El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló las condiciones que Washington considera necesarias para culminar la transición democrática en Venezuela, desde la celebración de elecciones libres hasta el regreso seguro de dirigentes exiliados y la participación política de los millones de venezolanos que viven fuera del país.
Durante una entrevista con el periodista Sergio Novelli, Rubio dejó claro que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez es concebido por Washington como una estructura temporal y no como el destino final del proceso iniciado tras la captura de Nicolás Maduro.
«Nuestro deseo y nuestra meta aquí no es crear un sistema permanente, que el sistema actual se convierta en el sistema permanente», afirmó durante una entrevista.
«Al final, llegará el momento en que Venezuela tiene que ser gobernada por un gobierno democráticamente electo», agregó.
Las declaraciones cobran especial relevancia después del nuevo acuerdo petrolero anunciado por la administración de Donald Trump, que profundiza considerablemente los vínculos económicos entre Estados Unidos y Venezuela, y que Rubio presenta como una pieza de la recuperación necesaria para llegar a la etapa democrática.
Recuperar la economía antes de culminar la transición
La estrategia diseñada por Washington tras la caída de Maduro fue presentada por Rubio a comienzos de año en tres grandes fases: estabilización, recuperación económica y transición política.
La lógica de esa secuencia es que el futuro gobierno elegido democráticamente no reciba un Estado completamente colapsado. «No queremos que ellos vayan a heredar un desastre económico, un desastre de país», explicó Rubio en la entrevista.
El petróleo ocupa un lugar central en esa estrategia. El reciente acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP) contempla la explotación de 17 campos petroleros venezolanos y fuertes inversiones para aumentar su capacidad productiva.
Según Rubio, la recuperación del sector debe generar ingresos para el Estado y crear las condiciones económicas que permitan sostener posteriormente un sistema democrático estable.
El secretario denunció que durante el chavismo buena parte de la riqueza petrolera terminó beneficiando a dirigentes vinculados al poder y a aliados internacionales. Mencionó específicamente a Cuba, Rusia y China, y sostuvo que el nuevo modelo debe conseguir que los recursos regresen al Estado y sean utilizados en beneficio de los venezolanos.
Rubio explicó además que, a corto plazo, Estados Unidos puede controlar mediante auditorías de KPMG el dinero generado bajo el nuevo esquema. A largo plazo, sin embargo, sostuvo que esos recursos deberán quedar bajo responsabilidad de un gobierno legítimo surgido de las urnas.
El planteamiento conecta directamente la recuperación económica con el objetivo político de Washington: atraer inversión, reconstruir la capacidad del Estado y posteriormente transferir ese aparato a autoridades democráticamente elegidas.
El acuerdo petrolero introduce, no obstante, una nueva tensión en ese proceso. Estados Unidos está construyendo una relación económica de largo alcance con las autoridades interinas mientras continúa pendiente el objetivo final de unas elecciones democráticas.
Washington sostiene que la estabilización y la recuperación son necesarias para llegar a ese punto. El desafío será que esos avances económicos no terminen consolidando como permanente un gobierno concebido inicialmente como transitorio.
Elecciones «lo más pronto posible», pero no inmediatamente
Rubio aseguró que las elecciones deben celebrarse «lo más pronto posible», aunque evitó establecer una fecha.
«Todo el mundo entiende que eso tiene que ocurrir, porque al final del día Venezuela no puede llegar a donde tiene que llegar sin tener un gobierno legítimo», afirmó.
El secretario advirtió, sin embargo, que celebrar elecciones inmediatamente utilizando las estructuras heredadas del chavismo no garantizaría un proceso democrático.
«Si mañana hay elecciones en Venezuela, van a utilizar la maquinaria existente. Claro, esa maquinaria no te va a dar un sistema. Hay muchas cosas que limpiar», sostuvo.
Entre las condiciones que considera imprescindibles mencionó que los partidos opositores dispongan de tiempo, espacio y recursos para organizarse y hacer campaña; que exista una prensa libre donde puedan expresarse todos los candidatos; un Consejo Nacional Electoral reconocido como legítimo; un sistema de votación confiable y observación internacional.
También reclamó garantías de seguridad para quienes participen en el proceso político.
El planteamiento coincide con la posición expresada por Trump en julio, cuando aseguró que Venezuela todavía «no está realmente lista» para celebrar elecciones, aunque destacó los avances registrados desde la salida de Maduro.
«Aquí no queremos» otra Nicaragua
Rubio recurrió al caso de Nicaragua para explicar por qué Washington no considera suficiente organizar rápidamente unas elecciones y dar por terminada la transición.
Recordó que la oposición nicaragüense derrotó electoralmente al sandinismo en 1990, pero Daniel Ortega regresó posteriormente al poder y terminó reconstruyendo un sistema autoritario.
«A los pocos años regresó el sandinismo y se apoderó del país y perdieron su libertad. Aquí no queremos eso», afirmó. El objetivo, explicó, es construir «una democracia y una república permanente para el futuro de Venezuela».
La prioridad, por tanto, no sería únicamente fijar una fecha electoral, sino modificar las condiciones institucionales que permitieron al chavismo controlar durante décadas los poderes públicos.
Ese proceso ya ha comenzado. En agosto se instaló formalmente una mesa de negociación entre representantes del gobierno interino y de la Asamblea Nacional elegida en 2015, reconocida durante años por Washington como representación legítima venezolana.
El primer ciclo de conversaciones produjo un acuerdo para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia, uno de los pasos dirigidos a reconstruir las instituciones antes de las futuras elecciones.
Rubio adelantó en la entrevista que representantes de la Asamblea Nacional de 2015 volverán a reunirse el próximo mes. «Esas negociaciones les corresponden a los venezolanos. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguir facilitando e insistiendo», afirmó.
María Corina Machado tiene derecho a regresar
Otro elemento que Rubio considera indispensable para una transición legítima es el regreso de los dirigentes políticos obligados a abandonar Venezuela.
Preguntado específicamente por María Corina Machado y su intención de volver al país, aseguró que la líder opositora no necesita autorización de Washington.
«María Corina Machado es una ciudadana venezolana que tiene todo el derecho a entrar a su país cuando ella quiera regresar», respondió.
Rubio afirmó que Estados Unidos ha expresado preocupación por su seguridad y considera necesario garantizarla. «Ella tiene todo el derecho a regresar. Ella es ciudadana de Venezuela», insistió.
El secretario expresó además su admiración por Machado, pero amplió el planteamiento a otros dirigentes opositores que permanecen fuera del país.
«Es importante que todos esos elementos, si quieren, puedan regresar y participar en la vida política de Venezuela de una manera en que no haya peligro para ellos y que se les dé el espacio necesario para participar», señaló.
La cuestión resulta especialmente significativa porque Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte del núcleo de las negociaciones que actualmente mantienen el gobierno interino y el sector opositor representado por la Asamblea Nacional de 2015.
Ambos han condicionado su respaldo al proceso a que produzca resultados concretos, entre ellos la liberación de presos políticos, la recuperación de las instituciones democráticas y la definición de un camino hacia elecciones presidenciales.
La diáspora también debe participar
Rubio extendió las garantías políticas a los millones de venezolanos que abandonaron el país durante las últimas décadas.
Mencionó específicamente a quienes viven en Estados Unidos, España y Panamá, y defendió su derecho a intervenir en el futuro político de Venezuela, independientemente de que decidan regresar definitivamente.
«Algunos regresarán, otros no van a regresar. Pero quieren participar, quieren, por ejemplo, votar desde el extranjero», afirmó.
Según Rubio, los más de siete u ocho millones de venezolanos que abandonaron el país por circunstancias económicas, políticas o ambas deben desempeñar «un papel clave» en su futuro.
La hoja de ruta que describe Washington intenta así conectar dos procesos que avanzan simultáneamente: reconstruir una economía devastada y desmontar las estructuras institucionales que hicieron posible la permanencia del chavismo en el poder.
El nuevo acuerdo petrolero puede acelerar considerablemente el primero. El verdadero desafío para la administración Trump será conseguir que esa estabilidad económica sirva para llegar al segundo objetivo y no para postergarlo.
Rubio dejó claro en la entrevista cuál considera que debe ser el punto final: un país estabilizado, con instituciones capaces de sostenerse más allá de quién gobierne y con un gobierno legitimado mediante elecciones libres.
Para Washington, según su planteamiento, la transición no termina cuando Venezuela vuelva a producir riqueza, sino cuando sean los venezolanos quienes puedan elegir democráticamente quién administra esa riqueza y bajo qué instituciones.
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