Dos hombres fueron condenados a ocho años de privación de libertad cada uno por un robo con violencia ocurrido en Las Tunas, después de que, según la versión judicial, amenazaran con un cuchillo y un machete al propietario de un vehículo de tracción animal para apoderarse del medio de transporte.
El caso fue informado este miércoles por el Periódico 26, de Las Tunas, a partir de información divulgada por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de esa provincia.
De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron de madrugada, cuando la víctima circulaba por la vía pública en un medio de tracción animal de su propiedad.
Los acusados le habrían pedido que los trasladara hasta la comunidad de La Caldosa, en el municipio de Las Tunas. Durante el trayecto, según la versión oficial, utilizaron un cuchillo y un machete para amenazarlo y apoderarse del vehículo.
La víctima, al temer por su vida, se lanzó del medio de transporte, mientras los dos hombres continuaron la marcha y se alejaron con el vehículo, indicó la fuente.
El proceso fue juzgado dentro de la causa 73 de 2026 por el delito de robo con violencia o intimidación en las personas.
Durante la vista oral y pública, el tribunal comunicó verbalmente el fallo y estableció como sanción principal ocho años de prisión para cada uno de los acusados.
También fijó una responsabilidad civil de 40,000 pesos por los daños materiales causados a la víctima.
Como sanciones accesorias, el tribunal impuso la privación de derechos públicos, conforme al artículo 42.1 de la Ley 151 de 2022, Código Penal cubano, así como la prohibición de solicitar pasaporte y salir del territorio nacional mientras cumplan la condena, de acuerdo con el artículo 59 de la misma norma.
Según la información difundida, tanto los condenados como la víctima manifestaron estar de acuerdo con la sanción impuesta.
El tribunal aseguró además que durante la tramitación del proceso y el juicio oral se respetaron las garantías procesales y el debido proceso establecidos en la Constitución cubana.
La publicación oficial describió el juicio como «ejemplarizante», un término utilizado con frecuencia por las instituciones judiciales cubanas al informar sobre procesos penales de este tipo.
Sin embargo, la propia calificación de «ejemplarizante» generó numerosas críticas entre usuarios, que consideraron insuficientes los ocho años de prisión impuestos a cada acusado.
Varios comentarios reclamaron penas de entre 15 y 20 años y cuestionaron que una sanción de ocho años pueda servir como mensaje disuasorio frente a delitos violentos.
Algunos usuarios advirtieron, además, que con posibles beneficios penitenciarios los condenados podrían cumplir menos tiempo efectivo en prisión.
Otros señalaron que la víctima pudo haber perdido la vida durante el asalto y consideraron que ese riesgo debía traducirse en una condena más severa. «Muy poco», «mínimo 15 años» y «la sanción tenía que haber sido de 20 años» fueron algunas de las reacciones.
También aparecieron críticas al propio uso del término «ejemplarizante». Varios internautas sostuvieron que una pena de ocho años no encaja con esa descripción y reclamaron modificaciones legales o una aplicación más dura del Código Penal frente a robos cometidos con armas blancas.
Entre las reacciones hubo además comparaciones con las condenas impuestas en Cuba por otros delitos, incluidas las relacionadas con protestas y disenso político, mientras otros usuarios pidieron «mano dura» ante lo que perciben como un aumento de la delincuencia.
Las condenas por robos con violencia han ocupado varios procesos judiciales recientes en Cuba.
En mayo, el Tribunal Provincial Popular de Matanzas condenó a dos hombres a 15 años de prisión y a un tercero a 10 años por un robo con violencia cometido en una vivienda del poblado de Máximo Gómez, en Perico.
En Mayabeque, un hombre recibió 10 años de cárcel por robo con violencia e intimidación después de irrumpir en una vivienda de Güines y amenazar con un machete a un padre y su hijo.
Durante 2026, las autoridades cubanas también impulsaron numerosos procesos calificados como «ejemplarizantes» para delitos considerados de impacto social, dentro de campañas oficiales de prevención y enfrentamiento a la criminalidad.
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