El gobernante Miguel Díaz-Canel defendió este viernes el avance de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio, e insistió en que el proceso es irreversible con una frase que resume la postura del régimen: «Es fuerte el desafío, pero no vamos a detenernos».
El mandatario retomó su pódcast oficial «Desde la Presidencia», y esta vez estuvo acompañado del primer ministro Manuel Marrero Cruz y la ministra de Justicia Rosabel Gamón Verde, quienes ofrecieron el balance más detallado hasta la fecha sobre la implementación de las reformas, tres meses después de su aprobación en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional.
Marrero Cruz cifró el trabajo realizado entre julio y septiembre: se diseñaron 160 propuestas de implementación y se aprobaron 197 normas jurídicas de respaldo, entre ellas cuatro leyes, 29 decretos-leyes y 26 decretos del Consejo de Ministros.
El primer ministro también anunció que en ese período se aprobaron más de 3,600 nuevas mipymes, para un total de 16,100 en el país, junto a 448 cooperativas no estatales y más de 385,000 trabajadores por cuenta propia.
Sin embargo, el propio Marrero reconoció la contradicción central del proceso: «Ya tenemos el camino abierto para avanzar; y de hecho se está avanzando y se aprecian ya resultados, aunque todavía no se perciba en ese mejoramiento en la calidad de vida de la población».
El eje ideológico del episodio fue, una vez más, la negación de que las reformas constituyan un giro hacia el capitalismo, posición que el régimen sostiene desde el primer día a pesar de que el contenido real del paquete incluye banca privada, casas de cambio privadas, compraventa de acciones de empresas estatales, dolarización parcial y eliminación del tope de trabajadores para mipymes, mecanismos que economistas y analistas independientes describen como propios de economías de mercado.
Marrero afirmó que las transformaciones «perfeccionan y fortalecen nuestro socialismo» y que se trata de «una decisión totalmente soberana» que no responde a presiones externas.
Díaz-Canel, por su parte, encuadró la urgencia de las reformas en lo que el régimen llama una «guerra multidimensional» contra Cuba: «económica, ideológica, cultural y comunicacional», atribuyendo al embargo estadounidense y a las «medidas coercitivas» de Washington los principales obstáculos al desarrollo.
La ministra de Justicia fue aún más categórica sobre el carácter del proceso: «Este proceso es irreversible. Las transformaciones arrancaron, tienen la máxima aprobación política y no hay marcha atrás y nadie está autorizado a hacer algo que vaya en contra de ellos».
El optimismo oficial choca con una realidad económica que el propio régimen no puede ocultar del todo. La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano del 10,3% en 2026, la peor de América Latina, mientras la inflación interanual alcanzó el 25,19% en agosto, con los alimentos subiendo un 36,01%.
El salario mínimo equivale a menos de cinco dólares al cambio informal, y Cuba acumuló ocho apagones nacionales a lo largo del año. El economista Elías Amor calificó el paquete de reformas, apenas un día antes de la publicación del pódcast, como «todo un gran engaño».
El propio régimen reconoció en estudios de opinión internos que una parte de la población percibe que los beneficios de las transformaciones llegan solo a quienes tienen dinero, y que la acentuación de las desigualdades genera rechazo.
Marrero prometió que en 2027 los resultados serán palpables: «El año que viene vamos a arrancar con un nivel de avance y con un nivel de resultado que de verdad se podrá apreciar por nuestro pueblo».
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