El economista cubano Pedro Monreal publicó este viernes un análisis en el que advierte que la reforma más reciente a la ley de inversión extranjera de Cuba flexibiliza aspectos operativos, pero deja sin respuesta la pregunta que más importa a cualquier inversionista: si la inversión fracasa, ¿se podrá cobrar?
El análisis, titulado «Ley de inversión extranjera: la diáspora cubana, invitada a invertir y desprotegida al litigar», se centra en el Decreto-Ley 128/2026, firmado por el Consejo de Estado el 28 de julio de 2026 y publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 73 apenas un día antes, el 3 de septiembre.
Monreal aclara desde el inicio que la norma no crea una nueva ley de inversión extranjera, sino que modifica artículos puntuales de la Ley 118 de 2014, y que sus observaciones parten de la perspectiva de un economista, no de un jurista.
Entre los cambios concretos que introduce el decreto figuran la eliminación de la obligatoriedad de contratar trabajadores a través de entidades empleadoras estatales —lo que permite la contratación directa—, la sustitución de la autorización previa del Banco Central de Cuba para abrir cuentas en bancos del exterior por una simple notificación, y la facultad otorgada a los órganos de dirección de empresas mixtas y de capital totalmente extranjero para decidir el destino de sus utilidades.
Sin embargo, el economista señala que ninguna de esas modificaciones toca el Capítulo XVII de la Ley 118, que regula la resolución de conflictos entre inversionistas y el Estado cubano.
«La norma revisada flexibiliza servicios bancarios, utilidades y contratación, pero no rediseña las garantías procesales del inversionista. De hecho, no modifica el Capítulo XVII 'Del régimen de la solución de conflictos'», escribió Monreal.
Ese capítulo establece que los conflictos se dirimen según lo pactado en los documentos constitutivos, con posibilidad de acudir a la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular o a instancias arbitrales conforme a la legislación cubana, sin acceso garantizado a arbitraje internacional independiente.
«En términos prácticos, el Capítulo XVII de la Ley 118/2024 revisada indica que, si surge un conflicto, será difícil someterlo a un árbitro neutral y ejecutar una decisión favorable», advirtió el economista.
El análisis se produce en medio de una oleada de reformas legales que el régimen cubano ha presentado como una apertura histórica para captar capital de la diáspora, en el contexto de una severa crisis económica.
En abril de 2026, el Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley 117/2026, que creó la categoría migratoria de «Inversores y de Negocios» para cubanos residentes en el exterior, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo. Esa figura permite a emigrados invertir en mipymes, abrir cuentas en divisas, participar en fondos de inversión y desarrollar negocios agrícolas con tierras en usufructo.
En julio, el Decreto 153/2026 modificó el reglamento de la Ley 118 para agilizar la evaluación y aprobación de inversiones. A pesar de esa secuencia de aperturas, Monreal ha sostenido de manera consistente a lo largo de 2026 que sin garantías jurídicas reales —arbitraje independiente, fondos de garantía contra riesgos políticos, protección frente a expropiación y compromisos de no retroactividad regulatoria— muchos emigrados preferirán seguir enviando remesas antes que arriesgar capital en la isla.
El subtítulo que eligió para su análisis resume su posición: «Flexibilización de la inversión extranjera sin reducir el riesgo de impago».
«La reciente revisión de la ley cubana de inversión extranjera no responde con suficiente claridad una pregunta decisiva para cualquier comité de inversión: 'si esto sale mal, ¿podremos cobrar?'», concluyó Monreal, quien dejó abierta la puerta a que juristas complementen el análisis desde su área de especialidad.
Preguntas frecuentes sobre la nueva ley de inversión extranjera en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cambios introduce el Decreto-Ley 128/2026 en Cuba?
El Decreto-Ley 128/2026 modifica la Ley 118 de Inversión Extranjera de 2014, permitiendo la contratación laboral directa, eliminando la autorización previa del Banco Central para abrir cuentas en bancos extranjeros y otorgando autonomía a empresas con capital extranjero para gestionar sus utilidades. Sin embargo, no ofrece garantías procesales a los inversionistas en caso de conflictos con el Estado cubano.
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¿La nueva ley ofrece protección a los inversionistas extranjeros en Cuba?
No, la nueva ley no ofrece garantías jurídicas reales para los inversionistas. El Capítulo XVII de la Ley 118, que regula la resolución de conflictos, no fue modificado, lo que significa que los inversionistas no tienen acceso garantizado a un arbitraje internacional independiente y enfrentan dificultades para ejecutar decisiones favorables en caso de disputas.
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¿Cuál es el objetivo del régimen cubano al flexibilizar la ley de inversión extranjera?
El régimen cubano busca atraer capital de la diáspora y de inversionistas extranjeros mediante una aparente apertura económica. Sin embargo, sigue sin ofrecer cambios estructurales que aseguren protección legal y económica a los inversionistas. La medida se enmarca en un contexto de severa crisis económica, con el objetivo de captar divisas y aliviar las dificultades financieras del país.
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¿Qué riesgos enfrentan los inversionistas extranjeros en Cuba según el análisis de Pedro Monreal?
Según Pedro Monreal, los inversionistas enfrentan el riesgo de impago y falta de garantías jurídicas. La normativa cubana no asegura un marco de arbitraje independiente, y los inversionistas podrían encontrar difícil someter disputas a un árbitro neutral, lo que incrementa el riesgo de no poder recuperar sus inversiones si surgen conflictos.
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¿Cómo afecta la nueva ley a los cubanos residentes en el exterior interesados en invertir en Cuba?
La nueva ley permite a los cubanos residentes en el exterior invertir en mipymes y otras modalidades económicas sin la restricción de residir permanentemente en la isla. Sin embargo, la falta de garantías jurídicas y el control estatal sobre el proceso de inversión podrían desincentivar a muchos potenciales inversionistas de la diáspora, quienes podrían preferir seguir enviando remesas en lugar de arriesgar capital directamente.
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