «militarizar el país» o llamar a elecciones en los próximos 90 días.

Desde octubre de 2024, Morales permanece en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político. Centenares de seguidores mantienen una vigilia permanente con varios anillos de seguridad que controlan los accesos a la zona. En octubre y noviembre de ese año, bloquearon carreteras durante semanas para impedir el ingreso de la Policía. En al menos dos ocasiones en los últimos dos años, los agentes se replegaron ante las amenazas de los simpatizantes.

La tensión interna dentro de las propias fuerzas del orden quedó expuesta recientemente cuando el comandante policial Mirko Sokol declaró a un medio local que la captura de Morales «no es una prioridad», citando miles de órdenes de aprehensión pendientes. La afirmación fue desautorizada de inmediato por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien la calificó de «tarea prioritaria detener a Evo Morales».

El propio Morales alimentó la controversia hace dos semanas al compartir en redes sociales un video en el que conversaba con dos policías en un puesto de control mientras conducía. El Ministerio de Gobierno abrió un proceso disciplinario contra esos agentes por «incumplir» resoluciones policiales.

Frente a los cargos, Morales y sus abogados sostienen que los procesos responden a una «intención política» para inhabilitarlo como candidato. En el caso de trata, la defensa alega que «no hay víctima», apoyándose en unos memoriales que la presunta afectada habría presentado ante el tribunal y la Fiscalía en mayo y junio pasados, afirmando no haber sido objeto de ningún delito. El exmandatario, por su parte, aseguró que «nadie debe ser condenado por razones políticas con acusaciones falsas, armadas con pruebas inventadas».

La presunta víctima, junto a su madre e hija, recibió asilo diplomático en Argentina en septiembre de 2025, argumentando persecución por parte del círculo de Morales y de funcionarios del gobierno de Luis Arce, quien fue detenido en diciembre de ese año por presunto uso irregular de fondos públicos.