La organización de derechos humanos Cubalex documentó 12 muertes vinculadas a la custodia del régimen cubano durante septiembre de 2026, la cifra mensual más alta desde febrero de ese año.
De ese total, ocho muertes ocurrieron en establecimientos penitenciarios, dos eran personas excarceladas en estado grave que fallecieron poco después de salir de prisión y dos eran reclutas de 18 años que perdieron la vida mientras cumplían el Servicio Militar Obligatorio.
La organización identificó además tres casos con indicios de posible ejecución extrajudicial, categoría que exige, según Cubalex, «una investigación independiente, imparcial y efectiva» para determinar si existió responsabilidad directa de agentes o autoridades del régimen.
La organización advierte que incluso esos números son un subregistro. La ausencia de estadísticas oficiales, las restricciones al acceso a información pública y el temor de las familias a represalias impiden conocer la dimensión real del problema.
«Las investigaciones sobre muertes bajo custodia son, en la práctica, inexistentes o carecen de independencia e imparcialidad», señala el texto y advierte que esta situación perpetúa la impunidad y deja a los familiares sin respuestas.
Dos reclutas de 18 años muertos en Granma y Holguín
Yandiel Jurado, de 18 años y natural de Manzanillo, murió el 20 de septiembre tras recibir un disparo dentro de una unidad militar en Granma. Según testimonios recogidos por Cubalex, el joven hablaba por teléfono con su novia cuando otro recluta manipulaba un fusil y se produjo un disparo accidental que lo alcanzó.
Su madre se había opuesto reiteradamente a su incorporación al Servicio Militar y habría recibido multas por ello, hasta que finalmente el joven fue enviado a cumplir el servicio.
El segundo caso es el de Leordanis Ramón Ricardo Batista, conocido como «Leo», también de 18 años, quien murió el 22 de septiembre en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo en la zona de Nipe, Holguín. Llevaba menos de dos meses incorporado.
Su familia había presentado documentación sobre sus antecedentes de salud mental —había recibido atención psicológica desde los nueve años por problemas nerviosos— pero las autoridades del régimen lo declararon apto.
Los testimonios señalan al mayor Bandera, jefe de la unidad, por negarse a facilitar el traslado del joven a una unidad más cercana a su vivienda en Banes y por haberle sometido a malos tratos verbales y presiones reiteradas.
Cubalex exigió una investigación independiente para determinar las circunstancias de ambas muertes y las posibles responsabilidades de los mandos militares.
Estas muertes se inscriben en un patrón más amplio: un informe sobre el Servicio Militar Obligatorio documentó 89 muertes de reclutas entre 2017 y 2026, con un salto de 15 fallecimientos en el período 2017-2021 a 70 entre 2022 y 2025. De 46 familias consultadas, ninguna afirmó que las circunstancias de la muerte de su familiar hubieran sido esclarecidas.
Muertes en prisión y falta de investigaciones independientes
Las 10 muertes carcelarias de septiembre se suman a las 39 documentadas en el primer semestre de 2026 y a un patrón que la organización ha rastreado durante años.
En su informe especial sobre el período 2024-2026, Cubalex contabilizó 115 fallecimientos en establecimientos penitenciarios, con una media de cuatro muertes mensuales y sin que ningún mes quedara libre de casos. Al menos 80 de esos fallecimientos —cerca del 70%— fueron atribuidos a negligencia o denegación de atención médica.
El régimen no publica estadísticas de mortalidad carcelaria, no permite inspecciones independientes y no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Cuba cerró agosto de 2026 con 1,339 presos políticos, la cifra más alta desde las protestas del 11 de julio de 2021, según Prisoners Defenders.
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