California prohibirá a partir del próximo año el uso de guantes capaces de administrar descargas eléctricas por parte de agentes locales, estatales y federales, una medida que alcanza también a los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que operen en el estado.
El gobernador Gavin Newsom firmó este martes la legislación AB 2760, incluida en un paquete más amplio de medidas sobre aplicación de las leyes migratorias y supervisión de agentes federales, y cuya prohibición permanecerá vigente hasta 2030, según informó AP.
La medida llega pocas semanas después de que ICE avanzara con la compra de este tipo de dispositivos.
La agencia adjudicó en agosto un contrato de casi 17 millones de dólares para adquirir 6,000 pares de guantes eléctricos, diseñados para provocar descargas dolorosas y lograr que una persona que se resista cumpla las órdenes de los agentes.
La legisladora demócrata LaShae Sharp-Collins, autora de la iniciativa, explicó que buscaba poner una pausa al uso de estos dispositivos mientras se analizan sus posibles riesgos.
La nueva ley exige además que el Departamento de Justicia de California estudie su seguridad y presente un informe a los legisladores antes de 2029.
«Hay mucha inquietud y mucha incertidumbre. Mucha gente tiene miedo», dijo Sharp-Collins a AP.
El propio Gobierno de California presentó la norma como la primera prohibición de este tipo en Estados Unidos.
En el comunicado oficial sobre el paquete legislativo, la oficina de Newsom señaló que AB 2760 establece límites al uso de dispositivos electrochoque portátiles por parte de las fuerzas del orden.
Newsom vinculó la legislación con su enfrentamiento político y legal con la administración de Donald Trump por los operativos migratorios.
«Trump ha puesto sus intereses políticos por encima de la salud, la seguridad y el bienestar de las familias estadounidenses», afirmó el gobernador en un comunicado y agregó que California pretende reforzar «la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión» de la aplicación de las leyes migratorias.
La prohibición forma parte de un paquete que incluye también restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas durante operaciones migratorias, nuevas reglas para vehículos utilizados por las fuerzas del orden y mayores controles sobre centros privados de detención.
Sin embargo, la capacidad de California para imponer esas restricciones a agentes federales podría terminar nuevamente en los tribunales.
Kevin Johnson, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, dijo a AP que es probable que los jueces concluyan que el estado no puede determinar qué equipamiento pueden utilizar los agentes federales, debido a la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense.
«El estado tiene poderes muy limitados, si es que tiene alguno, para dictar al Gobierno federal cómo deben estar equipados sus agentes», explicó Johnson.
También se opuso a la medida Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto y designado por Trump, quien sostuvo que California carece de jurisdicción para regular las armas o herramientas empleadas por agentes federales.
«Si quiere regular a agentes federales, tiene que ganar una elección federal. Hasta entonces, no tiene jurisdicción», escribió Essayli en X, según AP.
La oposición incluye además a organizaciones policiales de California. El sheriff del condado de Sacramento, Jim Cooper, demócrata y exlegislador estatal, cuestionó la prohibición al considerar que los guantes constituyen una herramienta no letal que los agentes podrían utilizar en determinadas circunstancias.
Sharp-Collins sostuvo que el plan de ICE para incorporar los dispositivos fue el detonante de su proyecto. También citó un caso ocurrido en Kentucky, donde una familia sostiene que un hombre murió después de recibir múltiples descargas con estos guantes y con un dispositivo Taser mientras estaba bajo custodia en 2024.
La discusión sobre el equipamiento de ICE llega después de otras controversias relacionadas con el uso de la fuerza y la supervisión de sus agentes.
En julio, ICE anunció que obligaría a sus agentes a utilizar cámaras corporales durante las paradas vehiculares, tras dos tiroteos mortales en los que los oficiales involucrados no llevaban cámaras activas.
Sin embargo, la implementación de esas cámaras también generó debate. En agosto se conoció que las imágenes de incidentes graves solo serían divulgadas cuando ICE considerara que hacerlo era del «mejor interés de la agencia», una condición cuestionada por defensores de una mayor transparencia.
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