Un nuevo informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), elaborado con el apoyo de Cuba Siglo 21, documenta 97 muertes y desapariciones de reclutas cubanos durante el Servicio Militar Obligatorio (SMO) entre agosto de 2001 y la primavera de 2026, con una edad media de 18,7 años y el suicidio aparece como primera causa de muerte.
La investigación, titulada «El endurecimiento del Servicio Militar Obligatorio en Cuba», fue elaborada por el investigador José Manuel González Rubines y parte del registro compilado por el proyecto Archivo Cuba, con asistencia de Alfredo González, padre de una de las víctimas. El propio documento advierte que la cifra real es muy superior: «El número documentado es un piso, no un techo», señala, recordando que no existen estadísticas oficiales cubanas sobre mortalidad en el servicio militar.
El suicidio encabeza las causas de muerte con 33 casos (34% del total), seguido de la negligencia grave o criminal con 25 (25,8%) y los accidentes con 22 (22,7%). Siete de los fallecidos eran menores de 18 años —niños según la Convención sobre los Derechos del Niño, que Cuba ratificó en 1991—, lo que representa el 11,1% de los casos con edad conocida. En cuatro de los clasificados como suicidio, las familias sospechan que la versión oficial encubre un homicidio.
Los testimonios de ex reclutas recogidos en el informe describen aislamiento, precariedad extrema y disciplina humillante. «El Servicio Militar es un mecanismo diseñado para rompernos. Creo que el suicidio es algo que pasó por la cabeza de muchos de nosotros en algún momento», declaró uno de ellos.
Dos tragedias concentraron la atención pública sobre el SMO en los últimos años. El 5 de agosto de 2022, cuatro reclutas de entre 18 y 20 años murieron carbonizados en la Base de Supertanqueros de Matanzas sin medios ni preparación para combatir el mayor siniestro industrial de la historia reciente del país. El 7 de enero de 2025, nueve reclutas y cuatro oficiales murieron en la explosión de un almacén de municiones en Melones, Holguín.
El caso más reciente documentado es el de Dailier Rodríguez Tamayo, de 19 años, oriundo de Ciego de Ávila, quien murió en marzo de 2026 en la Unidad Militar 10-24 de El Cotorro, en La Habana, a más de 400 kilómetros de su hogar, pese a contar con un dictamen del Hospital Naval contrario al porte de armas.
En julio de 2021, Annier González, de 18 años, se quitó la vida a los 13 días de incorporado con el rifle que le habían entregado para custodiar solo en una torre de la prisión Combinado del Sur de Matanzas. Su padre administra el grupo de Facebook «No más víctimas en el Servicio Militar en Cuba», que supera los 18,000 miembros, y el desgarrador mensaje que le dedicó a su hijo —«Perdóname por no sacarte de ese lugar»— se convirtió en símbolo del dolor de las familias afectadas.
El informe denuncia que quienes reclaman justicia enfrentan represalias. El padre de Orlando Lago Vega, asesinado en una unidad militar de La Habana en junio de 2020, fue sentenciado en 2023 a un año y seis meses de prisión por insistir en que se investigara la muerte de su hijo. El Código Penal Militar de julio de 2023 establece penas de hasta cinco años por evasión, y la Fiscalía Militar considera el suicidio como intento de deserción, lo que puede acarrear condenas superiores a diez años para quienes sobreviven.
Adrián Rodríguez García, de 19 años, falleció mientras estaba pasando el Servicio Militar Obligatorio en Cuba. El joven, natural de Santa Clara, tenía que haber terminado esa etapa en las Fuerzas Armadas a primeros de diciembre de 2023, pero los oficiales de la unidad Manuelita le dieron largas y el 31 de diciembre de ese año seguía haciendo guardia. Ese día su madre fue a verlo y le llevó comida porque era fin de año. Él le dijo que le quedaban cuatro o cinco días, como mucho, para acabar el servicio. Ella regresó a su casa y a las cuatro horas la llamaron para decirle que su hijo había muerto. Le dieron permiso en la unidad para salir el 31 de diciembre y un conductor borracho lo arroyó y lo dejó agonizar hasta la muerte. No hubo investigación de los mandos que autorizaron su salida.
En perspectiva comparada, Cuba registró 22 casos documentados en 2025 en tiempo de paz, la misma cifra que Israel —país en guerra activa con un ejército de varios cientos de miles de efectivos— reportó ese año como la más alta en 15 años. La diferencia, subraya el informe, está en la respuesta institucional: en Israel cada caso se investiga públicamente; en Cuba, el silencio es la norma.
«Mientras el sistema que produce esa pérdida permanezca intacto, no hay razón para pensar que el registro de muertes deje de crecer», concluye el informe del OCAC.
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