Las autoridades federales de Estados Unidos desmantelaron una red que durante una década orquestó más de 1,000 matrimonios falsos entre nacionales chinos y ciudadanos estadounidenses para obtener tarjetas de residencia permanente, informaron las autoridades este miércoles.
El Departamento de Justicia presentó cargos contra 11 acusados a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La operación, con sede principal en Nueva York, funcionó desde al menos 2016 hasta julio de este año y se extendió por ocho estados —Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida y Nevada— e incluso llegó a China y Vanuatu.
El Departamento de Justicia estima que la red generó decenas de millones de dólares.
Según la transcripción de la conferencia de prensa del fiscal general Todd Blanche, los facilitadores usaban redes sociales y publicidad para captar a ciudadanos chinos y emparejarlos con estadounidenses dispuestos a contraer matrimonios simulados.
Los nacionales extranjeros pagaban hasta 100,000 dólares por el servicio, mientras que los ciudadanos estadounidenses recibían hasta 30,000 dólares por participar, y los reclutadores cobraban comisiones de hasta 5,000 dólares por cada persona captada.
Blanche describió el esquema como «una industria artesanal de años de duración y millones de dólares» y subrayó que los cargos «muestran hasta dónde llega la gente para engañar al sistema migratorio».
La acusación revela que los reclutadores preferían captar miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses como cónyuges, lo que añade una dimensión de seguridad nacional al caso.
Para sostener la apariencia de matrimonios legítimos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los acusados organizaban sesiones fotográficas en restaurantes tras las ceremonias, abrían cuentas bancarias y telefónicas conjuntas, y preparaban solicitudes fraudulentas de residencia.
La red empleaba además abogados, preparadores de impuestos y oficiantes de bodas dentro del esquema.
Uno de los elementos más reveladores fueron los contratos prenupciales firmados por las parejas, que eximían a ambas partes de compartir bienes, manutención de hijos y herencias.
Uno de esos documentos, citado en la acusación formal, estipulaba: «excepto en el nombre de esposo y esposa, ambas partes viven de forma independiente y no deben interferir entre sí».
Los 11 acusados —entre ellos Amy Cheng, Xiao Mei Chan, Christine Lu, Gang Zheng y otros— enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial e inmigratorio, con pena máxima de cinco años, y conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros, con pena máxima de diez años.
Este tipo de redes no es nuevo. En 2017, agentes federales desarticularon tramas similares con participación de cubanos, y ese mismo año fueron condenadas 15 personas por organizar matrimonios fraudulentos.
La administración Trump ha intensificado desde 2025 las campañas de detección de fraude migratorio, y el caso del Distrito Sur de Nueva York se perfila como uno de los más grandes en la historia del país por volumen de matrimonios fraudulentos.
Blanche cerró su intervención con una advertencia directa: «Obtener la ciudadanía americana y el estatus legal para residir en esta gran nación es un privilegio sagrado, y garantizaremos que siempre se haga conforme a la ley, protegiendo a nuestras comunidades y la seguridad nacional».
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