Holguín deja proliferar la venta ilegal de combustible mientras solo aplica cuatro multas de 60 pesos

La venta de combustible por parte de nuevos actores económicos prolifera en Holguín en medio de evidentes incumplimientos de las medidas de seguridad previstas para su transportación, almacenamiento y comercialización.

De acuerdo con un investigación publicada este domingo por el periódico oficial ¡Ahora!, son "contados con los dedos de una mano" los lugares certificados para almacenar los volúmenes de combustible que están entrando al territorio a través de los nuevos actores económicos, pese a que las normas vigentes establecen condiciones específicas para estas instalaciones.

Una fuente con amplio conocimiento del tema, cuyo nombre no se reveló ni el organismo al cual representa, explicó que una persona solo puede transportar hasta 20 litros de gasolina en recipientes y no más de 200 litros de diésel. También señaló que en los servicentros no está permitido cargar cantidades superiores a esos límites en recipientes.

El riesgo aumenta durante el trasvase del combustible. Según la fuente, una chispa puede producirse durante la descarga desde una manguera o pistola hacia otro recipiente, incluso sin que exista una llama visible o una persona fumando. Por ello, existen requerimientos específicos para manipular estos productos y para transportar los recipientes.

El problema, según la misma fuente, aparece principalmente en el destino final del combustible. Un supuesto cliente puede comprar 1,000 litros para uso personal y posteriormente comenzar a venderlos, mientras el lugar donde almacena el carburante no constituye una instalación inspeccionable ni certificable para esa actividad.

El primer inspector de Bomberos de Holguín, Rafael, facilitó documentos que establecen los requisitos generales y específicos para la transportación de sustancias combustibles, así como las condiciones que deben cumplir los servicentros y las bases de almacenamiento de petróleo. Estas disposiciones son aplicables tanto al sector estatal como al privado.

Los locales utilizados para almacenar combustible deben contar con ventilación suficiente, extintores, señalización y delimitación adecuadas. Además, las personas encargadas de manipular estas sustancias deben estar debidamente adiestradas.

Sin embargo, de los establecimientos auditables solo se han impuesto cuatro multas, de 60 pesos cada una. La propia investigación consideró que el monto resulta irrisorio y advierte que las sanciones evidencian el alcance limitado del control sobre una actividad que, según las fuentes consultadas, presenta numerosas irregularidades.

Las disposiciones también establecen medidas para los particulares que almacenan combustible, entre ellas mantener los recipientes en lugares seguros, frescos y ventilados, nunca expuestos al sol y fuera del alcance de los niños, además de evitar fumar cerca de ellos.

La investigación encontró además dificultades para obtener información oficial actualizada sobre las acciones emprendidas para controlar esta situación. Algunas fuentes indicaron que necesitaban autorización para ofrecer datos, mientras otras no respondieron pese a la insistencia.

El reporte también señala la responsabilidad de los propietarios que arriendan inmuebles para estas actividades. Quienes permitan el almacenamiento irregular de combustible o productos peligrosos en sus propiedades pueden responder por las violaciones, mientras que los arrendatarios tienen la obligación de cumplir las normas de seguridad y obtener las certificaciones correspondientes antes de operar.

El resultado descrito es un escenario en el que la comercialización de combustible se expande, mientras las condiciones exigidas para garantizar su almacenamiento y manipulación no parecen acompañar ese crecimiento y el control aplicado hasta ahora se limita a cuatro multas de apenas 60 pesos.

En junio, en su tercera Sesión Ordinaria de la X Legislatura, la Asamblea Nacional del Poder Popular autorizó a las formas de gestión no estatal comercializar combustible como parte de las nuevas medidas económicas del país.

Esa autorización exige el cumplimiento de normas estrictas: los locales deben estar aprobados por el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU) y certificados por el Cuerpo de Bomberos antes de iniciar cualquier actividad de almacenamiento o venta.

A mediados de agosto, bomberos de Guantánamo alertaron sobre violaciones similares en negocios privados de toda Cuba, debido al uso de tanques plásticos para grandes volúmenes, ausencia de puesta a tierra y falta de muros de contención.

En Matanzas, las autoridades pusieron en marcha días atrás inspecciones de combustible en carreteras para detectar mezclas con aceite dieléctrico robado de transformadores, en una provincia que concentra 60 % de los robos de ese producto en el país.

Según datos de Reuters, para finales de julio casi 200 empresas cubanas habían recibido autorización para distribuir combustible al por mayor, una expansión acelerada del sector que las estructuras de inspección y control del régimen no han podido, o no han querido, fiscalizar con la misma velocidad.