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Un cuentapropista cubano reveló que inspectoras del Poder Popular le reconocieron abiertamente que su negocio no tenía infracciones, pero que estaban obligadas a multarlo porque «a ellos les exigen que deben llegar con resultados», según una denuncia publicada en la página «Con el otro filo» en Facebook.
La sanción que finalmente le aplicaron al propietario fue por una razón que él mismo calificó de absurda: una dependiente llevaba las uñas pintadas. El hombre explicó que todos los productos de su establecimiento eran envasados de fábrica con su envoltorio original, pero «no se aceptó su inquietud, por lo tanto hay que multar».
Antes de levantar el acta, las inspectoras habrían exigido una «facturita» de productos para consumo personal. Según el relato, la cuenta no bajó de 7,000 pesos por cabeza —y eran dos funcionarias—, y fueron ellas mismas quienes escogieron los artículos de mayor precio cuando el dueño intentó ofrecerles opciones más económicas.
La denuncia también señala una nueva exigencia que afecta a los negocios de gastronomía: contratar con Servicios Comunales para la recogida de basura comercial, bajo el argumento de que los desechos de una cafetería no pueden mezclarse con los domésticos. «No vayas a soñar con eso [que te recojan la basura]... Es solo para tener el contrato y pagar a servicios comunales que también quiere su tajada del negocio», advierte la publicación.
El mecanismo que explica esta dinámica quedó expuesto en diciembre de 2024, cuando el primer ministro Manuel Marrero anunció ante la Asamblea Nacional que, a partir de enero de 2025, los inspectores cobrarían según sus resultados, es decir, según el número e importe de las multas que lograran imponer. Sus salarios base oscilaban entre 5,810 y 7,830 pesos mensuales, equivalentes a entre 17 y 24 dólares en el mercado informal.
Ese sistema de incentivos convierte la multa en un objetivo en sí mismo, no en consecuencia de una infracción real. Las cifras oficiales lo confirman: en 2024 se realizaron 606,303 inspecciones, con 371,333 multas impuestas por más de 980 millones de pesos, y el gobierno desplegó 7,000 inspectores para fiscalizar el sector privado.
Los casos de sanciones arbitrarias se han multiplicado en las últimas semanas. El pasado 20 de abril, un anciano de 81 años en Mayarí, Holguín, fue multado con 21,000 pesos por vender fosforeras y pegamento sin permiso, pese a haber solicitado la licencia más de un año antes sin recibir respuesta. El 23 de abril, un vendedor en Centro Habana recibió dos multas por un total de 46,000 pesos por vender pozuelos.
El patrón se repite a escala nacional. Solo en la tercera semana de febrero de 2026 se registraron 17,000 multas por 65 millones de pesos en todo el país. Entre finales de marzo y principios de abril, la Asamblea Municipal del Poder Popular de Guantánamo realizó 380 inspecciones con 132 inspectores, detectando violaciones en el 86% de los negocios y aplicando 326 multas por casi dos millones de pesos.
El fenómeno de la corrupción asociada tampoco es nuevo. En abril de este año fue capturado en La Habana un falso inspector que estafaba a dueños de negocios privados mediante sobornos disfrazados de inspecciones oficiales, lo que ilustra hasta qué punto el sistema ha normalizado la extorsión como práctica cotidiana.
«Todos en Cuba tenemos un vecino, un familiar o somos víctima directa de estos continuos y diarios asaltos a tablilla armada y tinta en pluma», concluye la denuncia, que cierra con una sentencia directa: «Nuestro gobierno se empeña de manera muy sutil en timar y robar al sector particular».
Preguntas Frecuentes sobre el Sistema de Inspección y Multas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se imponen multas arbitrarias en Cuba?
Las multas arbitrarias en Cuba se imponen debido a un sistema de incentivos que premia a los inspectores por el número de multas que logran imponer. Este sistema, anunciado por el primer ministro Manuel Marrero en diciembre de 2024, establece que los inspectores ganan su salario en función de los resultados, es decir, por la cantidad e importe de las multas impuestas. Esto ha convertido la imposición de multas en un objetivo en sí, no necesariamente en consecuencia de infracciones reales.
¿Qué consecuencias tiene el sistema de multas para los negocios en Cuba?
El sistema de multas afecta gravemente a los negocios privados en Cuba, generando un ambiente de extorsión y corrupción. Los propietarios de negocios enfrentan sanciones por motivos absurdos y son obligados a pagar sobornos para evitar multas más severas. Esta dinámica desalienta la actividad económica privada y perpetúa la corrupción sistémica dentro de las instituciones encargadas de la fiscalización.
¿Cómo afecta la corrupción a la aplicación de multas en Cuba?
La corrupción juega un papel central en la aplicación de multas en Cuba, donde funcionarios aprovechan su posición para extorsionar a los dueños de negocios. Casos de inspectores que exigen productos o dinero a cambio de evitar una multa son comunes. Además, ha habido incidentes de personas que se hacen pasar por inspectores para estafar a los comerciantes, reflejando un sistema profundamente corrupto que afecta la transparencia y equidad en el país.
¿Qué impacto tienen las multas en la economía cubana?
Las multas generan una carga económica desproporcionada para los ciudadanos y afectan negativamente la economía cubana en general. En un contexto donde el salario medio estatal es extremadamente bajo, las multas, que pueden alcanzar sumas exorbitantes, representan una amenaza significativa para la subsistencia de los trabajadores por cuenta propia y los pequeños empresarios. Además, estas prácticas desincentivan la inversión y el crecimiento del sector privado, que es crucial para el desarrollo económico del país.
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