«Se acabó el tiempo para las reformas... hay que marcar rumbo hasta llegar al fondo», afirma académica cubana

La historiadora y académica cubana Ivette García González publicó este viernes en el portal CubaxCuba un artículo en el que concluye que el ciclo reformista en Cuba está definitivamente agotado y que el país necesita una transformación radical del sistema de partido único, no nuevos parches económicos.

En el texto, titulado «El viejo dilema cubano: reforma vs revolución», la autora —doctora en Ciencias Históricas y exprofesora titular de la Universidad de La Habana— sostiene que el régimen ha reciclado durante décadas una misma fórmula: «crisis-reforma-represión de las reformas», con la que mantiene intocable el poder político del trinomio Partido/Gobierno/Estado, que «cuenta con habitantes, no con ciudadanos».

«Si cada vez la crisis se profundiza a pesar de tantos ciclos de reformas, es evidente que el tiempo para reformar se agotó», escribe García González. «El modelo económico, político y social existente ha fracasado, y lo peor, se le impide al pueblo, que debería ser el soberano, cambiarlo».

La académica traza un paralelo histórico entre los ciclos reformistas fallidos del siglo XIX —previos a 1868 y entre 1878 y 1895— y los del siglo XX —a inicios de los treinta y a fines de los cincuenta— para argumentar que, cuando las reformas no producen soluciones reales, el rupturismo termina imponiéndose.

Para explicar la longevidad del régimen cubano, García González recurre al libro Revolución y dictadura, del politólogo Steven Levitsky, que demuestra que los regímenes autoritarios nacidos de una revolución perduran más que otros tipos de dictaduras: al partir de cero, diseñan sus estructuras sobre la base de la lealtad al grupo de poder emergente. Cuba, señala, no es una excepción a esa regla, sino una agravante.

La autora sitúa a Cuba dentro de la llamada «Troika» latinoamericana —junto a Nicaragua y Venezuela— a la que describe como una «extraña familia de dictaduras subdesarrollistas» con rasgos comunes: destrucción de la democracia electoral, ataque al periodismo, corrupción impune, autobloqueo económico y un patrón de comportamiento para perdurar basado en represión, cárcel y exilio.

El artículo evalúa con dureza el paquete de 176 medidas económicas anunciado por el gobierno en junio de 2026. García González las califica de «asalto a la ciudadanía y un cambio fraudulento. Solo económicas, como siempre, cuando por la crisis extrema sienten que peligra el poder. Para respirar y ganar tiempo».

El diagnóstico de la académica coincide con una realidad de colapso sostenido: el Centro de Estudios de la Economía Cubana estimó que la economía cayó alrededor del 5% en 2025, acumulando una contracción de más del 15% desde 2020, mientras la Unidad de Inteligencia Económica proyecta una nueva caída del 7,2% para este año.

En paralelo, Prisoners Defenders registró 1.327 presos políticos al cierre de julio de 2026, nuevo récord histórico, y el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1.415 protestas y expresiones críticas solo en ese mes.

Frente a ese cuadro, García González propone tres medidas inmediatas e interconectadas para una transición genuina: plena libertad al sector privado y al comercio exterior con garantías jurídicas reales y separación de poderes; reconocimiento de la sociedad civil independiente del Estado; y ejercicio efectivo de libertades básicas —expresión, manifestación, asociación, prensa— junto con la liberación de todos los presos políticos.

Este artículo se inscribe en una serie de análisis que la autora ha publicado a lo largo de 2026. En mayo argumentó que las dictaduras no son invencibles y propuso un Movimiento Cívico Nacional basado en la lucha no violenta; en julio afirmó que existe una «profunda contradicción entre el Gobierno cubano y la Revolución que dice representar». El nuevo texto lleva esa línea argumentativa a su conclusión más radical.

«Lo que Cuba necesita hoy no son reformas para corregir abusos», concluye García González, «sino para que deriven, en el menor tiempo posible, no simplemente a una transferencia de poder, sino al poder del soberano para construir un nuevo proyecto de país».