La administración de Donald Trump estudia la posibilidad de usar barcos —incluyendo transbordadores y un buque de entrenamiento de 500 pies— para deportar migrantes hacia países de Centroamérica y Sudamérica, en lo que supondría una nueva escalada de su política de expulsiones masivas, según reveló The New York Times citando a dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.
Las conversaciones llevan varias semanas, aunque siguen siendo preliminares y no se ha tomado ninguna decisión oficial, advirtió un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que es el organismo encargado de supervisar las deportaciones.
El buque más concreto identificado en las discusiones es el Training Ship Golden Bear, una embarcación de aproximadamente 152 metros actualmente atracada en California, que sirvió durante tres décadas como aula flotante para cadetes de la Cal Poly Maritime Academy y realizó su último viaje de entrenamiento este año antes de ser transferida a la Administración Marítima de EE.UU. para su retiro.
Las políticas de deportación de la administración Trump siguen evolucionando. Sigue todos los detalles en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Funcionarios del Departamento de Defensa también habrían contactado a empresas navieras europeas para explorar el uso de otros buques, según la misma fuente.
Entre los destinos posibles figuran El Salvador, Honduras y Venezuela, y los trayectos podrían extenderse durante varios días con un costo de millones de dólares por operación.
Una de las motivaciones que se barajan sería trasladar parte de los gastos operativos de deportación desde el DHS hacia el Departamento de Defensa, lo que permitiría aliviar el presupuesto del primero.
El DHS emitió un comunicado en el que señaló que está «evaluando todos sus recursos para maximizar la eficiencia y continuar cumpliendo la misión del presidente Trump de asegurar la patria». El secretario Markwayne Mullin, añadió la nota, «está 100 % enfocado en garantizar que las necesidades del departamento sean atendidas, siendo el mejor administrador posible del dinero de los contribuyentes».
El Departamento de Defensa no hizo comentarios sobre la propuesta.
El plan presenta desafíos logísticos, legales y humanitarios considerables: cómo mantener la custodia de cientos de personas durante días en alta mar, qué legislación aplica en aguas internacionales, cómo garantizar atención médica y alojamiento adecuados, y si los países de destino aceptarían recibir a los deportados bajo ese esquema.
La iniciativa se inserta en una estrategia de deportaciones masivas que ya ha recurrido a vuelos militares, al uso de la Base Naval de Guantánamo como centro de detención migratoria —donde llegaron a procesarse 832 migrantes en más de 100 vuelos hasta mayo de 2026— y al envío de migrantes a terceros países, incluyendo naciones africanas como Liberia, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana.
Expertos de la ONU estimaron que EE.UU. había enviado al menos 23,000 nacionales de terceros países a 29 países y territorios hasta septiembre de 2026, mientras que la administración ha comprometido al menos 410 millones de dólares en acuerdos de deportación con 31 naciones.
El antecedente histórico más directo de deportaciones marítimas en EE.UU. es la llamada «Operación Wetback» de 1954, durante la administración Eisenhower, cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización contrató barcos privados para trasladar a mexicanos desde Texas hasta Veracruz.
Cubanos también figuran entre los afectados por la política migratoria de la administración Trump: entre enero de 2025 y marzo de 2026, 4,353 cubanos fueron deportados como nacionales de terceros países, según datos de Human Rights Watch.
Algunos de los que han sido enviados a países africanos han denunciado duras condiciones: meses de encarcelamiento, traslados sin conocer su destino y dificultades para acceder a una defensa legal.
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