La Fiscalía federal de Nueva York presentó el 8 de octubre una nueva acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por presunta conspiración para cometer tortura.
El frente penal se suma a una condena civil dictada meses antes en Florida, que alcanza también a varios jerarcas que siguen ocupando cargos bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez.
En ese proceso civil, la jueza Jacqueline Becerra ordenó el 12 de mayo el pago de 300.425.616 dólares a los estadounidenses Matthew John Heath y Osman Imran Khan y sus familiares por el secuestro y las torturas sufridos en Venezuela. La resolución impone responsabilidad solidaria a doce personas y cuatro entidades u organizaciones.
Los condenados que figuran en el fallo (caso n.º 1:25-cv-20040-JB, documento 67) son: Nicolás Maduro Moros, Cilia Adela Flores de Maduro, Diosdado Cabello Rondón, Vladimir Padrino López, Alex Nain Saab Morán, Tarek William Saab Halabi, Néstor Luis Reverol Torres, Iván Rafael Hernández Dala, José Miguel Domínguez Ramírez, Reynaldo Hernández, Marlon Salas Rivas y Alexander Enrique Granko Arteaga.
Además, cuatro entidades u organizaciones también figuran entre los condenados por la jueza Becerra: Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), Segunda Marquetalia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Cártel de los Soles.
Entre los condenados al pago de la millonaria indemnización, Cabello Rondón, Padrino López, Hernández Dala y Tarek William Saab conservan posiciones en el aparato estatal venezolano.
De ellos, quizás el caso más polémico es el de Cabello, quien permanece al frente del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a pesar de los señalamientos que lo vinculan con la represión.
Diosdado conserva el mando sobre la seguridad interior
Cabello Rondón figura entre los funcionarios identificados por la Misión Internacional Independiente de la ONU como responsables de cometer, ordenar, facilitar o contribuir a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
Su continuidad en el Ministerio de Relaciones Interiores mantiene en una posición de mando a uno de los principales jerarcas señalados por el aparato represivo chavista.
Los señalamientos contra él abarcan además corrupción y narcotráfico.
En 2018, el Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionó y describió su red de corrupción, atribuyéndole actividades de tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y apropiación de fondos públicos mediante su influencia sobre organismos estatales y militares.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra Cabello por presunta conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Esas acusaciones son independientes de la condena civil del caso Heath y no equivalen a una sentencia penal de culpabilidad.
También permanece en las altas esferas de la DGCIM Alexander Granko Arteaga, otro de los condenados en Florida y de los funcionarios señalados por la misión de la ONU, según el documento sobre la continuidad del aparato represivo venezolano.
Cambian de cargo, permanecen en el aparato estatal
Padrino López, ministro de Defensa durante más de once años, fue apartado de esa cartera en marzo y designado ministro de Agricultura y Tierras por Delcy Rodríguez el 13 de abril. Su salida del mando militar no supuso su exclusión del Gobierno interino.
Hernández Dala, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pasó a presidir CANTV en noviembre de 2024, todavía bajo Maduro. El nombramiento oficial quedó recogido en el Decreto 5.044. En septiembre de 2026 seguía identificado como director de la principal empresa estatal de comunicaciones.
Tarek William Saab, quien dirigió la Fiscalía General durante el cautiverio de Heath y Khan, fue nombrado en marzo jefe de la Gran Misión «Viva Venezuela, Mi Patria Querida», adscrita al Despacho de la Presidencia.
La misión de la ONU distingue doce personas previamente identificadas como responsables de cometer, ordenar, facilitar o contribuir a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, y otras seis que ocuparon puestos de responsabilidad en instituciones involucradas en la represión.
Delcy Rodríguez figura en este segundo grupo, por su anterior posición como vicepresidenta y su responsabilidad sobre las actividades del SEBIN hasta 2021. No está entre los condenados en el caso Heath, pero encabeza una administración que mantiene en funciones a varios de ellos.
Dos víctimas y una condena pendiente de cobro
Heath, veterano del Cuerpo de Marines, permaneció detenido 752 días; Khan, 259.
La demanda presentada por sus abogados sostiene que fueron sometidos a torturas y utilizados como instrumentos de presión para obtener concesiones de Washington, incluida la liberación de los dos sobrinos de Cilia Flores presos por narcotráfico. Ambos estadounidenses recuperaron la libertad en octubre de 2022.
El fallo fue dictado por incomparecencia y concede 221,3 millones en daños compensatorios —incluida la triplicación prevista para las reclamaciones bajo la Ley Antiterrorista— y 79,1 millones en daños punitivos. El total corresponde al conjunto de los condenados, no a cada uno por separado.
La condena tampoco equivale al cobro efectivo. El expediente judicial registra actuaciones recientes sobre embargos y disputas con entidades financieras y terceros, muestra de que la ejecución continúa.
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