Un tribunal federal de Florida ordenó la liberación de Emmanuel Jesús Gallegos Peña, un cubano que ingresó legalmente a EE.UU. mediante el programa CBP One, recibió parole del gobierno federal y solicitó la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, posteriormente fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin que existiera en ese momento un procedimiento de deportación formalmente iniciado en su contra.
La decisión representa un revés para el gobierno federal con implicaciones directas para miles de cubanos que llegaron por la misma vía y mantienen solicitudes migratorias pendientes.
El caso de Emmanuel Gallegos Peña
Emmanuel Jesús Gallegos Peña entró a Estados Unidos el 10 de octubre de 2023 a través del programa de citas de CBP One.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le concedió parole y abrió inicialmente un procedimiento de deportación mediante una Notificación de Comparecencia (NTA).
Gallegos Peña presentó dentro del plazo correspondiente su solicitud de ajuste de estatus al amparo de la Ley de Ajuste Cubano.
En abril de 2024, un juez de inmigración cerró el procedimiento de deportación con el consentimiento del propio DHS para permitirle continuar con el trámite de residencia permanente.
La situación cambió el 2 de julio de 2026, cuando ICE lo arrestó mediante una orden administrativa I-200.
En ese momento no existía ninguna acusación penal ni un nuevo procedimiento de deportación formalmente iniciado.
La nueva NTA fue emitida diez días después del arresto, un detalle que resultó determinante para el fallo.
«No puede arrestar primero y buscar las razones después»
La jueza federal Sheri Polster Chappell, del Distrito Medio de Florida, concedió el 12 de agosto la petición de habeas corpus —expediente 2:26-cv-02262-SPC-NPM— y ordenó la liberación de Gallegos Peña en un plazo máximo de 24 horas.
Chappell concluyó que el gobierno violó el derecho al debido proceso del cubano.
En su resolución fue directa: «Las autoridades migratorias no cuentan con una capacidad ilimitada para detener personas primero y determinar después los fundamentos que justifican la detención».
El tribunal destacó además que «la evidencia no controvertida mostraba que el cubano había seguido los procedimientos establecidos: ingresó legalmente, presentó oportunamente su solicitud para permanecer en Estados Unidos y no había violado leyes penales ni requisitos migratorios».
La jueza también señaló que el gobierno «no alegó que el agente que efectuó el arresto tuviera la causa probable necesaria para justificar una detención sin orden bajo otra excepción contemplada en la legislación migratoria».
El argumento legal que el gobierno perdió
Los abogados del gobierno argumentaron que Gallegos Peña podía permanecer bajo detención migratoria obligatoria conforme a la sección 1225(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La jueza rechazó esa interpretación apoyándose en un precedente vinculante del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, establecido en 2026 en el caso Hernandez Alvarez v. Warden, Federal Detention Center Miami.
En esa decisión, el tribunal de apelaciones determinó que la sección 1225 «se aplica fundamentalmente a extranjeros que están llegando y buscan entrar al país, mientras que otra disposición, la sección 1226, regula determinadas detenciones de personas que ya se encuentran en el interior de Estados Unidos».
El Undécimo Circuito tiene jurisdicción sobre Florida, Georgia y Alabama, por lo que sus fallos publicados constituyen precedente obligatorio para los tribunales federales de esos estados.
Un fallo con alcance más amplio
El programa CBP One fue cancelado por la administración Trump el 20 de enero de 2025, dejando en situación vulnerable a decenas de miles de personas que habían ingresado por esa vía con parole.
Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre finales de 2024 y comienzos de 2026, mientras que las aprobaciones de residencia permanente para cubanos se desplomaron un 99.8% en el mismo período.
Para los cubanos que ingresaron con CBP One y recibieron parole, la Ley de Ajuste Cubano —vigente desde 1966— representa la principal vía hacia la residencia permanente.
El fallo de Chappell refuerza la posición de quienes, como Gallegos Peña, siguieron todos los pasos legales y aun así fueron detenidos por ICE antes de que se formalizara ningún cargo migratorio en su contra.
El gobierno debía certificar ante la corte la liberación de Gallegos Peña en un plazo de tres días a partir de la orden judicial.
Preguntas frecuentes sobre el fallo de liberación de Emmanuel Jesús Gallegos Peña
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el fallo de liberación de Emmanuel Jesús Gallegos Peña es relevante para otros cubanos en EE. UU.?
El fallo es relevante porque refuerza la posición de miles de cubanos que ingresaron a EE. UU. a través del programa CBP One y recibieron parole, pero que enfrentan detenciones sin que existan cargos migratorios formales en su contra. Esto podría influir en casos similares y proporcionar un precedente legal en contra de detenciones arbitrarias por el ICE.
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¿Qué argumentó la jueza Sheri Polster Chappell en su fallo a favor de Gallegos Peña?
La jueza Chappell determinó que el gobierno violó el derecho al debido proceso de Gallegos Peña, ya que fue arrestado sin que existiera un procedimiento de deportación formalmente iniciado. La jueza enfatizó que las autoridades migratorias no pueden detener a personas primero y buscar razones después para justificar esa detención.
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¿Cuál es la Ley de Ajuste Cubano y cómo beneficia a cubanos como Gallegos Peña?
La Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966, permite a los cubanos que han estado físicamente presentes en EE. UU. durante al menos un año y un día solicitar la residencia permanente. Esta ley es una vía crucial para que cubanos como Gallegos Peña, que ingresaron con parole, ajusten su estatus a residentes permanentes y eviten la deportación.
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¿Cómo afecta la cancelación del programa CBP One a los cubanos en EE. UU.?
La cancelación del programa CBP One por la administración Trump en 2025 ha dejado a muchos cubanos en una situación legal incierta. Muchos que ingresaron bajo este programa enfrentan la revocación de sus paroles y permisos de trabajo, lo que ha incrementado las detenciones y desafíos legales para ajustar su estatus migratorio.
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