El economista cubano Mauricio de Miranda planteó que la reconstrucción de Cuba requerirá un programa de asistencia económica de gran escala, comparable al Plan Marshall europeo de posguerra.
Su propuesta, explicada en el III Foro DDC «Para la Cuba de mañana», organizado por Diario de Cuba en Madrid, condiciona el plan de reconstrucción a un cambio político hacia la democracia y a garantías institucionales sólidas.
De Miranda fue categórico al señalar que ese «torrente de capital» es incompatible con el modelo actual: «No estarían disponibles en un gobierno totalitario que tiene el control de todos los mecanismos de poder con una empresa como GAESA, que es un monopolio financiero y militar que controla lo más importante de la economía del país y que se rige por criterios militares y que no rinde cuentas a la sociedad».
El académico, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, subrayó que la ausencia de rendición de cuentas es uno de los males estructurales del régimen: «Ni el parlamento se los pide, ni los tribunales, ni la Contraloría General de la República, absolutamente nada».
Para De Miranda, el diagnóstico es inapelable: «El modelo de economía centralmente planificada en Cuba colapsó», y medidas como la llamada Tarea Ordenamiento no hicieron sino agravar la situación, pues la calificó de «total y completamente errada» y «un desastre».
El resultado, dijo, es que «Cuba se ha empobrecido, su subdesarrollo se ha profundizado y hoy por hoy Cuba es más dependiente, internacionalmente hablando, que lo que era Cuba en los años 60».
Frente a ese cuadro, el economista abogó por una economía social de mercado en la que el mercado asigne los recursos, pero con un Estado democrático que regule sin asfixiar. Criticó que en Cuba «a menudo se confunde la palabra regulación con control», y defendió que salud y educación universales deben ser derechos garantizados por las instituciones, no mercancías.
Propuso reemplazar el actual aparato estatal «paquidérmico» por uno más pequeño y eficiente, que conviva con un sector privado potente y socialmente responsable. «Es muy importante tener en cuenta que la economía del país está relacionada con el sistema político», advirtió.
En cuanto al financiamiento, De Miranda identificó tres fuentes: la cooperación internacional de gobiernos, el capital privado de la comunidad cubana en el exterior y el reingreso de Cuba a los organismos multilaterales de crédito.
Recordó que la Isla fue miembro fundador del FMI y del Banco Mundial en 1944, y que la Carta de La Habana de 1947 dio sustento legal al sistema multilateral de comercio. «Cuba abandonó incorrectamente [esas instituciones], eso fue un craso error», afirmó.
En materia productiva, descartó los modelos de industrialización sustitutiva de los años 60, apostó por proteger la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria e insertar la industria cubana en cadenas globales de valor.
Las propuestas de De Miranda se inscriben en un debate que ha ganado fuerza a lo largo de 2026.
En julio, el economista integró el grupo «Cuba Transformación» junto a Pedro Monreal, Omar Everleny, Ricardo Torres y Pavel Vidal, que presentó una hoja de ruta en tres fases para transitar hacia una economía social de mercado con Estado de derecho democrático.
Por su parte, el empresario cubanoamericano Carlos Saladrigas estimó en marzo de 2026 que la primera fase de estabilización costaría entre 6,000 y 10,000 millones de dólares, financiados principalmente por la diáspora y Estados Unidos, en un esquema que también denominó «Plan Marshall» para Cuba.
Un grupo de expertos en Miami calculó en julio que la reconstrucción integral podría alcanzar entre 275,000 y 375,000 millones de dólares en un plazo de 10 a 15 años.
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