La revista The Economist publicó un duro editorial en el que califica el acuerdo petrolero entre Donald Trump y el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez como «audaz pero turbio» y advierte que genera incentivos perversos para frenar cualquier transición democrática en Venezuela.
El pacto, anunciado por Trump a finales de agosto y descrito por él mismo como «el mayor acuerdo petrolero de la historia del mundo», otorga a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones sobre 17 campos petroleros venezolanos con reservas probadas de aproximadamente 65,000 millones de barriles.
A cambio del respaldo de Washington, el Pentágono recibe una participación del 35% en NABEP y derechos sobre su producción, lo que garantiza a Estados Unidos el derecho de primera opción de compra sobre campos que representan una quinta parte de las reservas venezolanas durante los próximos cien años, con algunas adquisiciones a precio de descuento.
The Economist identifica tres señales de alarma que, a su juicio, hacen del acuerdo algo «lamentable».
La primera: «fue negociado con un régimen ilegítimo que robó las últimas elecciones».
La segunda: el socio privado elegido por Trump, Alejandro Betancourt, jefe de NABEP, es una figura profundamente controvertida en Venezuela por su historial de negocios con el chavismo y por haber sido investigado —aunque nunca formalmente acusado— por autoridades de Estados Unidos y Europa.
La tercera señal de alarma apunta directamente a Trump: el día siguiente al anuncio del acuerdo, el presidente declaró que se quedaría con «todo» el petróleo venezolano, unas palabras que la revista califica de «fanfarronería imperialista» con capacidad de encender el rechazo de los venezolanos.
El editorial subraya que cualquier gobierno venezolano elegido democráticamente podría cuestionar un pacto que entrega tanto control a Washington sobre los recursos del país, lo que a su vez disuade a los grandes inversores.
Las principales petroleras internacionales siguen siendo cautelosas, aunque Chevron anunció por separado una inversión de 7,000 millones de dólares en sus operaciones venezolanas ya existentes.
El argumento más grave de la publicación apunta al corazón político del acuerdo: el flujo de dinero y la recaudación fiscal que generará crean incentivos para que actores poderosos bloqueen la transición democrática.
Betancourt, «bien conectado tanto en Caracas como en Mar-a-Lago, tiene todas las razones para susurrarle a Trump que apresurarse hacia elecciones libres podría arruinar su bonanza petrolera», señala la revista. Rodríguez, añade, no dudará en reforzar ese mensaje.
Delcy Rodríguez, por su parte, afirmó que el proyecto podría eventualmente producir más de 1.5 millones de barriles diarios, lo que elevaría la producción total venezolana a 2.5 millones, equivalente a tres cuartas partes de los niveles previos a Hugo Chávez. Sin embargo, no ofreció un cronograma claro ni precisó de dónde provendrían los más de 100,000 millones de dólares que requeriría semejante expansión.
The Economist reconoce que algunos funcionarios de la administración Trump, en particular el secretario de Estado Marco Rubio, «entienden claramente que una Venezuela democrática es deseable y está en el interés de Estados Unidos».
En teoría, Washington podría usar su poder sobre NABEP para exigir competencia transparente en la industria petrolera venezolana y abrir espacio a la oposición.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado ya había advertido que un acuerdo de esa magnitud solo puede firmarlo un gobierno democráticamente electo, con legitimidad, Estado de derecho y transparencia, condiciones que el régimen de Rodríguez no cumple.
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