El régimen cubano protagonizó este martes una de sus paradojas más llamativas en el escenario internacional: la misión cubana en Ginebra impulsó la aprobación de una resolución sobre el derecho de los niños a una alimentación adecuada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras sus propios niños padecen una de las peores crisis alimentarias documentadas en la historia reciente de la Isla.
El Consejo aprobó la resolución L.32, titulada «Mejorar el acceso equitativo de los niños a una alimentación adecuada y nutritiva», presentada por Cuba junto a otros países.
El texto exhorta a no aplicar medidas contrarias al Derecho Internacional que limiten el acceso de los menores a alimentos nutritivos y llama a fortalecer la cooperación internacional y la transferencia de tecnología.
Aimé Triana, segunda secretaria de la misión cubana ante la ONU en Ginebra, defendió la iniciativa con cifras globales: 181 millones de niños viven en pobreza alimentaria grave, 150 millones de menores de cinco años padecen retraso del crecimiento y 43 millones sufren emaciación.
«No se cumplirá lo acordado. No se pondrá fin al hambre y la malnutrición para 2030. No se garantizará el acceso de todos los niños a alimentos nutritivos», advirtió la diplomática ante el organismo.
Triana aprovechó el foro para culpar al embargo estadounidense de la situación alimentaria en Cuba: «Al imponer a Cuba un criminal bloqueo, Estados Unidos insiste en privar a nuestros niños de su derecho a una alimentación adecuada y sana.
Ese país impide que puedan entrar a Cuba más de 7 mil contenedores ya comprados, cargados de alimentos y medicinas».
La denuncia de los contenedores retenidos no es nueva: el viceprimier Óscar Pérez-Oliva Fraga la formuló en julio de 2026 y el canciller Bruno Rodríguez la repitió ante la ONU en septiembre, como parte de una estrategia diplomática sistemática del régimen para atribuir la crisis alimentaria exclusivamente a las sanciones externas.
Lo que la diplomática cubana omitió ante el Consejo es que la crisis alimentaria en la Isla tiene causas estructurales profundas e internas.
Entre 2018 y 2023, la producción nacional de carne de cerdo cayó un 95%, la de arroz un 87%, la de frijoles un 70% y la de leche un 58%, como consecuencia directa del modelo agrícola centralizado que ha colapsado la producción durante décadas.
Los datos sobre los niños cubanos contrastan de forma brutal con el discurso del régimen en Ginebra. UNICEF reportó en noviembre de 2025 que aproximadamente el 9% de los niños cubanos sufre pobreza alimentaria severa.
El Food Monitor Program estimó en abril de 2026 que el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos y que el 33,9% de los hogares tuvo al menos una persona que se acostó con hambre en los 30 días anteriores.
El propio ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, reconoció en junio de 2026 que más de 100,000 niños no recibían su ración diaria de leche. El 48,5% de los escolares de seis a 11 años no recibe comida ni merienda en sus centros educativos.
Las muertes por desnutrición en Cuba aumentaron de 43 a 75 entre 2022 y 2023, un incremento del 74%, según datos atribuidos a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Ante la magnitud de la crisis, la ONU tuvo que intervenir: el Programa Mundial de Alimentos activó en julio de 2026 un proyecto de emergencia para alimentar a 12,677 niños en 74 centros educativos de 19 municipios de las cinco provincias orientales de Cuba, mientras la Junta Ejecutiva del PMA aprobó un plan de asistencia para la Isla de 116 millones de dólares.
«Ningún gobierno debería tener como política provocar hambre en otras naciones», concluyó Triana ante el Consejo de Derechos Humanos, sin que nadie en la sala señalara que esa frase podría aplicarse, con igual o mayor pertinencia, al propio gobierno que ella representa.
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