El gobierno de Trump anunció la semana pasada la creación de una división de abogados federales para representar a menores migrantes no acompañados en sus procesos de inmigración, una medida que organizaciones defensoras de derechos califican como un riesgo grave para los niños, incluidos los cubanos que llegaron solos o fueron separados de sus familias.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicó el anuncio en el Registro Federal con la firma del secretario Robert F. Kennedy Jr., sin ofrecer fecha de inicio ni detalles operativos sobre cómo funcionará la nueva unidad, denominada División de Representación Legal de Menores Extranjeros No Acompañados.
El departamento señaló en un comunicado que la división trabajará bajo la dirección de su asesoría jurídica general para «reunificar de manera segura a estos menores con sus familias y garantizar que cuenten con el respaldo legal que necesitan», pero no respondió preguntas sobre si continuará contratando a organizaciones no gubernamentales para ese fin.
La medida llega tras la ruptura con el Acacia Center for Justice, organización que gestionaba 24,000 casos a través de una red de proveedores legales y cuyo contrato el gobierno dejó vencer el 31 de julio.
El principal reproche de los críticos apunta a un conflicto de interés estructural: en el nuevo esquema, el abogado del menor, el juez —designado por el Departamento de Justicia— y el fiscal que busca la deportación son todos empleados federales.
«Colocar la representación legal y los servicios de los menores dentro de la misma agencia que los mantiene bajo custodia migratoria federal es un paso sin precedentes que no cumple estándares básicos de independencia de la defensa», advirtió Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia.
Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense (KIND), fue más directa sobre las consecuencias prácticas: «Un abogado del gobierno, empleado por el gobierno, muy probablemente sería orientado y alentado a adoptar la postura de impulsar que el menor acepte la salida voluntaria y abandone Estados Unidos, en lugar de presentar una defensa completa de los hechos de su caso».
«Negar asistencia jurídica a los más vulnerables entre nosotros —menores que ya han huido de traumas— es una ruptura fundamental de la equidad que promete nuestra Constitución», resumió Sui Chung, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice. «Los menores merecen nuestra máxima protección».
Una decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración de 2026 bloqueó la vía más común para cerrar casos de menores que entraron por CBP One sin sus padres o tutores legales: incluso quienes llegaron con abuelos, tíos o primos son clasificados como «no acompañados», y los jueces no pueden cambiar su estatus ni liberarlos aunque tengan una visa de inmigrante especial aprobada.
Los menores con formulario I-220A que llegaron solos tienen vías procesales distintas antes de cumplir 21 años, pero sus casos también se han complicado enormemente en los últimos meses.
Mientras tanto, muchos niños ya están compareciendo ante los tribunales sin ningún abogado.
Según datos del Vera Institute of Justice, el 63% de los menores migrantes no tuvo representación legal durante 2025; en Florida esa cifra alcanzó el 73% de las personas con casos migratorios pendientes.
A finales de septiembre, según una investigación de CNN Español, 25 menores comparecieron en una sola jornada en la corte de Harlingen, Texas, varios de ellos sin abogado, entre los que había un niño de tres años.
Tras la salida de Acacia, el gobierno adjudicó sin licitación competitiva un contrato de hasta 244 millones de dólares a Our Rescue —organización sin experiencia demostrada en derecho migratorio—, lo que ha generado arreglos temporales y dejado a miles de casos en el limbo.
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