El Parlamento español vive una nueva batalla política y judicial en torno a la llamada «ley de nietos», vinculada a la Ley de Memoria Democrática, que afecta directamente a decenas de miles de cubanos con nacionalidad española o expediente en trámite.
PSOE y Sumar han introducido una enmienda en una reforma educativa para elevar a rango de ley la «presunción de exilio» que sustentó miles de nacionalizaciones en consulados latinoamericanos. La enmienda ha sido incorporada por Hazte Oír a un procedimiento abierto ante el Tribunal Supremo.
La enmienda, la número 63 presentada por Sumar, fue insertada en un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación —centrado en ratios de alumnos, jornada lectiva y condiciones laborales del profesorado— sin ninguna relación con esa materia.
Su objetivo es convertir en ley la instrucción que Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y hermana del ministro Óscar Puente, firmó en octubre de 2022.
Aquella norma administrativa establecía la presunción de exilio para todo español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin exigir acreditación individual.
Los letrados del Congreso emitieron un dictamen a finales de septiembre calificando la enmienda de «inadmisible» por carecer del «mínimo punto de conexión material» con el proyecto educativo, y advirtieron de que su admisión podría «lesionar el artículo 23 de la Constitución Española», que protege la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo.
Pese a ese informe —no vinculante—, la Mesa de la Comisión de Educación, con mayoría de PSOE y Sumar, la admitió a trámite el 30 de septiembre.
La asociación Hazte Oír reaccionó de inmediato: presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un escrito de ampliación de hechos dentro de su recurso 2/1091/2026, incorporando la enmienda y el voto particular de cuatro vocales de la Junta Electoral Central.
Solicitó, además, al alto tribunal que resuelva las medidas cautelares pendientes y conserve íntegramente los registros de altas en el censo electoral.
La asociación también presentó una querella por prevaricación contra Sofía Puente; el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid dio traslado a la Fiscalía para que se pronunciara en cinco días sobre su admisión.
El PP anunció recurso contra la admisión de la enmienda y acusó al Gobierno de actuar «por la puerta de atrás».
VOX la denominó directamente «enmienda pirata».
La negociación con Junts y PNV
Para que la enmienda prospere, el PSOE necesita los votos de Junts y el PNV, que en junio presentaron enmiendas de totalidad al proyecto educativo alegando invasión de competencias autonómicas.
Según fuentes del Congreso citadas por El Español, el PSOE ofrecerá a ambos partidos aceptar cambios en el contenido educativo de la norma a cambio de que no bloqueen la enmienda sobre la ley de nietos.
El primer hito de esa negociación será la reunión de la ponencia prevista para el 14 de octubre.
La aprobación en el Congreso se prevé para la primera quincena de noviembre, y la norma podría convertirse en ley antes de Navidad gracias a la tramitación urgente.
El Senado, con mayoría del PP, podría enmendar o vetar el texto, aunque el Congreso tiene capacidad de levantar ese veto con mayoría simple.
¿Qué significa esto para los cubanos?
La clave para entender el impacto sobre los cubanos es distinguir qué está suspendido y qué no.
El Tribunal Supremo acordó el 8 de septiembre la suspensión cautelar de los efectos electorales de unas 170,000 inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la instrucción de Sofía Puente, apreciando un «peligro serio» de que la limpieza del proceso electoral quedara «gravemente afectada».
Esa suspensión, sin embargo, no anuló ninguna nacionalidad ya concedida ni paralizó los expedientes en trámite: lo que está en juego es el derecho a votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, no la ciudadanía española.
A 1 de julio de 2026, 169,008 españoles residentes en Cuba figuraban inscritos en el censo electoral exterior, situando a la isla entre los cinco países con mayor número de electores españoles en el exterior.
El Consulado General de España en La Habana acumulaba más de 137,700 expedientes a mediados de este año, y se estima que entre 300,000 y 350,000 personas en Cuba iniciaron trámites desde que la norma entró en vigor en octubre de 2022.
Si la enmienda prospera y entra en vigor antes del 29 de noviembre, daría rango legal a la presunción de exilio. Su eventual efecto sobre las medidas cautelares adoptadas por el Supremo dependería de la redacción definitiva de la norma y de las decisiones del tribunal.
El calendario es ajustado: la votación presencial en consulados para residentes en Cuba está prevista entre el 21 y el 26 de noviembre.
La ponencia del 14 de octubre marcará si la operación parlamentaria tiene los apoyos suficientes para llegar a tiempo.
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