El gobierno cubano anunció que a partir de enero pagará por resultados a los inspectores y cobradores de multas, en medio de la cruzada estatal contra los negocios privados.
El primer ministro Manuel Marrero informó en la Asamblea Nacional del Poder Popular que se aprobó un sistema de pago que mide la eficacia del trabajo de los inspectores y de todos los trabajadores de la oficinas de cobro de las multas.
Según Marrero, el objetivo de este incremento es "hacer justicia" con esas personas que cobran "un salario extremadamente bajo", y salen todos los días a las calles, sin las condiciones de trabajo, a enfrentar violaciones que ocurren en el sector de la venta de alimentos y otros servicios.
"En no pocos casos, enfrentan situaciones complejas donde personas los ofenden, incluso ha habido hasta agresiones y se ha aplicado con todo rigor el peso de la ley", señaló.
"Con estas acciones y otras de apoyo que se están tomando en las provincias, queremos mejorar las condiciones de los inspectores y también todos los que trabajan relacionado con las oficinas del cobro de multas", recalcó.
La semana pasada ocurrió un acto violento en el mercado popular La Cuevita, en el municipio San Miguel del Padrón, La Habana, pero a diferencia de lo planteado por el primer ministro, fue un inspector quien atacó con un cuchillo a un vendedor.
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En el grupo de Facebook "Comida a Domicilio En La Habana", una internauta identificada como Yami La Dura dijo que fue testigo del hecho: "Presencié todo y lo filmé, la culpa fue del inspector, fue una bayoneta que le tiró al cuello. Todo fue muy horrible...".
Algunas personas cuestionaron en la publicación el que el inspector portara un arma blanca.
En ese sentido, Annie Aguilera Tamayo expresó: "La mayoría son delincuentes, personas sin preparación. Eso es lo que crea este país: delincuentes, ladrones, sinvergüenzas. Ya no hay personal que sirva en ningún establecimiento (...) Además, por necesidad y hambre, también hay brutalidad y salvajismo".
No es la primera vez que hechos violentos involucran a vendedores e inspectores.
En agosto, un inspector de la Dirección de Inspección del municipio Las Tunas fue agredido por un vendedor cuando intentaba sancionarlo, informó el Consejo de la Administración del territorio.
Según la nota emitida por el organismo, el inspector "realizaba una acción de control a un trabajador por cuenta propia", al que detectó varias violaciones. Este no estuvo de acuerdo con el requerimiento y arremetió contra el otro con un arma blanca.
En julio, la viceministra de Finanzas, Lourdes Rodríguez, anunció que tenía preparado un ejército de 7,000 inspectores para hacer cumplir el tope de precios máximos para cinco productos básicos: el detergente, la leche en polvo, el aceite de soja, las pastas, el pollo y las salchichas.
Rodríguez puntualizó que a los inspectores se sumarían funcionarios capacitados para hacer cumplir el Decreto 30, que establece el régimen sancionador en el enfrentamiento a las violaciones de precios.
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