Administración Trump intensifica campaña de revocación de la ciudadanía

El Departamento de Justicia presentó casos contra una docena de ciudadanos naturalizados acusados de fraude, delitos graves o vínculos terroristas, en la mayor escalada de desnaturalización en décadas.



Ceremonia de ciudadanía estadounidense (Imagen de referencia) © Flickr / Naoto Sato
Ceremonia de ciudadanía estadounidense (Imagen de referencia) Foto © Flickr / Naoto Sato

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La administración de Donald Trump anunció este viernes una expansión significativa de su campaña de desnaturalización, presentando casos en tribunales federales contra aproximadamente una docena de ciudadanos naturalizados nacidos en el extranjero, acusados de haber obtenido fraudulentamente la ciudadanía, cometido delitos graves o mantener vínculos con el terrorismo.

Los afectados provienen de Bolivia, China, Colombia, Gambia, India, Irak, Kenia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Uzbekistán, y sus casos fueron abiertos simultáneamente en distintos tribunales del país.

Entre los perfiles más llamativos figura un sacerdote católico de origen colombiano condenado por agresión sexual a un menor, un ciudadano nacido en Marruecos con presuntos vínculos con Al Qaeda, y un inmigrante somalí que se declaró culpable de proveer apoyo material a Al Shabaab, organización terrorista designada por Estados Unidos.

El grupo incluye también a un exoficial de policía gambiano presuntamente involucrado en crímenes de guerra, individuos que usaron identidades falsas para solicitar beneficios migratorios y un hombre que contrajo matrimonios fraudulentos para cometer fraude migratorio.

En un anuncio separado, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil para revocar la ciudadanía del exembajador y espía cubano confeso Víctor Manuel Rocha, quien nació en Colombia, comenzó a trabajar para la inteligencia cubana en 1973 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1978 ocultando esos vínculos.

Rocha fue arrestado en diciembre de 2023, se declaró culpable en abril de 2024 y fue sentenciado a 15 años de prisión y una multa de 500,000 dólares. La demanda busca revocar su naturalización de 1978, cancelar su certificado de ciudadanía, confiscar sus pasaportes y prohibirle reclamar beneficios ciudadanos.

El fiscal general en funciones Todd Blanche anticipó la campaña en una entrevista con CBS News el pasado miércoles, afirmando que hay «muchos individuos que son ciudadanos y no deberían serlo».

Blanche precisó que solo «un porcentaje muy pequeño» de los aproximadamente 24 millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos debería preocuparse, y que quienes no obtuvieron ilegalmente su ciudadanía «no tienen nada de qué preocuparse».

«Debemos desincentivar a las personas de cometer fraude cuando van a convertirse en ciudadanos de este gran país», declaró Blanche. «Es una consecuencia drástica cometer fraude para obtener la ciudadanía, igual que es una acción drástica cometer ese fraude».

El anuncio representa una escalada sin precedentes recientes: entre 1990 y 2017 el gobierno federal presentó apenas poco más de 300 casos de desnaturalización, un promedio de 11 por año.

Revocaciones "al máximo"

La escalada actual tiene raíces en decisiones previas de la administración. En junio de 2025, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate emitió un memorando ordenando priorizar estos procedimientos «al máximo».

En febrero de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fijó una meta de entre 100 y 200 remisiones mensuales al Departamento de Justicia para litigio.

Expertos y organizaciones de derechos civiles advierten que esta política podría crear una ciudadanía de «doble nivel» que hace más vulnerable a los naturalizados frente a quienes nacieron en suelo estadounidense.

En procesos civiles, la carga probatoria exigida al gobierno es menor que en procesos penales, lo que amplía el margen de acción del Estado.

En enero de 2026, el presidente Trump ya había anunciado que revocaría la ciudadanía a inmigrantes naturalizados condenados por fraude, declarando que «la ciudadanía es un privilegio, no un derecho».

El Departamento de Justicia prevé ampliar aún más estas revocaciones en los próximos meses.

Preguntas frecuentes sobre la campaña de revocación de ciudadanía en EE. UU.

CiberCuba te lo explica:

¿Por qué la administración Trump está intensificando los procesos de desnaturalización?

La administración de Donald Trump ha intensificado los procesos de desnaturalización como parte de una política más amplia para restringir la inmigración y combatir el fraude en la obtención de la ciudadanía. El objetivo es revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados que obtuvieron su estatus de manera fraudulenta, cometieron delitos o tienen vínculos con el terrorismo.

¿Quiénes son los principales afectados por la campaña de desnaturalización?

Los principales afectados son inmigrantes naturalizados de varios países, incluidos Bolivia, China, Colombia, y Somalia, entre otros. Se enfocan en personas que supuestamente obtuvieron la ciudadanía mediante fraude, tienen antecedentes penales graves, o mantienen vínculos con organizaciones terroristas.

¿Qué implica el proceso de desnaturalización en Estados Unidos?

La desnaturalización es un proceso judicial mediante el cual el gobierno busca anular la ciudadanía de una persona naturalizada. Requiere presentar una demanda en un tribunal federal y probar que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude o tergiversación material. El proceso puede llevar años y no se ejecuta de manera automática.

¿Qué consecuencias tiene la revocación de la ciudadanía?

La revocación de la ciudadanía implica que la persona pierde todos los derechos asociados a ser ciudadano estadounidense, incluyendo el derecho a un pasaporte estadounidense y el acceso a ciertos beneficios. Además, la persona puede enfrentar procesos de deportación.

¿Cuáles son los criterios para determinar el fraude en la naturalización?

El fraude en la naturalización se determina si se demuestra que la ciudadanía fue obtenida mediante tergiversación o falsificación de información durante el proceso migratorio. Esto incluye ocultar antecedentes penales, vínculos con organizaciones terroristas, o cualquier otro fraude material vinculado al proceso de obtención de la ciudadanía.

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