Alejandro Betancourt López, el empresario venezolano elegido por la administración Trump como intermediario clave en su nueva estrategia petrolera en Venezuela, construyó su entrada al sector del crudo a través de una estructura empresarial compartida con Gazprombank, el banco estatal ruso sancionado por Washington en 2024 por financiar la guerra en Ucrania.
La paradoja es mayúscula: la Casa Blanca ha justificado el acuerdo petrolero con Venezuela precisamente como una forma de reducir la influencia de Rusia y China en el país caribeño, mientras que altos funcionarios en Washington han defendido a Betancourt como un «operador probado», capaz de aumentar rápidamente la producción.
Una pesquisa de ABC elaborada por un grupo de investigadores venezolanos en Washington sitúa en el centro de esa relación una sociedad constituida en Países Bajos, Gazprombank Latin America Ventures, a través de la cual los socios de Betancourt y los intereses rusos participaron en Petrozamora, la empresa mixta que explotaba campos petroleros junto a PDVSA.
El Estado venezolano conservó el 60% de ese negocio y la sociedad vinculada al banco ruso obtuvo el 40%, con derechos desde 2012 sobre campos del lago de Maracaibo.
La estructura se remonta a 2011, cuando Betancourt López y sus socios Pedro Trebbau y Francisco Convit constituyeron la empresa Derwick Oil & Gas en Barbados, que se asoció con Gazprombank a través de ese vehículo holandés.
Los vínculos documentados van más allá de compartir sociedades. En abril de 2013, Betancourt firmó personalmente una carta ordenando transferir 12,9 millones de dólares a Gazprombank Latin America Ventures, y ese mismo mes Derwick Oil & Gas se comprometió a prestar 35 millones de dólares adicionales a esa misma sociedad, firmados por Boris Ivanov, alto ejecutivo del banco ruso.
Documentos bancarios del banco suizo CBH de mayo de 2013 explican el origen del favor: Betancourt López y sus socios habían ayudado al gobierno de Hugo Chávez durante la crisis eléctrica llevando grandes generadores al país, y el gobierno y PDVSA estaban «muy agradecidos», por lo que como «gesto de reconocimiento» le permitieron entrar al negocio petrolero.
Los llamados «Venezuela Leaks», publicados en 2018, revelaron además un currículo de Betancourt presentado al banco CBH en el que aparecía como «representante de Gazprombank en América Latina» desde 2007.
Mientras cultivaba esos vínculos con Moscú, Betancourt López también tejía su red en Washington.
En 2017, su empresa Hawkers contrató a Ballard Partners, firma de cabildeo donde entonces trabajaba Susie Wiles, hoy jefa de Gabinete de la Casa Blanca. Dos años después contrató a Rudy Giuliani, entonces abogado personal de Donald Trump, para representarle ante el Departamento de Justicia.
En 2019, durante la crisis venezolana, Betancourt López viajó a Moscú para entregar una carta de la oposición de Juan Guaidó pidiendo a Rusia que dejara de apoyar a Nicolás Maduro.
La gestión fracasó y el régimen venezolano le quitó el control de Petrozamora. Recuperó sus intereses en 2024 y, bajo su gestión, la producción pasó de unos 20,000 barriles diarios a cerca de 200,000, lo que atrajo la atención de Washington.
Su empresa, North American Blue Energy Partners (NABEP), opera ahora campos con reservas estimadas en más de 65,000 millones de barriles, según la administración estadounidense.
El perfil de Betancourt se complica aún más por las investigaciones judiciales abiertas en varias jurisdicciones.
Según una investigación de El País, la Policía española registró en agosto de 2025 su castillo en Toledo —valorado en más de 25 millones de euros y con 1,440 hectáreas— y encontró cinco vehículos de lujo, 17 armas sin documentación, tres silenciadores y una tarjeta de residencia de Emiratos Árabes Unidos a nombre del empresario.
La Audiencia Nacional española mantiene abierta una investigación por presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal vinculada a un presunto fraude de 4,350 millones de dólares derivado de un préstamo de PDVSA.
Washington lleva meses sin responder la comisión rogatoria española para interrogar a cinco testigos clave ya condenados en Estados Unidos, lo que está frenando la causa.
Betancourt y sus abogados han negado reiteradamente cualquier actividad ilícita y sostienen que sus negocios tienen origen legítimo.
El juez Santiago Pedraz ha advertido que si en diciembre no recibe respuesta de Washington, archivará la investigación contra el multimillonario.
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