El acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y Venezuela no puede analizarse únicamente por sus barriles, sus inversiones o sus posibles ingresos para Caracas.
El pacto también revela hasta qué punto ha cambiado la naturaleza de la relación entre Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Desde enero, la administración Trump ha sostenido que su objetivo final es una Venezuela democrática, pero ha construido ese proceso trabajando fundamentalmente con quienes controlan el Estado: Delcy Rodríguez y el sector del chavismo que permanece en el aparato institucional.
Al mismo tiempo, los dirigentes que encarnaron la principal alternativa electoral al madurismo han tenido una participación mucho más limitada.
La diferencia no es menor.
María Corina Machado fue recibida por Donald Trump en la Casa Blanca y posteriormente mantuvo contactos con Marco Rubio.
Por su parte, Edmundo González conserva el respaldo de legisladores estadounidenses que consideran que la oposición obtuvo la victoria en las elecciones de 2024. Pero ninguno de los dos forma parte del núcleo del mecanismo de negociación que Washington ha impulsado con Caracas.
En cambio, Delcy Rodríguez se ha convertido en una interlocutora habitual de la Casa Blanca, mientras su gobierno negocia directamente con Estados Unidos cuestiones tan sensibles como petróleo, seguridad, ingresos públicos, sanciones y reconstrucción.
Ese contraste constituye el verdadero contexto político del acuerdo petrolero.
Washington eligió primero a quien controla el Estado
La decisión estadounidense tiene una explicación evidente.
Después de la captura de Nicolás Maduro, Washington se encontró con una situación paradójica: la estructura política que había sostenido al antiguo régimen seguía controlando buena parte de las instituciones, las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad.
Rubio lo explicó en enero ante el Senado al señalar que quienes tenían las armas y controlaban las instituciones seguían siendo los mismos elementos del antiguo régimen. Su razonamiento fue que Estados Unidos necesitaba trabajar con esa realidad para evitar el colapso del Estado y conducir después a una transición.
La estrategia tenía lógica. Una transición no puede ejecutarse sobre las ruinas de un Estado incapaz de gobernar.
Pero contiene una vulnerabilidad conocida: el interlocutor que resulta indispensable para estabilizar el país puede convertirse también en el actor con mayor capacidad para condicionar la transición.
Durante los primeros meses, Washington optó claramente por administrar esa contradicción mediante cooperación.
La relación llegó a tal punto que la administración levantó sanciones que pesaban sobre Delcy Rodríguez, una decisión cuestionada por senadores que recordaron que ella había formado parte del núcleo de poder de Maduro y que había sido sancionada precisamente por su papel en el aparato autoritario.
Jeanne Shaheen y Elizabeth Warren reclamaron a Rubio y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, una explicación detallada de esa decisión.
La pregunta de los senadores fue esencialmente esta: ¿qué cambios concretos justificaban premiar a una figura del antiguo régimen con alivio de sanciones?
Esa pregunta se volvió más relevante cuando las negociaciones políticas comenzaron a avanzar.
El problema no es que Washington hable con Delcy
Negociar con un gobierno interino que controla el Estado no es, por sí mismo, una concesión ilegítima.
La cuestión es qué lugar ocupa esa interlocución en relación con el objetivo democrático declarado por la administración Trump.
En agosto, las primeras conversaciones formales entre el gobierno y la oposición se produjeron entre Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y principal negociador del Ejecutivo, y Dinorah Figuera, antigua presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y dirigente de Primero Justicia.
María Corina Machado y Edmundo González quedaron fuera de ese mecanismo.
Chatham House consideró preocupante la estructura de esas conversaciones y señaló que la primera reunión ni siquiera se produjo presencialmente y que las declaraciones posteriores eran demasiado vagas para demostrar avances sustanciales hacia una transición.
La decisión tiene una explicación posible desde el pragmatismo: una negociación necesita interlocutores capaces de sentarse con el adversario y buscar acuerdos.
Pero tiene también una consecuencia política evidente: los actores que negocian son los que terminan dando forma al nuevo equilibrio de poder.
Y ahí vuelve a aparecer Machado.
Machado sigue siendo importante para Washington, pero está menos presente en la mesa
Trump no ha roto con Machado. Rubio tampoco.
La dirigente opositora se reunió con el secretario de Estado y continúa describiendo su relación con la administración en términos positivos. El problema no es la ruptura.
El problema es la centralidad.
Machado no está participando en las negociaciones que están definiendo la estructura política inmediata de Venezuela. Tampoco González. Ambos han sostenido que evaluarán el proceso por sus resultados y han exigido condiciones concretas: liberación de presos políticos, garantías para todos los actores, restauración institucional y un calendario electoral.
Eso deja a Washington en una posición delicada. La administración necesita que Delcy coopere para gobernar el presente. Pero necesita también que la oposición tenga suficiente peso para determinar el futuro.
Si la primera relación se vuelve mucho más profunda que la segunda, la transición corre el riesgo de adquirir un sesgo institucional antes de que los venezolanos puedan pronunciarse en unas elecciones.
El Congreso está señalando precisamente este problema
La preocupación no procede exclusivamente de los demócratas.
El 4 de agosto, Ted Cruz y Jeanne Shaheen presentaron una resolución bipartidista sobre Venezuela que exige elecciones libres y justas, la liberación de todos los presos políticos y garantías para que María Corina Machado y otros dirigentes puedan regresar y participar libremente.
Entre los copatrocinadores figuran republicanos y demócratas: Rick Scott, Dick Durbin, Tim Kaine, Adam Schiff y Jacky Rosen.
El presidente republicano de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Brian Mast, había pedido días antes que las negociaciones produjeran un camino claro hacia elecciones libres y justas.
Es decir, hay una preocupación transversal en el Capitolio: la estabilización puede ser necesaria, pero no puede convertirse en el sustituto de la transición.
Esa es también la cuestión que está detrás del acuerdo petrolero.
El petróleo cambia los incentivos
Hasta ahora, Washington necesitaba a Delcy principalmente por una razón política: controlaba el Estado venezolano.
Ahora existe una segunda razón: el acuerdo petrolero crea una relación económica de enorme escala.
La administración Trump ha anunciado una inversión potencial de hasta 100.000 millones de dólares, el desarrollo de 17 campos y derechos estadounidenses sobre parte de la producción. El acuerdo se articula en torno a North American Blue Energy Partners y al empresario Alejandro Betancourt, mientras persisten dudas sobre algunas de sus condiciones jurídicas y financieras.
Eso significa que Washington tiene a partir de ahora intereses materiales de largo plazo asociados al funcionamiento del Estado venezolano y a la estabilidad de las estructuras que gestionan la industria petrolera.
No significa que quiera preservar a Delcy. Pero sí significa que la estabilidad deja de ser solo un objetivo político. También se convierte en una condición económica.
Y cuando estabilidad y transición entran en conflicto, esa diferencia importa.
El riesgo está en la secuencia
Rubio presentó originalmente su estrategia venezolana como un proceso de tres fases: estabilización, recuperación y transición.
El problema aparece si las dos primeras fases producen resultados más rápidamente que la tercera.
La secuencia deseada sería: estabilizar → recuperar → institucionalizar → celebrar elecciones.
La secuencia de riesgo sería: estabilizar → recuperar → invertir → consolidar relaciones → posponer elecciones.
En la primera, la economía prepara la democracia. En la segunda, la economía puede terminar haciendo más valiosa la continuidad.
Ese riesgo no requiere una conspiración. Puede surgir simplemente de los incentivos.
Cuanto mayor sea la inversión estadounidense, mayor será el interés de Washington en que exista previsibilidad. Cuanto más integrada esté la administración con el gobierno interino, mayor será el coste de una ruptura abrupta.
Cuanto más tiempo pase, más difícil será distinguir entre un gobierno de transición y un nuevo gobierno de hecho.
El verdadero test para Rubio
El acuerdo puede resultar extraordinariamente beneficioso para Venezuela.
La recuperación de su industria petrolera puede generar inversión, empleo, divisas e infraestructura. También puede ser un triunfo estratégico para Estados Unidos. Pero para Rubio el criterio de éxito es más exigente.
La pregunta no es solamente si Venezuela produce más petróleo dentro de tres o cinco años.
Es si, cuando lo haga, los venezolanos podrán elegir libremente quién administra esa riqueza y bajo qué instituciones.
Porque una Venezuela económicamente recuperada pero políticamente tutelada seguiría teniendo pendiente la parte más importante del programa que Rubio anunció en enero.
Y aquí conviene recordar algo que el propio Congreso está reclamando a la administración: unas elecciones libres requieren mucho más que una fecha. Requieren presos políticos liberados, libertad para organizar partidos, libertad de prensa, instituciones electorales creíbles y seguridad para todos los candidatos, incluida Machado.
El acuerdo petrolero no demuestra que Washington haya abandonado esos objetivos. Pero sí hace que la pregunta sea más urgente.
Cuanto más profunda sea la relación económica con el gobierno interino, mayor será la necesidad de demostrar que Delcy Rodríguez es un puente hacia la transición y no el centro de un nuevo equilibrio político.
Ese será el verdadero examen de la estrategia de Rubio. No quién controla el petróleo.
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