El régimen cubano rechazó este lunes las acusaciones del Departamento de Estado que vinculan a La Habana con una red de inteligencia rusa investigada por el FBI por presuntos planes de crimen y sabotaje en Estados Unidos y Europa.
La reacción, portagonizada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro, repite el guion de negaciones sistemáticas ante cada nueva evidencia de su implicación en actividades ilícitas internacionales.
En una publicación de redes sociales, la diplomática aseguró que el Departamento de Estado había lanzado «una acusación velada más, y sin evidencias contra Cuba», relacionada con dos ciudadanos cubanos implicados en el caso.
«Pretender vincular a Cuba con crímenes sin relación alguna con el país es práctica común de quien intenta encontrar pretexto para justificar el crimen de castigo colectivo contra el pueblo cubano», añadió en un segundo mensaje.
La reacción llegó días después de que el Departamento de Justicia presentara cargos formales ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York contra cinco personas por integrar la denominada Red RIS (siglas en inglés de Servicios de Inteligencia Rusos).
Entre los acusados figuran dos cubanos: Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez, alias «Viking», ambos de 35 años y actualmente prófugos.
Romagoza Durruthy, nacido en Camagüey y residente en Petrozavodsk, Rusia, donde dirigía una academia de baile latino llamada «Made in Cuba», es señalado como uno de los coordinadores de mayor rango de la red. La acusación le atribuye la organización de ataques en Praga y Lituania durante 2024, así como haber obtenido imágenes del domicilio de un disidente ruso en EE.UU. en noviembre de 2025. Lituania lo incluyó en una lista internacional de personas buscadas.
Delgado Suárez, por su parte, es descrito como reclutador de personas en territorio estadounidense para ejecutar operaciones de la organización. Junto al venezolano Ángel Eduardo Castro, de 22 años, habría ofrecido entre 1,000 y 1,500 dólares por labores de vigilancia preoperacional y hasta 40,000 dólares por «eliminar» a un disidente identificado en la acusación como Víctima-1. Los otros dos acusados son los rusos Yuri Khrameev, excoronel de inteligencia de 63 años, y su hijo Kirill, oficial del FSB de 27 años.
Según el Departamento de Justicia, los cinco integrantes de la Red RIS habrían trabajado desde al menos 2024 para los servicios de inteligencia rusos en vigilancia de disidentes y planificación de ataques contra infraestructuras en países aliados de Ucrania. Las comunicaciones se realizaban mediante aplicaciones cifradas en las que se discutían crímenes por encargo, instrucciones de vigilancia y mecanismos de pago.
El fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, fue contundente: «Estos acusados supuestamente operaron como parte de una red global de crímenes que llegó hasta Estados Unidos, intentando reclutar a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para cometer crímenes por orden del Kremlin».
La negación de La Habana sigue un patrón bien documentado. En octubre de 2025, ante las denuncias sobre mercenarios cubanos en Ucrania, el MINREX declaró que Cuba «no forma parte del conflicto armado en Ucrania» y que los cubanos involucrados actuaban «por su cuenta» sin vínculo con el Estado.
En mayo de 2026, la propia Vidal rechazó acusaciones sobre operaciones de inteligencia rusas y chinas desde Cuba, afirmando que EE.UU. «nunca ha presentado ninguna evidencia oficial».
Este caso se enmarca en el contexto del informe «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», publicado por el Departamento de Estado el 20 de julio de 2026, que describe al régimen cubano como una «amenaza persistente» para la seguridad nacional de EE.UU. y documenta décadas de espionaje, infiltración y vínculos con Rusia y China.
El pasado jueves, el propio Departamento de Estado prometió desmantelar «de una vez por todas» las redes cubanas que operan en suelo estadounidense.
Todos los acusados permanecen en libertad y enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para financiar el terrorismo, además de entre tres y diez años adicionales por conspiración para cometer crimen por encargo.
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