Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, aterrizó este lunes en el Aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, para participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde tiene previsto reunirse el martes con el presidente estadounidense Donald Trump.
Lo más llamativo de su llegada no fue el viaje en sí, sino quién esperaba al pie de la escalerilla: junto a funcionarios venezolanos como el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y el primer viceministro de Exteriores, Oliver Blanco, estaba John Barrett, encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, en un gesto que no pasó desapercibido.
La visita tiene una carga simbólica difícil de ignorar: es la primera vez que un jefe de Estado venezolano pisa suelo estadounidense desde que Nicolás Maduro lo hiciera en 2018. Maduro se encuentra ahora detenido en una prisión a pocos kilómetros de la sede de la ONU, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.
Desde su cuenta en las redes sociales, Rodríguez publicó un mensaje de tono conciliador: «Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones».
La Casa Blanca confirmó el viernes pasado la reunión entre Trump y Rodríguez para el martes, en los márgenes de la Asamblea General, en un formato breve e informal conocido como pull-aside, sin delegaciones sentadas ni comparecencia conjunta ante la prensa.
Será el primer encuentro cara a cara entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde el breve intercambio entre Barack Obama y Maduro en la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá.
El acercamiento entre Washington y Caracas se ha acelerado desde la captura de Maduro. En abril de 2026, EE.UU. eliminó a Rodríguez de la lista de sancionados de la OFAC, donde había figurado desde septiembre de 2018 por su papel en el desmantelamiento de las instituciones democráticas venezolanas.
A finales de agosto, Trump anunció un acuerdo petrolero histórico con Venezuela que otorgó a la empresa North American Blue Energy Partners derechos sobre 17 campos con más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas, con una participación del 35% para el Departamento de Guerra estadounidense.
Pero la buena sintonía entre Trump y Rodríguez genera malestar creciente entre quienes exigen una transición democrática real. La líder opositora María Corina Machado fue contundente al criticar el pacto petrolero: «El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo», advirtiendo que la transición democrática «aún no ha sucedido».
La ONU advirtió el 16 de septiembre que el aparato represivo chavista sigue «esencialmente intacto», con 64 nuevos casos de tortura documentados desde enero y entre 328 y 500 presos políticos según distintas organizaciones.
Diosdado Cabello continúa al frente del Ministerio del Interior con mando directo sobre los cuerpos de seguridad del Estado, sin haber enfrentado sanciones ni proceso judicial alguno.
A todo ese telón de fondo se suma el caso de Alex Saab, quien se declaró culpable el 15 de septiembre ante una corte federal de Miami de conspiración para lavado de dinero, aceptó entregar 195 millones de dólares y acordó cooperar plenamente con el Departamento de Justicia, lo que podría comprometer a altos funcionarios venezolanos aún en el poder.
Rodríguez pisa así una Nueva York donde su antecesor en el poder aguarda entre rejas, mientras ella negocia con la misma administración que lo capturó. Su sentencia está fijada para el 20 de enero de 2027.
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