Un análisis del Cato Institute publicado el miércoles por el investigador David J. Bier revela que la administración Trump redujo las entradas legales a Estados Unidos 2,7 veces más que las entradas irregulares.
El informe maneja datos disponibles hasta febrero de 2026, cuestionando el argumento oficial de que el endurecimiento migratorio apunta exclusivamente a frenar los cruces no autorizados.
La caída en inmigración legal alcanzó aproximadamente 144,569 entradas mensuales, frente a 53,128 en entradas irregulares. En términos proporcionales, el 73% de la disminución total correspondió a vías legales, no a cruces fronterizos sin autorización.
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Las categorías más golpeadas son precisamente las que utilizan quienes buscan reunirse con sus familias o construir una vida en Estados Unidos por cauces formales: las visas K para prometidos y cónyuges de ciudadanos estadounidenses cayeron 61% entre febrero de 2024 y febrero de 2026.
Las visas de estudiante retrocedieron 42% en el mismo período, mientras que las visas H-1B y H-4 para trabajadores especializados y sus familiares se desplomaron 78%.
Las admisiones de refugiados cayeron 90%, y las entradas legales de solicitantes de asilo en puertos fronterizos prácticamente desaparecieron: de unas 40,000 en diciembre de 2024 a apenas 26 en febrero de 2026, tras la eliminación de la aplicación CBP One.
El informe matiza un dato que la administración Trump suele presentar como logro propio. Aseguran que los arrestos de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur ya habían caído 81% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025.
Para la diáspora cubana, el impacto acumulado de estas políticas es especialmente severo.
Las aprobaciones de residencia permanente para cubanos se desplomaron 99,8% entre octubre de 2024 y enero de 2026. Pasaron de 10,984 en febrero de 2025 a solo 15 en enero de 2026.
En febrero de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió todas las solicitudes de quienes habían entrado bajo el programa de parole CHNV —Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela—, cancelando su estatus para facilitar arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los arrestos de cubanos por ICE aumentaron 463%, pasando de menos de 200 mensuales a finales de 2024 a más de 1,000 mensuales a finales de 2025. Más de 935,000 solicitudes de beneficios migratorios de cubanos quedaron congeladas.
A eso se suman otras medidas: el fin del programa cubano de reunificación familiar (CFRP), vigente desde 2007, efectivo el 15 de diciembre de 2025; la Proclamación Presidencial 10998, en vigor desde el 1 de enero de 2026, que suspendió todas las visas de inmigrante para cubanos —incluidas las categorías para cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses—; y la suspensión mundial de citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados, anunciada en agosto bajo pretexto de una capacitación global sobre criterios de «carga pública».
Un tribunal federal anuló en agosto la suspensión de visas de inmigrante para los 75 países afectados —incluyendo Cuba—, calificándola de «patentemente ilegal», pero la Proclamación 10998 sigue vigente y Cuba permanece bloqueada.
El impacto de estas políticas sobre la comunidad cubana va más allá de la reducción general de la inmigración legal documentada por el Cato Institute. La terminación del programa de parole de reunificación familiar (CFRP), las restricciones de visados y las medidas contra el parole humanitario CHNV han limitado las opciones de quienes buscan emigrar legalmente o reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
Las consecuencias también alcanzan a los cubanos que ya se encuentran en territorio estadounidense. La caída de las aprobaciones de residencia permanente, la suspensión de trámites migratorios y el aumento de las detenciones por ICE han complicado su situación. Mientras unas familias encuentran mayores obstáculos para reunirse, otras afrontan dificultades para regularizar su estatus y permanecer legalmente en el país.
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