La organización cubana de derechos humanos Cubalex registró 115 muertes bajo custodia estatal en establecimientos penitenciarios de Cuba entre febrero de 2024 y junio de 2026, según un informe especial publicado en septiembre que actualiza y amplía un reporte anterior de la organización.
Ningún mes del período analizado estuvo libre de fallecimientos, con una media de cuatro muertes mensuales y un pico de 10 casos en febrero de 2026.
La negligencia o negación de atención médica es el mecanismo predominante, identificado en al menos 80 de los 115 casos —aproximadamente el 70% del total—. Dentro de ese eje, al menos 21 personas murieron por desnutrición severa o inanición y otras 12 fallecieron vinculadas a tuberculosis.
La prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, concentra el mayor número de fallecimientos con 23 casos. El informe señala que ese penal mantiene destacamentos específicos para reclusos «desnutridos» o «bajo peso», lo que Cubalex describe como «un reconocimiento institucional de la magnitud del problema y de su carácter previsible».
Geográficamente, Santiago de Cuba acumula 29 muertes (25,2% del total), La Habana 21 (18,3%) y Mayabeque 16 (13,9%). El Combinado del Este y el Combinado de Guantánamo registran 11 fallecimientos cada uno, mientras que la prisión de Quivicán suma ocho.
El documento también recoge 12 casos de acción directa letal: nueve clasificados como ejecuciones extrajudiciales —golpizas con resultado de muerte atribuidas a guardias penitenciarios— y tres muertes de especial sospecha en las que las versiones oficiales de suicidio coexisten con indicios de violencia estatal.
En uno de esos casos, ocurrido en la prisión de Canaleta (Ciego de Ávila), «un recluso de 20 años que había realizado una protesta por hambre fue golpeado y conducido a una celda de castigo, tras lo cual las autoridades comunicaron que se había ahorcado; reclusos que documentaron el momento sostienen que pudo haber sido estrangulado por las propias autoridades».
Entre los fallecidos figuran nueve presos políticos o miembros de la sociedad civil independiente, varios vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021.
El informe menciona a Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de UNPACU y Cuba Decide, golpeado por guardias del Combinado del Este tras ser recapturado después de una fuga y cuya muerte fue presentada oficialmente como suicidio; a Ernesto Brieva Sempé, fallecido por desnutrición severa y complicaciones renales en ese mismo penal; y a Yan Carlos González González, muerto durante una huelga de hambre que mantenía en protesta por su condena.
Cubalex identifica además un patrón de «externalización de la muerte»: siete reclusos recibieron licencias extrapenales cuando su deterioro ya era irreversible y fallecieron horas o días después de salir formalmente del penal.
Según la organización, esta práctica «reduce artificialmente las estadísticas de mortalidad penitenciaria, diluye la trazabilidad de la responsabilidad estatal y traslada a las familias, en la fase terminal, cargas de cuidado que el Estado incumplió durante toda la reclusión».
Las personas afrodescendientes representan el 27% del universo analizado —31 de los 115 casos— y el 67,7% de ellas murió por omisión estructural. Las tres mujeres fallecidas en el período son todas afrodescendientes.
El régimen cubano no publica estadísticas oficiales de mortalidad carcelaria, no permite inspecciones independientes y no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. En septiembre, mientras Cubalex elaboraba su informe, el régimen celebraba públicamente sus cárceles como «obra justa».
El primer reporte de Cubalex sobre muertes bajo custodia, publicado en julio de 2024, había documentado 56 fallecimientos entre enero de 2022 y enero de 2024, incluyendo reclusos en prisiones, detenidos en estaciones de policía y reclutas del Servicio Militar.
El nuevo documento duplica esa cifra en un período más corto y circunscrito exclusivamente al sistema penitenciario, y va acompañado de una propuesta técnica presentada ante el Relator Especial de la ONU sobre tortura que exige supervisión internacional irrestricta y la prohibición de negar beneficios penitenciarios por motivos políticos.
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