Un gran jurado federal del sur de Florida acusó a dos hermanos del condado de Miami-Dade de participar durante décadas en un esquema de sobornos y lavado de dinero que habría defraudado en más de 80 millones de dólares a miles de propietarios de franquicias de Subway en Estados Unidos.
Los acusados son Janet Risi Field, de 66 años y residente de Pinecrest, y su hermano Steven Louis Risi, de 70, de Coral Gables, informó el pasado jueves primero de octubre la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida.
Risi Field fue cofundadora en 1996 de la Independent Purchasing Cooperative, Inc. (IPC), organización sin fines de lucro encargada de gestionar la cadena de suministro de Subway en Norteamérica y negociar con los proveedores los precios de alimentos, suministros y servicios.
Hasta diciembre de 2021 se desempeñó como directora ejecutiva de IPC y tenía autoridad para aprobar contratos que incidían directamente en los costos asumidos por miles de franquiciados.
Según la acusación, habría aprovechado esa posición para establecer acuerdos secretos con intermediarios de proveedores de productos como embutidos, quesos y galletas. Parte de las comisiones obtenidas en esos contratos habría sido entregada a Risi Field y otros miembros de su familia.
Las autoridades aseguran que los hermanos y sus familiares utilizaron empresas fantasma para ocultar más de 60 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales.
El esquema habría repercutido directamente en los dueños de restaurantes Subway, obligados a adquirir determinados productos mediante proveedores aprobados por IPC. Según la acusación, el esquema habría repercutido en los costos asumidos por los franquiciados, que desconocían los pagos secretos vinculados a los contratos con proveedores.
De acuerdo con los fiscales, el dinero fue utilizado para financiar remodelaciones de viviendas en Florida y Carolina del Norte, inversiones privadas, gastos personales, membresías en clubes y más de 400,000 dólares en joyas.
La acusación también sostiene que, a comienzos de la década de 2000, Risi Field habría impulsado la creación de un fondo secreto desde el que se realizaron aproximadamente 25 millones de dólares en pagos, principalmente en beneficio de ella y otros implicados. Parte de esos recursos habría terminado pagando, entre otros gastos, más de 420,000 dólares a un asistente personal de la familia y más de 150,000 dólares a empleados domésticos.
En 2011, siempre según la Fiscalía, Risi Field habría conseguido que uno de sus cómplices desembolsara aproximadamente 8 millones de dólares para resolver una demanda de un antiguo contratista de IPC que denunciaba relaciones financieras inapropiadas con proveedores. El acuerdo no habría sido revelado a la junta directiva.
Cuando terminó su relación contractual con IPC en 2021, la junta desconocía esos pagos y Risi Field recibió más de seis millones de dólares en indemnización, señala la acusación.
Los dos hermanos enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, castigado con hasta 20 años de prisión, y dos cargos por transacciones monetarias con bienes derivados de actividades ilícitas, cada uno con una pena máxima de 10 años.
Risi Field enfrenta además cargos relacionados con fraude electrónico y fraude de servicios honestos, que pueden conllevar penas de hasta 20 años de cárcel.
El proceso se conoce pocos días después de otro importante caso de fraude financiero en el sur de Florida. El promotor inmobiliario Rishi Kapoor fue condenado a 11 años y cuatro meses de prisión federal por lavado de dinero tras desviar 89 millones de dólares de inversores.
Además del proceso penal, IPC presentó en 2025 una demanda civil en Miami-Dade contra Risi Field y otros implicados, en la que calcula en alrededor de 200 millones de dólares las pérdidas sufridas por sus franquiciados, una cifra considerablemente superior a los más de 80 millones señalados en la acusación federal.
El caso penal, identificado como 26-cr-20405, es investigado por el FBI en Miami y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG).
Las acusaciones contenidas en una imputación federal son alegaciones y los acusados se presumen inocentes mientras no sean declarados culpables.
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