Nicolás Maduro Guerra, diputado del PSUV e hijo del expresidente Nicolás Maduro, defendió públicamente la Ley contra el Odio en el programa matutino 'Primera Página' de Globovisión, afirmando que fue «necesaria para pacificar el país» y que el chavismo solo reconoce «excesos» en su aplicación, no su uso sistemático como instrumento de represión.
Las declaraciones de Maduro Guerra —quien a sus 35 años se ha convertido en uno de los principales portavoces públicos de la familia tras la captura de su padre el 3 de enero de 2026— contrastan con un cuadro de represión ampliamente documentado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
En la entrevista, el diputado sostuvo que la norma surgió de «una ola de violencia y de odio impulsada por un sector de la población que quería un cambio político a través de la violencia» —que achacó indirectamente a la oposición—, y añadió: «Venezuela es un país democrático».
Lejos de proponer su derogación, Maduro Guerra se alineó con la postura del diputado Pedro Infante y planteó reformarla para «adaptarla, mejorarla» y agregar artículos que castiguen los abusos cometidos durante su ejecución.
«Nosotros, si tenemos que corregir algo lo reconocemos y lo hacemos de la mayor buena fe y de la buena voluntad», afirmó, al tiempo que pedía que otros sectores —en referencia a la oposición antichavista— reconocieran también que la ley «fue necesaria para pacificar el país».
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente chavista —presidida entonces por la actual presidenta encargada Delcy Rodríguez— en medio de las masivas protestas antigubernamentales de ese año.
La norma contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión por conductas definidas de forma amplia como promoción o incitación al odio, obliga a retirar contenidos de redes sociales en un plazo de seis horas y faculta al Estado para solicitar el cierre de medios y la revocación de partidos.
Desde su promulgación, las cifras de represión son contundentes: Foro Penal registró al menos 927 personas acusadas de «incitación al odio»; Cecodap denunció que 118 adolescentes fueron imputados bajo esta ley entre 2024 y 2025, sin las garantías previstas en la legislación de protección de menores.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó, solo en el periodo poselectoral de 2024, al menos 28 asesinatos, 2,229 detenciones y 29 desapariciones forzadas de corta duración.
Testimonios recopilados por organismos internacionales describen torturas mediante golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas, violencia sexual y confinamiento en celdas oscuras, con la DGCIM y el SEBIN señalados como principales responsables institucionales.
Al momento de las declaraciones de Maduro Guerra, Foro Penal contabilizaba 322 presos políticos en Venezuela, pese a más de 400 excarcelaciones realizadas desde enero de 2026.
El proceso de reforma se enmarca en un giro político del gobierno de Rodríguez tras la captura de Maduro: el 28 de septiembre, la presidenta encargada pidió a la Asamblea Nacional tramitar la modificación «con carácter de urgencia».
En febrero de 2026, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ya había reconocido «situaciones de abuso» en la aplicación de la norma, aunque sin proponer su eliminación.
Organizaciones de la sociedad civil y periodistas rechazan la reforma parcial y exigen la derogación total: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela consideró insuficiente cualquier modificación que no elimine completamente la ley.
El periodista venezolano Fernando Tineo resumió en redes sociales la reacción de quienes escucharon las palabras del diputado: «No tienen el menor cargo de conciencia por todo lo que han hecho».
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